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La ley de movilidad irá al Consejo de Ministros a principios de marzo

Foto: EDUARDO BRIONES/EP
16/02/2022 - 

VALÈNCIA (EFE). La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte a principios de marzo, lo que supone retrasar un mes la fecha anteriormente anunciada por la ministra del 1 de febrero.

Sánchez ha vuelto a recalcar, en la sesión de control del Congreso, que esta ley "en ningún caso prevé ni adopta ninguna medida o modelo en concreto" de tarificación de la red de carreteras.

A ese respecto, ha insistido en que lo que prevé hacer el Gobierno es "iniciar un diálogo transparente con los partidos políticos, los agentes sociales, el sector del transporte y las administraciones competentes para abordar el futuro y la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado".

La ministra ha respondido así al diputado del PP, Andrés Lorite, que se ha mostrado convencido de que la ley de movilidad sí incluirá "peajes" y de que Raquel Sánchez "miente, manipula y oculta sus compromisos, como hizo su antecesor, José Luis Ábalos".

Lorite también ha sostenido que el retraso a la hora de llevar este anteproyecto de ley al Consejo de Ministros se debe a la celebración el pasado domingo de las elecciones en Castilla y León.

"Su voracidad fiscal no tiene límites, la recaudación en el sector del automóvil supera los 30.000 millones de euros y, sin embargo, ustedes quieren imponer un nuevo impuesto al volante, los peajes", ha reprochado el diputado 'popular' a la titular de Transportes.

Ésta le ha replicado que le sorprende que critique el mero hecho de hacer un estudio sobre cómo financiar la red de carreteras, después de que el PP, cuando gobernaba, entre 2021 y 2018, desarrolló dos estudios para abordar la tarificación de la red de alta capacidad.

También le ha reprochado que el gobierno socialista tenga que "corregir las consecuencias de la nefasta gestión" del PP, "que dijo que las radiales no iban a costar un euro a los ciudadanos, mientras que los tribunales están diciendo lo contrario".

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