VALENCIA. Cuatro meses han pasado desde que expirara el mandato de tres de los miembros electivos del Consell Jurídic Consultiu y aún no existe una fecha prevista para resolver esta anomalía. La renovación del órgano comenzó a torcerse cuando hace 60 días PP y Ciudadanos mostraron su indignación con el Consell por sustituir a los tres candidatos que les correspondía sin esperar a hacerlo en bloque con los que les pertocan a Les Corts. Otro par de meses más tarde, el reloj sigue corriendo sin acuerdo. Todavía no hay cerrado ningún tipo de pacto sobre los tres nombres que ya anunciaron en diciembre.
Si bien las negociaciones para la elección de los miembros del Consejo Rector de la nueva RTVV y el presidente de la misma colmó "gran parte del tiempo y trabajo de los síndicos" -en palabras de Fran Ferri- desde que retornaran de las vacaciones estivales, este iba a ser el siguiente asunto a abordar por los portavoces.
No obstante, las luchas bien por cuotas de partido o por bloquear a otros candidatos –el PP quería dos miembros en el CJC y avanzó que no aceptaría al que propusiera Podemos-, han derivado en que a 3 de enero el organismo continúe a medio gas y tres de los juristas sigan en funciones esperando a ser relevados en el cargo. Una situación que provocará que en un futuro los ya nombrados por el Gobierno valenciano tengan un mandato que finalizará antes que los de Les Corts; coyuntura que el anterior presidente del organismo, Vicente Garrido, tildó de "irregular".
Ante este escenario, Podemos y Ciudadanos señalan a Valencia Plaza estar esperando a que el PPCV de Isabel Bonig les traslade si están de acuerdo con los candidatos que presentaron en la última Junta de Síndics. Sin embargo, la síndica parlamentaria popular aseguraba a este diario encontrarse en la misma situación: "Estamos a la espera de que Montiel nos llame tal y como nos dijo para resolver la situación".
Asimismo, aunque advierte de que su partido no vetará a ningún miembro propuesto por otro grupo de Les Corts, sólo votarán a su candidato: "No vetaremos a nadie, no votaremos en contra de nadie, pero sólo apoyaremos a Enrique Fliquete", subrayó Bonig. Además, otras fuentes del PP, aseguran "no tener prisa" por resolver este conflicto.
Cabe señalar que actualmente el PPCV cuenta con dos consejeros dentro del Consell Jurídic. Sin embargo, acometer esta renovación tras cinco años de mandato, supondría que los del partido de la gaviota perdieran un miembro en el órgano, con lo que éste quedaría constituido por: Margarita Soler Sánchez, Asunción Ventura Franch y Faustino de Urquía Gómez -designados por el Consell-, un candidato propuesto por el PP -Enrique Fliquete-, otro por Ciudadanos -José María Tomás y Tío- y uno por Podemos -Rubén Martínez Dalmau-.
De momento, para evitar que el bloqueo se prolongue más en el tiempo, el PSPV ya avanzó hace dos semanas su estrategia para evitar la pinza PP-Ciudadanos: ante la posibilidad de que los populares veten al candidato de Podemos por su pasado en la Fundación CEPS, el síndico socialista, Manolo Mata, ofrecerá al partido de Alexis Marí tener otro representante más en el órgano. Una especie de seducción a un partido que resulta imprescindible para que Dalmau -propuesto por el partido morado- salga electo, pues los aspirantes necesitan el respaldo de 59 diputados y Podemos, Compromís y PSPV suman tan solo 54 escaños.
La situación no sólo podría atraer al partido de Marí por tener el doble de representación de la que ahora mismo optan, sino que además serviría para salvar el conflicto existente en el seno del grupo parlamentario en el que la mitad respalda al candidato José María Tomás y Tío y el otro 50% simpatizan con un magistrado alicantino del que no llegó a conocerse el nombre.
En la misma línea de ir cerrando asuntos pendientes y terminar los deberes que dejaron a medias en 2016, el partido morado ha presentado un escrito ante la Mesa de Les Corts para que se convoque un concurso público para la elección del futuro director de la agencia antifraude.
Así, según la diputada de Podemos en Les Corts Fabiola Meco e impulsora de la norma, la intención es que "distintas asociaciones u organizaciones sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat propongan un candidato que tendrá que comparecer en la comisión correspondiente" del parlamento valenciano.
Posteriormente, los cinco grupos votarán al aspirante más adecuado para dirigir el órgano durante siete años. Así, el director electo deberá sumar una amplia mayoría de tres quintos de apoyos en la Cámara y no concurrir en una serie de incompatibilidades -tales como estar afiliado a un partido político- que marca la ley aprobada en noviembre.