Foto: Eduardo Sanz / Europa PressEs comprensible que todos estuviéramos deseando que terminase 2020, el peor año para la economía española desde el final de la Guerra Civil. Y no sólo para la economía, como bien sabemos. Éstas han sido unas Navidades extrañas, con muchas ausencias, algunas irreversibles. Pero con 2020 no cerramos realmente nada, pues las diversas causas de incertidumbre no se han disipado por completo y la capacidad de recuperación va a depender de cómo evolucionen un buen número de variables.
2021 se estrena con dos temas fundamentales desde el punto de vista económico: la vacunación contra la covid-19 y los Presupuestos Generales del Estado. El segundo tema habrá que dejarlo para otro día.
Respecto al proceso de vacunación, lo primero que cabría decir es que conviene ser prudentes, pues el ritmo al que va a adquirir la inmunidad la población es más lento de lo que nos anuncian. Es fácil hacer las cuentas: si llegan cada semana 350.000 vacunas, y teniendo en cuenta que es necesario vacunar al 70% de la población para alcanzar la inmunidad de grupo, sería necesario vacunar a unos 32 millones de españoles. Eso son más de 90 semanas o año y medio. Por lo tanto, hasta mediados de 2022 no se habría logrado ese objetivo. Suponiendo que el ritmo no cambie, probablemente lo hará cuando lleguen las vacunas de otras compañías. Además de ello, si se tiene en cuenta el caótico desarrollo de la vacunación contra la gripe estacional de este año, las dudas son aún mayores: las mutualidades, que vacunaban a los trabajadores de las empresas, con la centralización de las vacunas, no las han recibido como acostumbraban o, si lo han hecho, ha sido en número muy escaso. Personas de riesgo que disponían una vía establecida de protección contra la gripe han tenido que perder horas y realizar periplos para conseguir la vacuna.
Vacunarse, tanto en el caso de la gripe como en la covid-19, es un tema de salud pública. Por ello, debe ser coordinado de forma centralizada, pero asegurando que funcione la distribución descentralizada y con la colaboración público-privada que existe de forma natural en la economía y en la sociedad. En España, el 95% de los niños están inmunizados siguiendo los calendarios oficiales de vacunación. Son tasas mucho más altas que en otros países de nuestro entorno, donde los movimientos anti-vacuna han crecido recientemente. Aunque Estados Unidos es el caso más conocido, hay otros: hace unos años, se dieron cuenta de que en Italia había aumentado el caso de contagios por sarampión, enfermedad prácticamente erradicada en nuestro país. Se comprobó que la razón era que los niños vacunados no llegaban al 70%. La vacunación es un bien público, en términos económicos, pues tiene externalidades positivas: quien se la pone sufre una pequeña incomodidad, pero su inmunidad protege a su entorno. De ahí que no se deje a la decisión individual, sino que se promueva desde el sector público. Aunque sea costoso (en tiempo y dinero) vacunar, los beneficios sociales, imperceptibles para el individuo, son enormes: no contraer la enfermedad ahorra recursos hospitalarios y aumentan las horas trabajadas (al no estar enfermo).
En el caso concreto de la covid-19, hay que tener en cuenta que, debido a la globalización, es un problema de toda la Humanidad y de ahí que los esfuerzos hayan sido conjuntos y la vacunación deba hacerse en todo el mundo. Los países más avanzados han pagado el coste de realizar las investigaciones, con fondos públicos y privados, y pagarán la distribución y administración de las vacunas. Se han establecido estrategias por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, con la llamada “Operation Warp Speed” en el diseño de todo el proceso. Es un esfuerzo único en la historia y es que no podría ser de otra manera. Pero estos países también ayudarán a que otros, con menores recursos, puedan vacunar a su población, como ya se hace con la ayuda al desarrollo y las campañas de vacunación para otras enfermedades. Todo este proceso de obtención y distribución de las vacunas ha supuesto un gasto, en Estados Unidos, de 10.000 millones de dólares. La UE no proporciona una cifra redonda, pero supone la mayor parte de los 2.700 millones de euros del programa SURE, realizando pagos anticipados con el objetivo de comprar 2.000 millones de vacunas, cifra similar a la que va a comprar la Administración americana. En ambos casos, muy superior al número de habitantes (328 y 446 millones, respectivamente).
Carece, por tanto, de interés, discutir sobre quién paga las vacunas, pues tiene una respuesta evidente. Lo que es ridículo es presumir de la llegada de las primeras dosis, máxime cuando nuestro país no ha adelantado las enormes cuantías que han puesto otros, sino que va a recibir ayuda para poder financiar las vacunas y todos los gastos derivados de la pandemia. Sin estos adelantos, las farmacéuticas no habrían podido realizar, con la enorme rapidez que hemos presenciado, las investigaciones necesarias para obtenerlas.
También ha despertado polémica lo que cada país va a pagar por las vacunas. La Comisión Europea ha realizado la estrategia y la reserva de las dosis, con un comité con representantes de los países que ha negociado y ha hecho las reservas. Pero, vaya por adelantado que es un precio similar al de la vacuna de la gripe (en concreto, este año, costaba al público en España 14,83 €) y que los precios oscilan entre 7 y 30 €, dependiendo de la marca y características. Por cierto, que los ciudadanos seremos informados, al vacunarnos, de cuál de las vacunas nos ponen.
Dicho esto, volvemos al principio. Que el proceso de vacunación funcione y sea efectivo va a depender, a partir de ahora, de la capacidad organizativa de nuestro país. El informe ahora disponible, excluye cualquier concreción. En EEUU, como puede verse en la Infografía, está más definido y todos los agentes del sistema sanitario van a colaborar: comenzando por hospitales y servicios de salud, pero también farmacias, unidades móviles y otras oficinas federales. A pesar de que la sanidad americana tiene muchas carencias, se ha proporcionado abundante y clara información a los ciudadanos, donde se deja claro que el gobierno federal se hará cargo del gasto y las grandes cadenas de farmacias, por ejemplo, ofrecen los servicios. También hay un calendario de vacunación tentativo, por grupos de edad y riesgo y mapas de vacunación. A día 31 de diciembre, más de 12 millones de dosis están ya distribuidas, 2 millones de ellas en residencias de tercera edad.
En España, aparte de la propaganda, carecemos de información precisa sobre la logística de la vacunación contra la covid-19. Espero que no ocurra como con la vacuna de la gripe y que, en este caso, se cumplan los objetivos de forma que, a partir del verano, España pueda volver a funcionar con normalidad. Ese es mi deseo para el Año Nuevo, no sé si estaré pecando de optimista.
