'Caza de brujas' del presidente y el director jurídico de Divalterra por las informaciones sobre RRHH

VALÈNCIA. Las tensiones que se viven en Divalterra desde que Valencia Plaza comenzó a informar sobre la orden de su presidente de frenar el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos han derivado en una 'caza de brujas' a nivel interno. Lejos de la transparencia a la que los cargos de la Diputación de Valencia podrían haber tendido, éstos han optado por intentar aplicar la 'ley del silencio' con la advertencia del deber de confidencialidad en las respuestas oficiales a los grupos políticos y por tratar de pillar a un supuesto 'topo' que se dedicaría a filtrar desde dentro de la empresa pública. 

Así lo evidencia un escrito del máximo responsable de la firma, el diputado socialista Ramiro Rivera, del pasado 11 de febrero. Dirigido al jefe jurídico y de riesgos penales, José Luis Vera, en él expone las facultades que le atribuyen los estatutos de Divalterra para la "alta inspección de todos los servicios de la sociedad y vigilancia del desarrollo de la actividad social". En base a los cuales encarga a Vera que trate de "determinar el origen" de las filtraciones "que pueden originarse a través de medios personales, documentales, informáticos, etc." de la empresa. Así, le ordena que "desarrolle las diligencias necesarias para intentar esclarecer el origen de quién o quiénes están produciendo este daño" a la firma. 

Lo que indicaba Rivera es que Vera pudiera proceder a revisar ordenadores y documentos de la cúpula de Divalterra, como así, de hecho, ha ocurrido. 

El mandato que realiza supone una ampliación de la investigación que el propio director de riesgos penales estaba llevando a cabo y que ya ha concluido. La polémica se desató cuando el presidente de la empresa ordenó suspender a mediados de enero el nombramiento de la vencedora del proceso de selección para la jefatura de RRHH –elegida por el tribunal– después de que el aspirante que quedó en segundo lugar presentara un recurso. El gerente, sin embargo, no obedeció y procedió a la contratación al entender que todo se había realizado correctamente. 

A partir de ese momento, Vera inició la mencionada investigación interna mientras la Agencia Antifraude abría otra tras recibir una denuncia desde el propio tribunal por todos los movimientos para revocar el proceso, que muchas voces consideraban injustificados. A raíz de ello, elaboró dos informes en su condición de, además de director jurídico, responsable de riesgos penales (cargo que pasó a ostentar pese a que se aprobó su convocatoria pública). En ellos concluía, siete meses después de que se iniciara el proceso, que había que anularlo todo, desde la propia convocatoria hasta el nombramiento de la ganadora, por más de una decena de irregularidades detectadas. 

De paso, cargaba contra la Agencia Antifraude por indagar en lo ocurrido y a este periódico por dar cuenta de ello de manera "parcial y falsa", además de dedicarse a enumerar las "filtraciones" que no eran de su agrado.  

Una treintena de 'sospechosos'

El presidente de Divalterra pidió entonces que ampliara en ese sentido la investigación tras observar "las continuas informaciones publicadas a este respecto y de forma muy especial en el medio de comunicación Valencia Plaza". "Se sospecha", prosigue, "que algunas de las informaciones pueden ser objeto de filtraciones de personas que mantienen relación con la empresa". Proceder –el de publicar lo que está sucediendo en el seno de la firma– que, en su opinión, "afecta muy negativamente al patrimonio reputacional de la empresa con las consecuencias negativas que ello puede acarrear para la misma". 

La sospecha de Rivera y Vera va dirigida directamente a los consejeros de Divalterra, un total de 9 hasta las recientes dimisiones, que son los que toman las decisiones. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, las personas que tienen acceso a lo que se trata en el Consejo de Administración son alrededor de 30. La búsqueda del presunto 'filtrador' puede ser ardua.