El Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Hace ya un año la Sindicatura de Comptes presentó la primera auditoría realizada a Les Corts Valencianes. En aquel informe, el órgano presidido por Vicent Cucarella recomendaba al parlamento valenciano que fiscalizara más y mejor los gastos que los partidos hacían de las ayudas que reciben de la propia institución. En concreto, pedía que la documentación contable que los grupos parlamentarios PP, Ciudadanos, Podemos, Compromís y PSPV presentan cada año a la Mesa de Les Corts reflejara "con claridad el destino de las subvenciones anuales previstas en las bases de ejecución presupuestaria".
Ahora, la historia se invierte. La Sindicatura de Comptes audita las cuentas y las contrataciones de la Generalitat y de todos sus organismos y empresas, mientras que quien supervisa la actividad de la Sindicatura es la Mesa de Les Corts. El pasado 3 de julio, este órgano recibió las cuentas anuales y la Memoria de Actividades de la Sindicatura de Comptes. En aquel momento, los grupos parlamentarios solicitaron a los servicios jurídicos de la cámara un informe sobre el "alcance" que tendría que tener el examen que debía hacer el parlamento valenciano a este órgano estatutario.
La respuesta del letrado de Les Corts contempla toda una serie de recomendaciones, pero hace especial hincapié en que la fiscalización que se realice a la Sindicatura no sólo se limite a las cuentas anuales y la memoria de actividades, sino que también se incluya un informe de legalidad. Esto es, un documento que detalle -tras hacer las revisiones oportunas- que todas las actividades económicas que ha llevado a cabo la institución se ajustan a la ley. En definitiva, que la fiscalización que se aplique al órgano estatutario que dirige Vicent Cucarella las mismas exigencias que él aplica al resto.
Así, el letrado señala en su informe que tal y como la propia Sindicatura de Comptes ha subrayado en varias ocasiones "la combinación de una auditoría financiera de las cuentas anuales con una revisión externa de cumplimiento de legalidad sobre las actividades y operaciones presupuestarias financieras realizadas en el correspondiente ejercicio permite valorar si aquellas y estas resultan conformes en determinados aspectos significativos con las normas aplicables a la gestión de los fondos públicos y en particular a la normativa contractual".
Una de las primeras conclusiones que emiten los servicios jurídicos de la cámara es que Les Corts tienen el deber de analizar las cuentas de la Sindicatura de Comptes para adaptarse a las modificaciones que realizaron los grupos en la ley de la institución el año pasado.
No en vano, la anterior norma de la Sindicatura no hacía ninguna referencia específica ni a la elaboración y aprobación de la Cuenta Anual del órgano, ni tampoco a su obligada remisión al parlamento valenciano. Sin embargo, el artículo 31.3 de la nueva ley fija que la "competencia para efectuar el examen de las Cuentas anuales" según el cambio introducido en la norma "corresponde a la Mesa de Les Corts".
En este sentido, el escrito legal también recomienda que se determine si la información financiera y presupuestaria que presenta el órgano estatutario se hace de manera adecuada, "de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación y si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de fondos públicos". Para ello, según las sugerencias del letrado, la Mesa de Les Corts podría acordar la asistencia de la Intervención de la cámara para el examen de las cuentas para "recabar y examinar la documentación justificativa".
El análisis que la institución que preside Enric Morera debe hacer podría extenderse también para evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma "económica y eficiente", así como el "grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos".
Ahora bien, de aprobarse en la Mesa de Les Corts emprender las acciones recomendadas -lo que parece más que probable, ya que se hacen para cumplir con la nueva normativa-, se empezará a aplicar sobre las cuentas de 2018 del órgano que preside Cucarella, que serán remitidas a la cámara antes del 30 de junio del próximo año.
