Hoy es 15 de agosto
"Puig dice que Sánchez promete…". Así titulábamos en portada el otro día, creo que con acierto, la crónica de la reunión que mantuvieron en La Moncloa el presidente del Gobierno y el del Consell. Porque si de lo dicho a lo hecho suele haber un trecho, de lo dicho por Puig a lo recogido horas después por la Presidencia del Gobierno en una nota de prensa de dos folios y medio había un corredor.
Así, lo que para Puig era un compromiso de Sánchez de que la inversión del Estado en la Comunitat Valenciana en los Presupuestos de 2019 será el 10% del total, para La Moncloa no era más que un "compromiso para continuar con las inversiones, con el objetivo de aproximarse, en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, a la media per cápita del resto de las Comunidades Autónomas". Cuando se quiere ser ambiguo se alargan las frases hasta no decir nada.
(Lo de medir el cariño del Gobierno por el porcentaje de obra pública en cada autonomía y hacerlo, además, en función de la población de cada territorio es un poco absurdo, pero llevamos demasiados años con esa vara. Lo lógico sería que Puig fuera a Madrid con una lista de obras prioritarias y un calendario realista y que el compromiso de Sánchez, si lo hubiere, fuese respecto a esas obras)
Otrosí: lo que para Puig era un compromiso de subvencionar el transporte metropolitano de València con los 38 millones de euros que las instituciones valencianas vienen reclamando año tras año no pasó de ser, en la nota gubernamental, una ayuda "cuya cuantía deberá concretarse con el Ministerio de Hacienda dentro del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado". Traducción: eso háblalo con Montero.
(Por cierto, a María Pérez, directora de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València, le traicionó el subconsciente el otro día y presentó un presupuesto de 20 millones para 2019, una decisión basada en el principio de prudencia no compartido por los políticos, que le instaron a hacer números por 38, que es lo que se está reclamando al Gobierno).
Puig sacó pecho de otras promesas que ni siquiera se mencionaban en el comunicado posterior, comunicado que acababa con esta guinda: "El Gobierno se ha comprometido a estudiar la posibilidad de incrementar…", referida a la reivindicación valenciana de mayor dotación del Estado para los grandes centros culturales, que siempre reciben las migajas de los grandes presupuestos destinados los museos y centros operísticos de Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao.
Llámame escéptico, pero cuando vas a ver al presidente del Gobierno y este "se compromete a estudiar la posibilidad de...", lo que te llevas es una promesa tan remota como el "ya te llamaremos" del final de una entrevista de trabajo.
Si uno echa un vistazo a la prensa local del resto de España, advertirá que nuestro José Luis Ábalos viaja mucho y promete aún más. Su antecesor, Íñigo De la Serna, decía que si el Ministerio de Fomento atendiera a todas las peticiones que recibe, cada año necesitaría 50.000 millones de euros y solo tiene 10.000. Ábalos ha descubierto que para un ministro de Fomento lo cómodo es decir que sí, repartir alegría durante once meses, prometer y prometer, que solo el día que se presenten los Presupuestos Generales del Estado te van a colorear la cara. Él, tal como están las cosas, quizás no tenga ni que pasar ese trago gracias a un adelanto electoral cada vez más necesario.
Sánchez está en lo mismo, pero con una diferencia: el presidente del Gobierno recibe en La Moncloa a los presidentes autonómicos y son estos los que trasladan a la ciudadanía lo supuestamente acordado en la reunión. En La Moncloa los dejan hablar ante los periodistas, mayoritariamente desplazados desde la comunidad autónoma, y horas después, cuando la prensa local ya se ha hecho eco de los éxitos de su presidente, Presidencia lanza un comunicado que se parece como un huevo a una castaña a lo dicho por el político autonómico. Esa, la del comunicado, es la palabra de Sánchez, y no la interpretación que libremente haga el líder autonómico llevado por sus ansias de volver a casa con el zurrón lleno.
Es el café para todos de Sánchez, un descafeinado americano largo, bien aguado y edulcorado con esa estafa llamada estevia. Hace mes y medio que Puig dijo que el Gobierno se iba a hacer cargo de los 350 millones de deuda de la Marina de València. Hasta ahora, lo único que sabemos de ese acuerdo es que los gallegos están enfadados porque creen que es una subvención al Puerto de València. Alguien debería acelerar las cosas, no vaya a ser que una convocatoria electoral o la intervención de Bruselas, que ya ha preguntado, aborten la operación.
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, Ramón Vilar, que ha presumido de pasar el cepillo a la Iglesia para que pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que ha hecho pasar por caja al Valencia CF para que pague el IBI del nuevo ‘Mestalla’ inacabado, que ha puesto a los funcionarios a escudriñar las obras de los particulares para multar a quienes se reforman la casa entera con licencia de obras para el cuarto de baño, el edil que dijo que aquí iba a pagar todo el mundo, se ha tomado un respiro después de tres años de intenso y eficaz trabajo.
Resulta que el PSPV-PSOE, al que pertenece Vilar, ha vendido su edificio de Blanquerías por casi 6 millones de euros y no ha pagado el impuesto de plusvalías –100.000 euros, según publicó OK Diario– porque el propio Vilar así lo ha decidido con una generosísima interpretación legal que equipara a los socialistas a una entidad benéfica. Más allá del recoveco legal que ha encontrado, sorprende que Vilar no haya salido a continuación a proclamar que le parece muy mal que un partido que se ha lucrado con la venta de un edificio se libre de un impuesto que resulta especialmente antipático a los ciudadanos a los que les toca pagarlo.