El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este jueves en València. Foto: @territorialgobVALÈNCIA. La ruptura anunciada la pasada de semana por el presidente de Vox, Santiago Abascal, de los cinco gobiernos autonómicos -uno de ellos el valenciano- que su partido compartía con el Partido Popular, ha provocado que en la oposición se produzca un nuevo estudio del escenario político, especialmente por parte del PSOE, partido que actualmente ostenta el Gobierno de España y que lleva a gala ser la principal alternativa en las comunidades autónomas afectadas.
La posición de la dirección federal situada en la madrileña calle de Ferraz y también de La Moncloa se dirige a mantener la tensión sobre el PP evitando escuchar cantos de sirena de grandes acuerdos de estabilidad que permitan a los populares superar el trance. Una estrategia que la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ya ha demostrado continuar en estos días, pese a que otros dirigentes como ocurrió esta semana con el portavoz del PSPV en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, sí hayan abierto la posibilidad de facilitar un acuerdo de estabilidad al PP con el objetivo de arrinconar a Vox en la corporación provincial.
Así, la estrategia consiste en seguir exigiendo al PP que se desmarque con claridad de Vox: recriminar a los populares que hayan sido los de Abascal los que han roto los ejecutivos y no ellos; exigir al partido de Núñez Feijóo que rompa allá donde queden pactos vivos como ocurre en el ámbito municipal como el Ayuntamiento de València y que, además, el PP se encargue de retirar o rectificar las políticas puestas en marcha de la mano de Vox.
Ejemplo de estas posiciones fue la visita mantenida este jueves a València por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, junto al secretario de Estado, el exconseller Arcadi España, y el responsable de Memoria Democrática de su departamento, Fernando Martínez López, que fueron recibidos por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Así, Torres envió un mensaje claro al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, respecto a una de las iniciativas conjuntas llevadas a cabo por PPCV y Vox en este año de legislatura: la polémica Ley de Concordia. Sobre esto, el ministro se mostró dispuesto a "sentarse en una mesa" para que esa iniciativa "entre en los cauces de lo que dice la ONU respecto a los derechos humanos y vuelva a lo que fue la ley anterior" ahora que Vox está "fuera de los gobiernos" como el de la Comunitat Valenciana. "Mazón tiene una oportunidad", apostilló.
"Cualquier avance que se haga desde las comunidades autónomas tendrá el apoyo siempre del Gobierno, pero cualquier involución también tendrá el rechazo absoluto porque defendemos los derechos humanos", manifestó Torres, quien se refirió a uno de los aspectos más polémicos de la citada ley: "No tiene sentido equiparar a las víctimas de 40 años de dictadura con las víctimas o las supuestas víctimas de la Segunda República, que fue un régimen democrático", sentenció, para insistir en la retirada o modificación de la iniciativa.
De no ser así, Torres reiteró la intención del Gobierno de España a recurrir la ley al Tribunal Constitucional (TC), que fue aprobada la semana pasada por Les Corts como derogación de la Memoria Democrática de 2017.
De esta manera, la postura exhibida por el ministro evidencia la línea estratégica socialista tras el adiós de Vox a los gobiernos autonómicos, y que la propia Morant ha venido mostrando en los últimos días. La incorporación de otros altavoces del Gobierno a esta campaña, indica el deseo de La Moncloa de reforzar este discurso especialmente en los territorios afectados por la ruptura de Vox y PP.
Unos refuerzos que tienen como objetivo potenciar la difusión mediática también en las autonomías de que la separación en el bloque conservador es insuficiente para que el PSOE pueda dialogar si no viene acompañada de la rectificación de determinadas iniciativas y del desmarque en las instituciones que faltan, además de otras condiciones probables como el apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso.
