Prohibir y/o formar: perspectivas para acabar con la "alarma social" por las casas de apuestas

VALÈNCIA. Prohibir y/o formar. Esa es la cuestión. Este lunes, en el Hotel SH Valencia Palace, se celebró un nuevo desayuno informativo, con aroma a segunda vuelta, organizado por Valencia Plaza y la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (Andemar) para abordar la nueva regulación del juego que se está tramitando ya en Les Corts Valencianes a nivel autonómico y que también se está planteando el nuevo Ministerio de Consumo. Unas novedades legislativas diseñadas a raíz de la "alarma social" generada en torno al sector, según reconocieron la mayoría de asistentes al encuentro.

Se desarrolló así un concurrido debate al que acudieron cinco de los seis partidos del parlamento valenciano, representación de la Generalitat Valenciana y múltiples agentes sociales, quienes plantearon las bondades y riesgos que ven en las leyes que se quieren poner en marcha, así como las incógnitas y preocupaciones surgidas. Asistieron al encuentro, por tanto, el secretario general del Grupo Orenes y miembro del comité Ejecutivo de Andemar, Pedro García; el asesor jurídico del Grupo Videomani y miembro del Comité Ejecutivo de Andemar, Javier Vila-Cervantes; el presidente de Conhostur, Rafael Ferrando; el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), Fernando Móner; el secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada; la abogada especialista en derecho de Consumo de Tyrius, Beatriz Rodríguez; y Alfredo Esteve, consultor legal de Gesem.

También estuvieron presentes representantes sindicales: el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO-PV, Salvador Mejías, y el responsable estatal del sector del juego en UGT, Miguel Ángel Rodríguez. Presencia reseñable también la del Director General de Tributos y Juego de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, Rafael Beneyto, buen conocedor del proyecto de Ley del Juego que ya se cuece en la cámara parlamentaria valenciana. Y precisamente de los grupos parlamentarios tomaron parte el diputado del PPCV, Rubén Ibáñez; la parlamentaria de Ciudadanos, Ruth Merino; la diputada de Vox, Rebeca Serna; la diputada de Compromís, Graciela Ferrer; y el diputado de Unides Podem, Ferran Martínez.

El debate, desarrollado durante unas dos horas aproximadamente, giró en torno a la nueva Ley del Juego valenciana y se extrapoló a los retos que tanto las empresas como la administración tienen por delante para establecer una regulación del sector y acabar por atajar lo que muchos reconocieron de "alarma social". Una alarma social que, a juicio de Pedro García, miembro del comité Ejecutivo de Andemar, no se basa en motivos reales. "Hoy se juega en torno a un 20% menos que en 2017", explicó García, quien subrayó también que "el porcentaje de prevalencia con respecto a la patología -la ludopatía- se mantiene en una cifra que es la segunda menor de Europa".

García apuntó, en ese sentido, que "el regulador en estos 40 años ha hecho las cosas bien y los operadores también: hay una oferta de juego amplia y las tasas de patología son de las más bajas de Europa. Es una historia de éxito". A su parecer, la alarma surgida se debe a "una mayor visibilidad" del sector por dos motivos: la ausencia de regulación en la publicidad -lo que ha provocado que "la sociedad perciba un exceso de publicidad con mensajes que hasta el momento eran un disparate"- y la concentración de salas de juego en algunas zonas de las ciudades, especialmente en Madrid, con unos puntos de venta muy visibles.

Con todo, la respuesta, dijo, "no debe ser ir a cerrar puntos de venta, con todas las consecuencias que ello conlleva", sino que es preciso implementar medidas que pueden ir dirigidas al "ingrediente fundamental: bajar la visibilidad". Se refirió el miembro de Andemar a las fachadas, a mejorar los controles de admisión, a invertir más en prevención y educación y a reforzar el compromiso en cuanto a la responsabilidad social corporativa.

El director general de Tributos y Juego de la Generalitat, Rafael Beneyto, apuntó a este respecto que era necesario acelerar el debate sobre la nueva Ley del Juego, que se presentó en las Cortes la pasadas legislatura pero que decayó por el sobrevenido adelanto electoral y que se ha retomado en los últimos meses. La precisión de celeridad se debía, según Beneyto porque se requería agilizar "la protección a las personas más vulnerables y porque se observaba una proliferación excesiva a la vista de los números". Los números: en 2013, 250 salones de juego; en la actualidad, 520 locales de este tipo. "Sólo nos superaba Andalucía", subrayó el director general sobre la relación de establecimientos por número de habitantes.

