Rafa Nadal, Sergio García y Carlos Fabra, en la presentación del torneo de 2009. Foto: Diputación de CastellónAnticorrupción envió a Madrid la denuncia de Compromís debido a que a la empresa Match Golf Consulting SL, beneficiaria de 10 millones de euros en contratos, era propiedad de la esposa del ex jefe de Gabinete de Francisco Granados
VALENCIA. Una de las pocas macrocausas de corrupción con la que no estaba vinculada la Comunitat Valenciana hasta ahora era Púnica, pero parece que hasta en ese sumario van a terminar inmersos los políticos valencianos. Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, las dos fiscales que investigan la trama Púnica, Teresa Gálvez y Carmen Launa, ya han revisado la documentación enviada por el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, y han visto una vinculación bastante clara por los pagos efectuados por la Generalitat en tiempos de Francisco Camps y la Diputación de Castellón cuando la dirigía Carlos Fabra a una empresa propiedad de la mujer de uno de los testaferros del principal imputado del caso Púnica, Francisco Granados.
Sin embargo, antes de tomar la decisión final de incluir la denuncia presentada por Compromís a la causa, las dos fiscales han enviado una solicitud a la Fiscalía Anticorrupción con sede en Valencia solicitando más información sobre los torneos de golf bajo sospecha. Las fiscales quieren toda la documentación relacionada con dicho torneo que exista para poder dejar clara una vinculación real entre el torneo celebrado en Castellón y la trama Púnica.
El sumario de Púnica es ya, a día de hoy, inabarcable puesto que tiene más de 100 tomos y cerca de 125.000 folios. Es por ello, por el volumen general de la causa, que Gálvez y Launa le han pedido a Valencia que reúna toda la documentación existente antes de decidir.
Compromís denunció que la Generalitat presidida por Francisco Camps y la Diputación de Castellón encabezada por Carlos Fabra pagaron diez millones de euros "a dedo" -mediante convenio y no por concurso público- y con reparos de la Intervención a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por una testaferro de Francisco Granados y considerada parte de la trama Púnica por los investigadores judiciales, por organizar entre 2008 y 2011 un torneo de golf en Castellón.
Así se desprende de los documentos a los que tuvo acceso Compromís gracias a la petición de documentación formulada por el diputado autonómico y alcalde de l'Alcora, Víctor García, que revelan, según la denuncia de la coalición, que la adjudicación a la empresa de la Púnica fue ejecutada "a dedo" y obtuvo el reparo de la Intervención de la Generalitat, que advirtió, además, de que fue aprobada sin los informes preceptivos que exige la ley.
Compromís explicó que, según esta documentación, el Gobierno presidido por Francisco Camps, junto a la Diputación de Castellón de Carlos Fabra, pagaron diez millones de euros de dinero público a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por la testaferro de Granados, María José Marijuán, entre los años 2008 y 2010.
El contrato, añadía la coalición, también tuvo lugar en 2011, pero no constan los documentos sobre los pagos por esa anualidad, que según fuentes del caso ascienden a otros tres millones de euros.
Los pagos de las dos instituciones del PP dirigidas por Camps y Fabra, a la empresa considerada por los investigadores como parte del entramado de la operación Púnica, se produjeron para organizar el torneo de golf Castellón Masters Costa Azahar, que se disputó entre 2008 y 2011 en el campo de golf que precisamente gestionaba y dirigía el propio Carlos Fabra, en la localidad de Borriol.
