Corts Valencianes. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. El proyecto estrella de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la Renta Valenciana de Inclusión, no solo pretende cambiar el modelo de prestaciones y ayudas sociales en la Comunitat. También modifica los indicadores para acceder a las subvenciones para las personas sin recursos. Si desde el año 2004 se viene utilizando el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como criterio a seguir, la Renta Valenciana de Inclusión se desliga de esa tendencia y contempla el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como instrumento para valorar aquellos que puedan acceder a las cuantías que ofrece esta renta.
A este cambio que afecta a una ley relevante por su afección en las ayudas a los más desfavorecidos, se han sumando sendas enmiendas que presentó Podemos a la ley de tasas. En ellas, se pedía el cambio del IPREM por el SMI. Así, en el apartado de exenciones cuando se dice que los "contribuyentes integrados en una unidad familiar que, en conjunto, no haya obtenido en el ejercicio fiscal anterior al devengo unas rentas superiores al triple del IPREM" se enmendaba ese criterio por el SMI.
La formación morada insistía en otro apartado referido a las exenciones en tasas de vivienda tutelar. En lugar que el texto estableciera que los contribuyentes "cuya doceava parte de la capacidad económica de la persona usuaria (CEU) sea igual o inferior al IPREM", se modificara este indicador por el SMI. La jugada se repetía en otros apartados que contemplan también beneficios fiscales sobre determinados habitáculos. Es decir, que cuando se fijaba que los contribuyentes "con rentas o ingresos familiares anuales que no superen dos veces el IPREM" se modificara también este criterio por el del SMI.
La sustitución del IPREM por el SMI que planteaba Podemos fue aceptada por todos los grupos parlamentarios este lunes en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, incluidos los dos partidos de la oposición -PP y Ciudadanos-. Una modificación de criterio que supone volver a 2004, cuando el SMI era la referencia utilizada por las administraciones públicas para delimitar el acceso a ayudas y subvenciones destinadas a las personas con manos rentas. Un indicador que el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cambió por el mencionado IPREM. El SMI se dejó solo como base dentro del ámbito laboral.
La argumentación que dio el ejecutivo de Zapatero para realizar dicho cambio era que con el mayor crecimiento del SMI en esos tiempos, el IPREM permitía que las rentas más desfavorecidas tuvieran más acceso a las ayudas. Aunque, por otra parte, también se limitaba que otros ciudadanos con mayores ingresos -y por tanto, no necesitados de estas ayudas- tuvieran derecho a percibir estas cuantías económicas.
Ambos indicadores, además, tienen una diferente evolución. Si el SMI esta condicionado a la decisión del gobierno de incrementarlo o no vía un acuerdo con los agentes sociales -patronal y sindicatos-, el IPREM sube si la inflación y el nivel de vida -es decir, los precios- se incrementan. Ahora bien, no es fijado por ningún organismo independiente como hace el Banco Central Europeo (BCE) con los tipos de interés. En este caso, es también el ejecutivo central el que se encarga de fijarlo, pero a través de los Presupuestos Generales del Estado, que es donde está el matiz.
Para los morados, ambos indicadores han experimentado una evolución diferente por lo que concierne a la calidad de la vida. "No es un indicador de referencia que esté ligado a la pobreza, ni al salario mínimo", señalan desde la formación que encabeza Antonio Estañ. "Nos parece más correcto ligarlo a un indicador más realista como el SMI, como se ha hecho con la ley de la Renta Valenciana de Inclusión", justifican.
Sin embargo, este cambio puede tener sus dificultades por la disparidad de indicadores que utilizaría la Generalitat Valenciana y el Gobierno central. Aún más, también chocaría con los criterios que utiliza el propio Ayuntamiento de València, que para evaluar sus prestaciones hace uso del IPREM, como el resto de administraciones públicas.
Un cambio auspiciado por Podemos y también en su norma estrella por Oltra que pretende mejorar el acceso a las ayudas sociales -sean directas o a través de beneficios fiscales como en la ley de tasas que enmiendan los morados- con un indicador, según ellos, más cercano a la realidad. Pero que puede chocar con el criterio que utilizan el resto de administraciones, incluso los propios ayuntamientos.
