Les Corts reducen su actividad legislativa un 80% respecto al mismo periodo del mandato pasado 

VALÈNCIA. La crisis sanitaria que estalló el año pasado trastocó prácticamente los planes de todo el mundo. En el ejecutivo, el Consell dejó de atender lo importante para centrarse en lo urgente: la gestión de la pandemia para amortiguar sus efectos negativos, tanto a nivel sanitario como económico. El legislativo sufrió un tiempo de adaptación: durante un tiempo dejaron de ejercer su labor de control, si bien poco a poco fueron desperezándose para fiscalizar al Gobierno del Botànic. 

La capacidad legislativa que demostraron sus señorías en la legislatura pasada, contrastó de forma significativa con el arranque del mandato actual debido a la pandemia. Sin embargo, otro año después y justo en el ecuador de la legislatura, el ritmo de antaño tampoco se ha retomado a pesar de que la actividad parlamentaria no se ha paralizado en ningún momento en el actual curso político. 

La diferencia entre la legislatura anterior y la actual en cuanto a leyes aprobadas es una buena muestra del cambio cuantitativo, pero también cualitativo que ha sufrido Les Corts. Si durante los dos primeros años de la primera legislatura del Botànic, los partidos aprobaron un total de 42 proyectos legislativos -entre proposiciones de ley, proyectos de ley y alguna modificación normativa, cuyo trámite es más diligente-, en la actual la cifra total de normas aprobadas en dos años no alcanza ni siquiera la decena.

El tripartito ha aprobado un total de ocho leyes, sin contar, eso sí, con la de Acompañamiento y la ley de Presupuestos, que se tramitan anualmente. Del resto, muchas de ellas, de hecho, son proyectos legislativos que quedaron pendientes en la legislatura pasada por el adelanto electoral decretado por Ximo Puig para hacer coincidir los comicios autonómicos con los generales. Es el caso de la famosa Ley del Juego, la del Instituto Cartográfico o la Ley del Síndic de Greuges, que proviene de la etapa de Manuel Alcaraz como conseller de Transparencia. 

Junto a estas, una de las normas más importantes validadas recientemente ha sido la Ley de Función Pública, que ha costado cinco años que viera la luz por las discrepancias entre PSPV y Compromís a cuenta del requisito lingüístico. Una cuestión que, de hecho, se ha cerrado en falso y que costó fuertes disputas desde que comenzó a redactarse en 2016. 

Más allá de estas cuatro leyes, PSPV, Compromís y Unides Podem han aprobado modificaciones puntuales en la Ley de Espectáculos Públicos para eliminar la obligatoriedad del segundo médico en las fiestas de los 'bous al carrer'; la Ley de Senadores territoriales para, entre otras cosas, para evitar que se vuelva a repetir que si coinciden elecciones autonómicas y generales la Comunitat se quede sin nombrar a sus representantes; y la creación tanto del Colegio de Economistas como la Ley de creación del Colegio profesional de Delineantes y Diseñadores. 

La diferencia numérica entre el mismo periodo en dos legislaturas distintas supone una rebaja de actividad de más del 80%. No en vano, de 2015 a 2017 el Botànic que entonces conformaban solo PSPV y Compromís -con el apoyo parlamentario de Podem- aprobaron 42 normas y cambios legales de importancia también significativa. 

Entre ellas, por ejemplo, la Renta Valenciana de Inclusión; la Ley del Taxi; la Ley de L'Horta; la Ley Forestal; la de Paridad para que exista representación paritaria en todos los organismos autónomos; la Ley de la Función Social de la Vivienda; la que dio vida a la Agencia Valenciana de la Innovación o la que hizo lo propio con la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) o la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). 

También se validó la ley de la Agencia Valenciana Antifraude; la primera ley de Transparencia y Buen Gobierno (ahora el tripartito trabaja en una nueva); la de Pobreza Energética que impulsó Podem; la ley de Incompatibilidad y Conflicto de Intereses de los altos cargos; o la de Publicidad Institucional, que impulsó Compromís para vetar los anuncios de la Generalitat en los medios que anunciasen apuestas. 

Sin contar de nuevo con Acompañamiento y Presupuestos, el tripartito también sacó adelante la Ley de Coordinación de Policías Locales; la de Mancomunidades, la Ley reguladora del IVAM; modificó la Ley del Consell Jurídic Consultiu y la de la Sindicatura de Comptes; aprobó la de Memoria Democrática y la de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; la Ley de Pesca; validó la Ley de Cuentas Abiertas para la Administración valenciana y la que regula la Iniciativa Legislativa Popular ante Les Corts. 

A partir de entonces, modificó el Estatuto de Personas con Discapacidad; la designación de Senadores Territoriales; creó la Ley de Políticas Integrales de Juventud, la Ley de Cooperación, la de Protección de la Maternidad; la Ley de Reconocimiento de Género; disolvió el Colegio de Delineantes de Alicante; cambió la Ley de Patrimonio de la Comunitat Valenciana; reguló los procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Generalitat; derogó la Ley de Reconocimiento y Protección de Señas de Identidad; así como un artículo de la Ley de Régimen Local para poder asistir y grabar los plenos municipales. 

Por último, también validó el proyecto de ley de acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario (procedía de un decreto ley y se tramitó como proyecto) y se modificó la Ley de Ordenación y gestión de la Función Pública.