VALÈNCIA. La EMT de València mantiene abierta una gran brecha con sus trabajadores. El conflicto actual está motivado porque la dirección entrada en 2015 detectó supuestas irregularidades en las jubilaciones parciales pactadas entre los sindicatos y la antigua dirección del Partido Popular, y decidió llevarlo a la justicia. Y la guerra entre sindicatos y empresa, presidida por el concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi y cuyo gerente es Josep Enric Garcia, se libra a golpe de comunicado y de amenaza.
La más grave, por la repercusión que tendría, ha sido la del Comité de Empresa. Los sindicatos han advertido que convocarán un paro total si la empresa sigue adelante con el proceso judicial. El sindicato CGT ha amenazado de forma particular con iniciar acciones legales contra el ente por "deficiencias" en la documentación presentada que amenazarían su imparcialidad. Pero para comprender el estallido en pocos días, hay que echar un ojo atrás y recorrer la escalada de tensión vivida en el sí de la EMT, con conflictos arrastrados durante meses que han servido de caldo de cultivo.
La negociación del convenio colectivo fue una de las batallas que más sirvió para calentar los ánimos. Dilatadas durante meses y meses para acabar pactando un texto que había caducado seis años antes, en 2012, las conversaciones se enfrentaron hasta tres veces con la amenaza de paros parciales. Todos ellos se convocaron pero, al final, no se llegaron a producir al alcanzar preacuerdos con la empresa. Se trata de ejemplos claros de cómo ha sido la relación en los últimos tiempos: un tira y afloja constante. Finalmente, un año después, a principios de 2018, llegó el acuerdo final subscrito por todos los sindicatos presentes excepto por CCOO. Un convenio que establecía subidas salariales después de que el último redujera los sueldos hasta un 7%.
Pero si en la elaboración del convenio faltaba presión, la crisis por la filtración de preguntas de una prueba de promoción interna avivó más si cabe la llama y provocó la fractura también entre los propios sindicatos: por un lado la dirección y los sindicatos APTTUV, TUC-Iv y CGT , y por el otro los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO. Representantes de estos últimos habían sido los culpables de la filtración a sus afiliados y la investigación abierta por la empresa se saldó con tres sindicalistas expedientados.
Con todo, en enero de 2018 se llegó a un acuerdo respecto al convenio, aunque meses después todavía había cuestiones coleando y sin acabar de solventar, como el cobro de los días de libre disposición. Otro campo de disputa donde la actitud de la dirección del ente no estaba siendo "la más adecuada", en palabras de los trabajadores, y que podría haberse traducido en un aluvión judicial de 1.600 empleados.
En principio los trabajadores de la EMT tienen derecho a seis días de libre disposición, pero ante las carencias de personal, la empresa suele determinar qué tres días tienen derecho a emplear y los otros tres, si no son utilizados, les son abonados en la nómina del mes de abril del año siguiente. Según representantes sindicales, es un derecho que se equipara, por ejemplo, a la paga extra. Pero la empresa se negó a pagarles esos días de más en tiempo y forma "por cuestiones técnicas", y ofreció a los empleados hacerlo en enero de 2020. Tensión que todavía se mantenía hasta día de hoy.
Más atrás, en la primavera de 2017, las organizaciones sindicales también advirtieron de huelgas parciales después de que la EMT acometiera modificaciones en el itinerario de las líneas y por supuesto acoso a los trabajadores en situación de baja temporal. Según denunciaban los trabajadores, se estaba presionando a los empleados para volver a ocupar sus lugares de trabajo pese a no haber cumplido su período de baja. Esta vez, la advertencia tampoco se cumplió. Y también aquel trimestre acogió las desavenencias acerca de los cambios de circulación en al avenida Barón de Cárcer, que, según los sindicatos, Giuseppe Grezzi acometió "sin los preceptivos informes de riesgos ni de la Policía Local".
Con todo, está por ver cómo acaba el enfrentamiento que rige actualidad: el de las prejubilaciones. Por el momento un tribunal de arbitraje emitió un laudo en el que daba la razón a los sindicatos y validaba el acuerdo con la anterior dirección popular. Pero el caso se encuentra ahora en manos de la Fiscalía, que es la que deberá dar los siguientes pasos. Y con ellos, se darán las reacciones de los trabajadores.