Uno de los debates que surgieron en la mesa estuvo centrado en la tramitación parlamentaria de esta normativa. En este ámbito, el diputado popular Rubén Ibáñez, aseguró que se ha dejado "todo al arbitrio de los grupos parlamentarios" desde la Generalitat Valenciana, donde se elaboró el proyecto: "El Gobierno no ha pretendido regular nada". E insistió en que la memoria de la ley está desfasada dado que es de mediados de 2017 y que no había tanta premura en esta ocasión porque ya se ha introducido una moratoria de licencias en la Ley de Acompañamiento de 2020. Asimismo, explicó que la normativa no cumple con su promesa porque "no se protege a los más vulnerables". "Hace falta regularlo, pero se podría hacer de otra manera y mejor", criticó el diputado, quien consideró que "se ha dado la espalda al sector y a las personas afectadas".

Le respondió la diputada de Compromís Graciela Ferrer, para señalar que el parlamento valenciano no sólo puede elaborar proposiciones de ley, sino que también "puede establecer las enmiendas que considere oportunas" a los proyectos que llegan desde el ejecutivo. Ibáñez había destacado la, a su juicio, excesiva cantidad de enmiendas presentadas en Les Corts, modificando sustancialmente el texto original.

Intervino en este momento el presidente de Conhostur, Rafael Ferrando, para subrayar que las enmiendas sí modificaban el texto de una forma muy importante, y lamentó que la Ley plantee la prohibición de máquinas de juego en los locales de hostelería como los bares. "Las entidades deberían poder abrir un nuevo proceso de información pública", solicitó Ferrando, dado que muchas empresas del sector, la mayoría pymes familiares, se sienten en una "cierta indefensión" al encontrarse en un punto del procedimiento en el que ya no pueden hacer alegaciones.

Sustentó este planteamiento la parlamentaria de Ciudadanos Ruth Merino, quien aclaró que lo ocurrido con esta normativa en Les Corts "no es ilegal" pero sí que se ha llevado a cabo un "uso manipulado e interesado del reglamento", y que se han presentado numerosas modificaciones importantes al proyecto de Ley. Sobre su contenido señaló que hay "mucha gente que siente que se van a cerrar negocios y que se va a despedir a gente".

Sobre este punto, el diputado de Unides Podem Ferran Martínez quiso tranquilizar a los empresarios para señalar que muchas de las autorizaciones "acaban en 6, 7, 8, o 9 años" por lo que, si bien admitió que las medidas recogidas en el texto legislativo son "restrictivas y ambiciosas", explicó que se acabarán implantando "de manera progresiva", permitiendo al sector "ir adaptándose a la nueva normativa". Acerca de la distancia fijada por las enmiendas presentadas por los grupos del Botànic para las casas de apuestas y las máquinas de juego respecto a centros escolares y de salud -850 metros-, Martínez pidió ver "no sólo los lugares afectados, sino los lugares que permitirán instalarse".

Según la patronal, en la ciudad de València, esta medida aboca al cierre del sector porque no quedará un sólo espacio donde se permita la apertura de un establecimiento de juego. "Es importante acabar con la expansión del sector", dijo Martínez, para añadir que esto también tiene una visión territorial: por ejemplo, Alicante suma una mayor concentración de juego que las otras dos provincias juntas. Señaló el diputado que, además, "se ha creado un umbral de tolerancia del sector por la publicidad y por el juego online", entre otros motivos.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), Fernando Móner, quiso poner de relieve que se acostumbra a pensar que "cuando se hace una ley, va a solucionar el problema", ante lo cual subrayó que aunque salga adelante la normativa valenciana, no se ha de dejar de pensar "que los ciudadanos necesitan formación e información". Rememoró Móner algunas situaciones vividas en los últimos años que "llamaban la atención": la publicidad en camisetas de fútbol de niños y niñas, la publicidad excesiva, "en cualquier programa, a cualquier hora y en cualquier lugar", lo que llevaba a preguntarse "dónde vamos a llegar". Es por ello que defendió la necesidad de una normativa reguladora del sector.

Por su parte, el también miembro del Comité Ejecutivo de Andemar, Javier Vila-Cervantes, subrayó que hay muchos otros medios, diferentes a la Ley del Juego, para paliar los efectos de la "alarma social". "La opción de cerrar locales es una visión negacionista", apuntó a este respecto, para apostillar que la implementación de la ley "no es progresiva" por ejemplo, en el caso de alguien cuya licencia expira poco tiempo después de que entre en vigor la normativa. Esto genera, dijo, "una inseguridad absoluta". Prosiguió para señalar que la existencia de una gran cantidad de locales de juego no le genera preocupación dado que "si formamos a la gente, no habrá mucho juego". "Lo que haría es iniciar, a toda prisa y paralelamente a la Ley, un programa de prevención y formación en los centros escolares", sentenció.

