VALÈNCIA. Las leyes del Consell siguen llegando en Les Corts. Su paso por el parlamento es la última fase para que se aprueben y publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y, así, poder entrar en vigor. Hace dos semanas se ponía a la cola de las normas ya en trámite, una de las leyes más esperadas debido a que afecta a un sector fundamental para la economía valenciana. Se trata de la ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad en la que ha estado trabajando la Agencia Valenciana de Turismo que dirige Francesc Colomer.
Dicho documento iba a proponer un modelo del sector que no incluía la tasa turística, una de las "prioridades" de Podemos para negociar los Presupuestos de 2018 con el Consell y que finalmente los morados presentaron a modo de enmienda a la ley de Acompañamiento el pasado jueves.
Junto a esta ley de Turismo, otras normas, como la de creación del Consell Valencià Audiovisual que el ejecutivo valenciano aprobó y remitió a la Cámara valenciana el 27 de octubre; y la ley de gestión, modernización y promoción de áreas industriales procedente del departamento de Rafa Climent llegaban, a su vez, a Les Corts para que los diputados las tramitaran.
Tres leyes que se suman a las todavía pendientes de salir de Les Corts. Sin embargo, los grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo por el que solicitan que, una vez abierto el plazo para que los "interesados puedan presentar ante la Mesa de la comisión Especial de Participación Ciudadana propuestas de comparecencias" y terminando éste el próximo 1 de diciembre, no se continúe con la siguiente fase. Es decir, que las comparecencias en comisión se aplacen hasta el próximo período de sesiones, que comienza el 1 de febrero.
¿El motivo? Ni diputados, ni técnicos y asesores dan abasto. En las últimas Juntas de Síndics, los grupos parlamentarios han introducido de leyes que vienen del Consell en el orden de los plenos con la intención de verlas nacer antes de que termine la legislatura. Desde que la Generalitat cambiara de color, tan sólo cinco normas se habían aprobado hasta el pasado mes de agosto. El hándicap del tiempo corriendo en su contra y la excesiva burocracia, deriva en que la media para sacar adelante cualquier proyecto de ley que provenga del ejecutivo valenciano ronde los 400 días de trámite.
Así, desde que finalizó el período estival hasta a día de hoy, se han aprobado la ley de Juventud, la del Taxi, la ley de Cooperación, ley de Memoria Histórica o la ley de la Función Social de la Vivienda. Una norma que ha sido recurrida por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno central de Mariano Rajoy.
A pesar de que este empujón ha permitido que en apenas un par de meses el Gobierno valenciano haya casi duplicado sus proyectos de ley aprobados, el ritmo parlamentario no cesa. No en vano, una vez entran estas normas en el parlamento, su tramitación tiene carácter prioritario, tal y como fija el artículo 65.6 del Reglamento de Les Corts.
De momento, PSPV, Compromís, Ciudadanos, PP y Podemos ya trabajan en otras cuatro normativas: la ley reguladora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), la de Huerta, la de la Renta Valenciana de Inclusión –para la que la que se destinará en 2018 una partida de 88 millones de euros-, y la ley de Seguridad Ferroviaria -una petición reiterada de las víctimas del accidente de Metro de València del 2006-.
Al mismo tiempo y hasta que termine el año, se debaten la ley de Presupuestos de 2018 y su ley de Acompañamiento. Trabajo parlamentario que los diputados combinan con las sesiones de las comisiones de investigación, las comisiones permanentes legislativas, las no legislativas o las no permanentes.
Con este cúmulo de seis leyes, el parlamento valenciano ha decidido echar el frento al verse superado por una montaña de normativas imposibles de resolver antes de que finalice 2017. No en vano, las negociaciones con Podemos y los no adscritos resultan claves para ver nacer las cuentas del próximo ejercicio. Unas conversaciones que restan buena parte del tiempo de los diputados del Botànic.