Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA (EFE). La exdirectora gerente del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (antiguo Ivacor), Carmen Pérez, y su exjefa de departamento de Obra Gráfica, Gemma Contreras, han negado su responsabilidad en la facturación de una docena de libros antiguos restaurados a la empresa Dicarta, así como que convencieran a dos restauradoras que trabajaban con el organismo para constituir esa sociedad.
Así lo han manifestado ambas en sus declaraciones durante la primera sesión del juicio en el que la Fiscalía pide para cada una de ellas penas de cinco años de prisión, nueve de inhabilitación absoluta y otros nueve de inhabilitación para cargo público, que se ha iniciado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Se juzga si las acusadas obligaron a dos restauradoras a constituir una empresa para facturar la restauración de diez libros de un coleccionista privado (dos más sí fueron facturados al Ivacor) y eludir los trámites administrativos.
La entonces directora gerente del instituto, Carmen Pérez, ha contestado tanto a las preguntas de la acusación como de la defensa, y ha asegurado que “no habría tenido problema” en hacer un contrato con Dicarta o con las dos restauradoras que habían formado la sociedad pero que nadie se lo propuso, a pesar de que sí que se había hecho un contrato previo con la compañía para la restauración de otras obras de arte. Pérez ha asegurado que desconocía que las restauradoras terminaron restaurando libros de los últimos lotes sin cobertura del centro, y ha considerado que eso era “un poco anómalo” y que “puede ser” que se le hubiera ocultado información sobre ello. Asimismo, ha negado que fuera ella la que interviniera para convencer a las dos restauradoras para constituirse en empresa.
Sobre quién le habló de que el depositario quería restaurar sus obras, ha asegurado que fue la entonces jefa del departamento de Obra Gráfico, Gemma Contreras: “Tenía toda mi confianza en ella, que sí que era una especialista en obra de papel, y me dijo que era un coleccionista de libros importante, que eso podía beneficiar al instituto porque a lo mejor otros coleccionistas podían traer sus obras”. En un primer momento, ha dicho, se habló de restaurar dos libros en un único lote, aunque se terminaron ocupando de una docena, y los dos primeros se hicieron con el personal del Ivacor que, ha reconocido, “era escaso”, con una plantilla de cuatro restauradores de obra en papel, por lo que “cuando se podía” era “habitual” recurrir a profesionales externos.
Asimismo, ha señalado que fue su jefa de departamento la que le habló de Dicarta, sociedad constituida por dos restauradoras, y ha dicho desconocer todo lo relativo a la constitución de la empresa a la que se encargó la restauración de diez de los libros. Exceptuando los dos primeros libros, ha asegurado, el resto los cobraron directamente las propietarias de Dicarta al depositario de los libros y, a pesar de que usaron el taller del Ivacor, el centro público no cobró nada por estos trabajos. Sobre los presupuestos de las obras, ha dicho que los aprobó y firmó sin sospechas porque no es una especialista en obra en papel y sí en pintura.
Por su parte, la entonces jefa del departamento de Obra Gráfico, Gemma Contreras, actual directora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), ha asegurado que conoció al depositario de los libros en una feria y que, cuando manifestó interés por la restauración de los ejemplares, le dijo que siguiera el procedimiento habitual y enviara un correo al instituto.
Ella, ha asegurado, hacía los presupuestos después de ver los libros previo encargo de la persona que registraba la entrada de los objetos. “Entiendo que con conformidad de la directora”, ha añadido. La decisión de externalizar ese trabajo, ha declarado, vino motivada por “un volumen de trabajo brutal”: “Manifesté a la dirección que no podíamos asumir todo este volumen y que la plantilla de la institución se podía dedicar a restaurar libros manuscritos de los archivos mientras que las personas que habitualmente colaboraban se dedicaban a la restauración de estos libros impresos”.
“Los contratos ni los leía, ni los redactaba, ni sabía si se hacían o no”, ha subrayado Contreras, que ha asegurado que era el jefe de servicio jurídico, José Manuel Aparisi, “el que se encargaba de todo a nivel de personal y contratos”. En cuanto a si fue ella la que obligó a las dos restauradoras que se encargaron de los libros a que se constituyeran en empresa, ha dicho que les trasladó esa recomendación porque se lo había pedido su superior, el jefe de servicio jurídico.
En cuanto a los presupuestos, de los que sí se encargaba ella, ha considerado que eran “ajustados” y ha asegurado desconocer si se terminó cobrando menos de lo presupuestado por estos trabajos, como le ha preguntado la Fiscalía. Las acusaciones y la defensa de Pérez han reclamado la suspensión del juicio porque una de las fundadoras de Dicarta, citada como testigo y que las tres partes han considerado un testimonio “fundamental”, no se ha personado, ya que no ha podido ser localizada en ninguno de sus domicilios, pero el tribunal se ha negado a suspender la sesión.
La última de las declaraciones de la jornada ha sido la del depositario de los libros, que ha considerado que el presupuesto "estaba muy bien hecho" y que eso fue "lo primero" que le gustó del Ivacor, donde ha dicho que decidió llevar los libros que antes enviaba a restaurar a Madrid. El juicio continúa este miércoles con las declaraciones de una de las restauradoras y personal del instituto.
La Fiscalía calcula que el perjuicio económico ocasionado al Instituto público por estos hechos fue de 12.630 euros y pedirá 14 años de cárcel para cada una de las procesadas en el juicio programado para el martes en la Sección Segunda