VALENCIA, (EFE/VP). El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy que el Consell pida al Gobierno de España que suspenda la entrada en vigor de la modificación de la ley de Enjuiciamiento criminal, hasta que cuente con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma.
La propuesta, presentada por el grupo socialista, ha contado con el apoyo de Compromís, Ciudadanos y Podemos, al considerar que es una ley "de punto final" que ha sido cuestionada por asociaciones de jueces y fiscales, mientras que el PP ha votado en contra, al estimar que supondrá "dilación, retraso y juicios interminables".
La iniciativa ha sido defendida por el portavoz socialista, Manuel Mata, quien ha explicado que se trata de una reforma "vergonzante" y "abusiva" impulsada por un Gobierno "agonizante" por causas que se desconocen, por lo que se hará "un favor a la justicia" si no se aplica una norma que va a llevar al "colapso".
Para Mata, el PP ha impulsado esta reforma pensando en Bárcenas, en Rato y "en cada uno de los sinvergüenzas que están enjuiciados", y ha lamentado que, para resolver un problema, "condenan a miles de personas" que han visto vulnerados sus derechos, y perjudican a las víctimas y "a la justicia con mayúsculas".
Mata ha lamentado que esta reforma pone plazos "incumplibles" en la instrucción, como seis meses en las causas ordinarias, cuando por ejemplo las pruebas de ADN tardan más de un año en ser entregadas a un juzgado o los informes de Hacienda hasta 19 meses, y ha considerado que lo que busca el Gobierno es "cerrar casos".
La diputada del PP María José Ferrer ha lamentado que se pida suspender toda la ley, pues contiene "importantes avances" en materia de agilización y de regeneración democrática, que son "esenciales para combatir la corrupción", y por ejemplo permite el decomiso para que los delincuentes devuelvan a las víctimas lo robado.
Ferrer ha asegurado que no es una ley "de punto final"; ha destacado que no hay reforma judicial que no haya provocado críticas, y ha acusado a los socialistas de querer extender "el fango" contra propuestas que surgen del PP, y que en este caso permitirá también que resoluciones del Tribunal Europeo se cumplan en España.
Francisco García, de Compromís, ha calificado de "bodrio" la ley "de punto final que el PP se saca de manga en tiempo de descuento", que no cuenta con "ningún consenso", genera "mayor inseguridad jurídica" y supondrá la "impunidad" en casos que deben ser investigados.
El diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha indicado que echan en falta en el texto "una mínima valoración" de los medios necesarios y del tiempo previsto para la entrada en vigor de la ley, pero "aún así" han votado a favor, pues hay "riesgo real de que prescriban causas graves".
Fabiola Meco (Podemos) ha alertado de que, gracias a esta reforma, casos de corrupción pueden dejar de ser investigados, por lo que hay que hacer un pronunciamiento político para poner "freno a una ley de punto final".
