Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). El pleno de Les Corts ha dado luz verde este jueves a la convalidación de siete decretos del Consell, la mayoría destinados a favorecer la recuperación de la Comunitat Valenciana tras la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Uno de ellos es el que permitirá aumentar la deuda de la Comunitat Valenciana en 700 millones de euros para financiar gastos excepcionales de reparación y reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones.
En concreto, se trata de decretos relativos a medidas extraordinarias en materia de personal del Sistema Valenciano de Salud y de organización, gestión y prestación de servicios sanitarios y educativos tras la dana; medidas administrativas excepcionales para restablecer las infraestructuras eléctricas de transporte y distribución, y medidas urbanísticas urgentes para favorecer el proceso de reconstrucción, respectivamente.
También se ha convalidado el decreto ley que permitirá aumentar la deuda de la Comunitat Valenciana en 700 millones de euros para financiar gastos excepcionales, el de medidas urgentes para la mejora de la fiscalidad verde, el de la prórroga de la gratuidad para jóvenes en el transporte público y otro relativo a la modificación de la autorización de creación de Fira Alacant y Feria Valencia.
Por su parte, el decreto de medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad del personal empleado público se ha retirado finalmente del orden del día después de que el Consell anunciara este martes que había restablecido el tope salarial para altos cargos.
El decreto de los 700 millones de euros ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos, el de transporte con los votos a favor de Compromís, Vox y el PP y en contra del PSPV, mientras que el resto se han aprobado gracias a estos dos últimos partidos, exsocios de gobierno en el Consell. Solo dos de ellos se tramitarán como proyectos de ley, concretamente el de servicios sanitarios y educativos y el de medidas urbanísticas, tras haberlo solicitado todos los grupos.
En cuanto al decreto de los 700 millones, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, durante el debate este miércoles, ha defendido que es "el instrumento más apropiado" para financiar las medidas destinadas a la reconstrucción. En esta línea, ha pedido al resto de grupos "responsabilidad a la altura de los desafíos que enfrentamos" y ha reivindicado que las decisiones del Consell "no buscan otra cosa que aliviar el sufrimiento, acortar el tiempo necesario para la recuperación y devolver la normalidad" a los afectados.
"Esta norma no responde a intereses ideológicos ni partidistas, es la única herramienta que se nos permite utilizar", ha afirmado Merino, que ha aprovechado para denunciar la "desidia" del Gobierno de España, al que ha acusado de "chantajear" a la Generalitat al condicionar la llegada de ayudas con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Por su parte, el PSPV ha reivindicado que gracias a los recursos económicos del Gobierno de España la Generalitat podrá, por ejemplo, dar ayudas a los vehículos afectados, cuando "de otra manera no podrían porque no tienen presupuesto", Compromís ha defendido la necesidad de aumentar la deuda y ha remarcado que "no pasa nada" con que haya más endeudamiento si es para destinarlo a los servicios públicos tras una catástrofe, pero ha avisado que no dejarán de fiscalizar estos fondo. Mientras, Vox ha considerado que el importe "se queda muy corto e insuficiente" y ha advertido de que estas ayudas "se traducen en deuda y más deuda".
En cuanto al decreto de medidas urbanísticas, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha subrayado la urgencia del mismo porque en esta cuestión "no tienen cabida dilaciones", para lo que ha justificado la necesidad de habilitar mecanismos "específicos y exclusivos" que permitan "la rápida tramitación de los instrumentos oportunos". También ha defendido que las medidas son "precisas, urgentes, necesarias y extraordinarias" y plantean soluciones para el corto plazo con el propósito de afrontar "una situación excepcional".
En concreto, el decreto regula la figura de los planes especiales urbanísticos de reconstrucción y considera necesario introducirlos "de modo inmediato" como un instrumento "flexible" y urgente dirigido a facilitar la obtención de suelo finalista para la construcción de viviendas o polígonos industriales. Además, crea la figura de los Proyectos de Reconstrucción Local (PRL) con "carácter excepcional", mediante el cual los municipios afectados por la dana podrán destinar suelo vacante no ejecutado calificado como equipamiento dotacional a la construcción de viviendas residenciales.
Durante el debate, el PP ha defendido que busca que las medidas urbanísticas necesarias tras la dana no se "eternicen", "siempre de conformidad con los ayuntamientos y con el Estado". "No se urbanismo depredador, es urbanismo de control", ha replicado a la oposición, mientras Vox ha asegurado que la norma también lleva su firma y "protege a las personas".
Por contra, el PSPV ha advertido que este decreto permitirá que se reparen construcciones fuera de ordenación sin cumplir la normativa anti-inundaciones, y no se cree "ni en broma" que los ayuntamientos vayan a poder "recalificar suelo en nueve meses". Y Compromís ha coincidido en denunciar que el decreto "regalará a manos privadas" el suelo dotacional para construir viviendas, al tiempo que ha acusado al Consell de "poner todo el peso de la reconstrucción sobre los ayuntamientos" con "medidas que serán calamitosas para el pueblo valenciano".
