VALÈNCIA. (EP). El pleno de las Corts Valencianes ha rechazado este jueves, con los votos a favor de PP, Cs y la abstención del PSPV, una iniciativa de Podemos, que ha apoyado Compromís, en la que se pedía la paralización de la obra de ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-València de la autovía V-21, que se encuentra en fase de licitación y cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros.
La propuesta instaba al Consell a exigir al Gobierno la paralización de esta actuación y abrir un periodo de consultas para que las administraciones implicadas --estatal, autonómica y local-- puedan "tomar en consideración otras inversiones y alternativas que favorezcan la movilidad colectiva y sostenible de futuro de acuerdo a las determinaciones de la planificación territorial de aplicación".
Al mismo tiempo, solicitaba al Gobierno realizar un nuevo informe de impacto ambiental sobre el antiguo proyecto que contempló la declaración de protección de la zona de l'Horta y a retener el presupuesto estatal aprobado para esta actuación para "aplicarlo a la inversión que finalmente se acuerde bajo los principios de prioridades sociales, sostenibilidad y eficiencia, y de acuerdo con los criterios definitivos en la planificación territorial autonómica".
En la defensa de la propuesta, el diputado de Podemos Antonio Montiel ha criticado la "imposición" del Gobierno y ha señalado que "no puede ser que el Estado actúe con sus inversiones sin una coordinación con las políticas de ordenación territorial, ambientales de la Generalitat y los Ayuntamientos afectados". A su juicio, hay que pasar de la "verticalidad a la cooperación" y a una "planificación conjunta" aunque "solo fuera por una cuestión de lealtad institucional y de entender la filosofía del Estado de las autonomías".
Ha señalado que la V-21 es una infraestructura que tiene "serios cuestionamientos" por su impacto en una huerta y en el litoral y en la pacificación del tráfico. "No es una cuestión de más carriles, serán más coches intentando entrar, sino que hay que regular el tráfico", ha insistido para apuntar que hay situaciones que se deberían de estudiar de manera conjunta como es la inversión de 30 millones de Fomento que cree que hay que "decidir entre todos dónde deben ir".
"Es el momento de ser valientes y no nos debe de amenazar el cronómetro de la licitación porque hay mecanismos para posponer la actuación, dialogar, buscar consenso y estudiar el impacto a la huerta. Esto es marcar un punto de inflexión en un modelo que no nos satisface", ha subrayado Montiel para indicar que este proyecto se ha quedado "obsoleto no solo en movilidad y funcionalidad, sino por la protección al entorno que defiende el gobierno del cambio".
Por su parte, la diputada de Cs María José García ha puesto en valor el "calado de esta infraestructura" como vertebradora del territorio porque "mejoraría el acceso a València reduciendo el tiempo de espera". "No podemos concebir que en el siglo XXI se dé la paralización de un proyecto que lleva casi 9 años guardado en el cajón, porque paralizarlo sine die implicaría dejar atascado otros 10 años una importante ampliación y atacar y colapsar más lo que ya hay en la ciudad", ha remarcado para señalar que la actuación debe llevarse a cabo con "la mínima afección posible a la huerta"
Desde Compromís Graciela Ferrer ha destacado el compromiso de su formación con la protección de la huerta y ha señalado que con las inversiones en infraestructuras se tiene que "dialogar y consensuar antes de construirlas" porque, una vez hechas," es una huella que queda sobre el territorio que difícilmente se podrá revertir". "Consideramos que si el Gobierno tiene voluntad política para dialogar, perfectamente se pueden encontrar los mecanismos jurídicos para retener la partidas porque sería muy beneficios tanto interés general como el particular de los valencianos", ha puntualizado.
Asimismo, la parlamentaria del PSPV Sandra Martí ha destacado su compromiso con la protección de la huerta y ha admitido que el proyecto cumple los requisitos legales e incluye una declaración de impacto medio ambiental, pero ha afeado a Fomento que no haya realizado un estudio previo de posibles alternativas.
Alfred Castelló del PP ha acusado al ejecutivo valenciano de querer paralizar una obra que ya está licitada que tiene "afección mínima a la huerta y aporta más facilidades de acceso a València, quitando el tráfico". En este sentido, ha defendido que la actuación incluye estudios de impacto ambiental que son favorables. "No quieren que se invierta en la Comunitat", ha afeado, y ha añadido: "Nosotros estamos a favor de cualquier infraestructura que sea buena para los valencianos".