VALÈNCIA. El polémico proceso vinculado a la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra, empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia hasta su disolución, fue destapado por este periódico en enero de 2021. El lío vino a cuenta de la cobertura de la dirección de personal, un puesto clave para la contratación de brigadistas forestales. Después de que el tribunal eligiera a la ganadora, el presidente de Divalterra, el diputado del PSPV Ramiro Rivera, ordenó que se suspendiera su contratación debido a la presentación de un recurso por parte del aspirante que quedó en segundo lugar. Lo hizo avalado por numerosos informes elaborados por José Luis Vera, quien se erigió en instructor de un expediente sobre el caso como responsable de riesgos penales –además de ser jefe jurídico y de transparencia en aquel momento–.
El gerente de la empresa, Antonio Mas, desobedeció esta orden al entender que se había hecho todo correctamente, de manera que la vencedora fue contratada y se incorporó a su puesto. Lo siguiente pasó a ser una guerra total y una 'caza de brujas' a los cargos por supuestas filtraciones y por los diferentes posicionamientos sobre los hechos.
Lo ocurrido derivó en grandes momentos de tensión dentro de Divalterra, con denuncias incluidas y enfrentamientos, hasta que el Consejo de Administración, varios meses después, se ratificó en la decisión del nombramiento de la jefa de RRHH pese a las maniobras de los cargos del PSPV. Aquella reunión, eso sí, se llevó al gerente por delante, que fue cesado entre afirmaciones de que había recibido presiones.
La oposición ejercida especialmente por el PP y Ciudadanos trató de que se votara en una Junta General la destitución de Ramiro Rivera y de José Luis Vera. Algo que nunca llegó a ocurrir porque el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, anunció sorpresivamente que Divalterra se disolvía. Y aunque nunca admitió que fuera a causa de este asunto, lo cierto es que coincidió en el tiempo y supuso un golpe de efecto.
Todo lo sucedido acabó en la Agencia Antifraude, que dos años después ha emitido su informe final de investigación. En él ha constatado injerencias por parte de Ramiro Rivera y de José Luis Vera en el proceso de selección de RRHH. Ambos, afirma, intentaron influir en el nombramiento de la persona que se iba a situar al frente de este departamento tratando de intervenir en la decisión adoptada por el tribunal de selección mediante el planteamiento de la suspensión de la designación pese a que el procedimiento fue correcto. Unos hechos que cree que son susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción.