La abogada especialista en derecho de Consumo de Tyrius, Beatriz Rodríguez, dijo que el problema "no son los establecimientos físicos, sino el juego online", un ecosistema al que "es difícil poner controles". Sin embargo, aseguró, es un entorno en el que los menores tienen acceso siempre, y entran, en muchos casos, "inducidos por ese chorreo de publicidad", motivo por el cual "se ha generado esta alarma social". Se refirió Rodríguez al nuevo decreto de comunicaciones comerciales presentado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuyas medidas "no son suficientes" a su parecer porque "no se puede hacer una regla general y hacer una excepción". Aludía la abogada a que se permita la publicidad del juego en "competiciones deportivas que ve mucha gente joven".

"Tampoco es comprensible que se prohíba la publicidad usada por famosos mientras que en las camisetas sí se pueda hacer uso de esta publicidad", criticó Rodríguez, para añadir que quienes llevan estos anuncios impresos son "referentes para la juventud". Además, el decreto, lamentó, "no prohíbe el sobreendeudamiento". "No es suficiente que se cree un fichero porque es voluntario, lo que implica que necesariamente la persona debe hacerlo activamente", algo que a su juicio debería ser obligatorio.

En materia laboral entraron en juego los dos sindicatos mayoritarios. El responsable estatal del sector del juego en UGT, Miguel Ángel Rodríguez, apuntó que una de las medidas que se podría implementar en el sector sería la implantación de departamentos de control de admisión en las salas de apuestas, un planteamiento que generaría empleo dentro del propio sector. Además, pidió que la regulación fije el foco en las apuestas deportivas: "las salas de juego y los bingos llevan años operando y han decrecido". "El colectivo de los jóvenes está más afectado por las apuestas porque en las salas de juego hay un control de admisión a los menores".

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO-PV, Salvador Mejías, precisó que se requiere "una regulación ambiciosa" y solicitó que se cree una mesa de negociación entre las instituciones, los sindicatos y la patronal, como se ha hecho en otras comunidades autónomas. "Nos preocupa el empleo pero también la protección de las personas, y conjugar esto es complicado". En ese sentido señaló que el sindicato introdujo como enmiendas la obligación a que se implanten planes de prevención entre los trabajadores. Asimismo, pidió que se eviten la concentración del sector "en barrios vulnerables" estableciendo "una separación prudencial" para que "el sector conviva de una manera ágil".

Otro de los comparecientes fue el secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, quien dijo que "a veces poner leyes no sirve para modificar los hábitos de la gente", por lo que abogó por "concienciar a la ciudadanía". Es decir, a su juico habría que incidir en "medidas de formación", absolutamente necesarias para cambiar estos hábitos de consumo. "Hay que regular jurídicamente pero hay que ser conscientes de las consecuencias sociales, jurídicas y laborales", señaló, y pidió
"hacer un esfuerzo en dialogar y consensuar".

En este sentido, Alfredo Esteve, consultor legal de Gesem y autor de un estudio sobre el impacto económico del juego, aportó al debate algunos datos interesantes en cuanto a examinar el impacto laboral que podrían suponer importantes restricciones al sector. Según dijo Esteve, "el peso del sector privado es menor al del sector público en otros países", algo diferente a lo que ocurre en España, donde "el sector público tiene menos peso". Así, según una estimación del consultor legal, de forma escalonada se podrían perder unos 2.600 puestos de trabajo que dependen directamente del juego.

Más adelante, el diputado de Unides Podem señaló que es consciente de que el decreto de Consumo es "un primer paso" de otros que se van a ir dando desde el ejecutivo central e instó a que no se estableciera la falsa dicotomía "entre unas medidas y otras", apuntando a la regulación y a la formación del ciudadano. "La prevención es una vía, pero hay otras que tenemos que tomar en consideración", resaltó, para añadir que "hay muchos sectores donde se regula" más allá del del juego.

Pedro García volvió a intervenir para ofrecer algunos datos sobre el sector: más del 90% de los jugadores que apuestan, gastan menos de 50 euros, y la apuesta media son unos 23 euros. "El ministerio ha hecho un trabajo con muchos datos", señaló sobre el decreto del Gobierno, que "va a tener consecuencias en el sector pese a ser menos exigente de lo que alguna gente esperaba". Acerca de la legislación valenciana, apuntó que "quizá, con la celeridad se ha utilizado una técnica jurídica mejorable".

Asimismo, la diputada de Vox Rebeca Serna, insistió en que "hay que educar pero tampoco se deben coartar las libertades para que alguien se gaste 10 o 15 euros en el juego". Ahora bien, sí pidió regular "de forma rígida y con sanciones" el ámbito del control de la edad de los jugadores. "Hay que proteger a las personas con problemas por una mala práctica del juego, pero también a las otras familias", dijo, en referencia a los trabajadores del sector.