Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA (EFE). Cuando Ursula Von der Leyen se dirigió al Parlamento Europeo el 16 de julio de 2019 para ser nombrada nueva presidenta de la Comisión Europea habló de transición verde, reglas fiscales o mercado de capitales, pero no hizo ninguna mención al viejo debate de los eurobonos, que parecía ya superado.
Todo había cambiado un año y cinco días después: los líderes de la UE pactaron en una maratoniana cumbre la creación de un fondo de recuperación de 800.000 millones financiado con recursos captados en los mercados financieros, los llamados 'coronabonos'.
Aunque fue concebida como algo excepcional, la decisión rompió uno de los mayores tabús del club europeo porque suponía la puesta en marcha de una idea que multitud de voces habían reclamado ya en los años de la crisis financiera.
El instrumento para sostener el empleo, bautizado como SURE, fue el primer paso hacia las emisiones masivas de deuda común, pero era una red de emergencia que contaba con una potencia de fuego limitada (100.000 millones de euros) y la batalla política giraba en torno a cómo reaccionar para evitar el segundo hundimiento de la economía europea desde el comienzo del siglo.
Los líderes ya se posicionaban antes de que acabara marzo. Una decena de ellos, entre otros Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Giuseppe Conte, pedían un nuevo 'plan Marshall', pero la idea no contaba con el beneplácito de la canciller alemana, Angela Merkel, cuyo ministro de Economía llegó incluso a afirmar que se trataba de un "debate fantasma", ni del resto de líderes de países considerados 'halcones'.
El debate evolucionó mientras la mayoría de las empresas seguían cerradas, los trabajadores, en sus casas, y los vuelos, cancelados. Merkel dio su brazo a torcer y, junto con Macron, propuso crear un fondo anticrisis de 500.000 millones que allanó el camino para que Von der Leyen pusiera sobre la mesa un instrumento de 750.000 millones (algo más de 800.000 teniendo en cuenta la inflación).
Las negociaciones al más alto nivel fueron complicadas, pero llegaron a buen puerto: la Comisión Europea contaba al cierre de 2023 con de 440 millones de pasivos en circulación, el 90 % han sido emitidos en los últimos cuatro años para financiar el fondo de recuperación, el SURE o los desembolsos a Ucrania, según su último informe al respecto.
Hasta 2026, Bruselas emitirá cerca de un billón de euros en deuda conjunta y consolidará su posición entre los mayores emisores de la eurozona: en 2019 ocupaba la posición número 15, pero en 2021 ya era el quinto mayor actor por detrás de Francia, Alemania, Italia y España, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
Sin embargo, la UE se tiene que enfrentar actualmente al impacto de la subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para contener la inflación. Los intereses medios de las primeras emisiones en 2021 eran apenas del 0,14 %, pero aumentaron hasta el 3,56 % en las operaciones de la segunda mitad del pasado año.
De acuerdo con los cálculos del 'think tank' Bruegel, el coste de la deuda europea podría aumentar en 10.800 millones al año hasta 2030 para decrecer después. En total, el coste de deuda de recuperación podría ascender a 222.000 millones hasta 2058, año en el que el club quiere haber saldado sus pasivos.
Con el fondo anticrisis todavía a medio camino, cada vez más voces se preguntan qué hacer una vez expire en 2026, sobre todo teniendo en cuenta las ingentes inversiones en las transiciones verde y digital que tiene que acometer un club de países que recientemente también ha reconocido su debilidad en el ámbito de la seguridad y la defensa.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha rechazado la posibilidad de prorrogar el fondo y defiende, a título personal, la continuación de las emisiones para reforzar la industria europea de la seguridad y la defensa.
El italiano y los que piensan como él chocan con los países del norte. "No necesitamos es nueva deuda europea común para financiar subsidios que los políticos quieran utilizar para guiar el desarrollo económico", dijo recientemente el ministro alemán de Finanzas, Chistian Lindner, más partidario de movilizar el capital privado.
El debate, que ya se ha colado en algunas reuniones de los Veintisiete recientemente, resurgirá tras las elecciones del 9 de junio y será de nuevo un elemento de choque de cara a un ciclo político en el que el bloque se ha marcado el objetivo de reforzar su industria y reducir sus dependencias.
