Después de esta desgraciada pandemia, todo apunta a que el contribuyente va a sufrir un tsunami impositivo que se va a ver reflejado en casi todos los impuestos.
Antes del estado de alarma consecuencia de la covid-19, ya se estaba barajando cómo y cuándo empezar a implementar esta reforma impositiva, que previamente debería pasar por el trámite parlamentario, aunque no hay que descartar su posible aprobación por Decreto a través del Consejo de ministros, mecanismo que este gobierno ha utilizado en exceso en las últimas semanas, con poco acierto en la mayoría de los casos.
Ahora el Gobierno, aprovechando la situación económica catastrófica en la que ya se encuentra el país, va a promover esa reforma para financiar “la reconstrucción” tras la pandemia.
Lo que pretende, que en líneas generales no es ninguna novedad, puesto que ya se encontraba en el acuerdo que en su día firmaron PSOE y Unidas Podemos para el gobierno de España, no se limita solamente a subir de forma progresiva los tipos del IRPF, como comento luego, sino también imponer nuevos tributos a lo que ellos consideran grandes fortunas, amén de los ya conocidos, a las transacciones financieras y a los servicios digitales, es decir, los denominados coloquialmente como Tasa Tobin y Google.
En el IRPF, lógicamente las modificaciones van dirigidas a incrementar los tipos impositivos, tanto a las rentas “altas” como a los rendimientos de capital, que, tal y como establecía el acuerdo de coalición, se centrará en incrementar dos puntos el tipo sobre la base general para los sujetos pasivos que tengan rentas superiores a 130.000 euros, y nada menos que cuatro puntos para quienes superen los 300.000 euros, con una mención especial para las rentas de capital, ya que en rentas superiores a 140.000 euros, el tipo subiría también cuatro puntos.
Hasta ahora, dicha imposición a las grandes fortunas no cuenta con el beneplácito del gobierno; insisto, hasta ahora; ya veremos en el futuro. Y no respaldan dicha medida porque prefieren desarrollar las reformas fiscales previstas en el acuerdo de coalición suscrito, mencionado anteriormente, como la subida del IRPF o la reforma integral que pretenden del Impuesto sobre Sociedades.
Precisamente en el Impuesto sobre Sociedades, el gobierno, para empezar, pretende establecer un tipo efectivo mínimo del 15%, para empresas con una facturación anual de más de 20 millones de euros, pero también informa de una rebaja del tipo para las pymes, a las que curiosamente no se ha apoyado de forma efectiva durante esta crisis, y que son la máquina primordial en el desarrollo empresarial de este país.
Por otra parte, pretende limitar las exenciones actuales y hacer desaparecer las medidas y estímulos que durante la anterior crisis se facilitaron para ayudar y prolongar la vida a las entidades mercantiles, evitando un incremento del desempleo. Deben pensar que la crisis actual no es comparable a la que comenzó en el 2007/2008, aunque todos los indicadores económicos parecen apuntar precisamente a lo contrario, ya que solamente hay que echar un vistazo a las cifras actuales de desempleo, las cuales ya superan ampliamente los tres millones de personas y el 14% de la tasa de paro, previéndose llegar a un 20% en este ejercicio 2020.
Las cifras de recaudación que el gobierno prevé por las medidas anteriormente citadas, en mi opinión son demasiado optimistas, y más aún en el actual entorno de desaceleración económica a nivel global en el que nos encontramos. Y si el gobierno pretende seguir con el nivel actual de gasto, el déficit seguirá aumentando, lo que obligará a la comisión europea a reclamar más ajustes adicionales, lo que provocará, que este gobierno probablemente exija nuevas medidas y reformas fiscales que tendrá que soportar el contribuyente y finalmente el país, con su empobrecimiento y disminución de su popular calidad de vida.
Estas políticas fiscales, que en un principio son populares para las contribuyentes con rentas bajas, pues en un principio no les afecta, progresivamente reducen las deducciones, reducciones y bonificaciones y van aumentando los tipos impositivos en determinados impuestos, tanto directos como indirectos y acaban afectando a la práctica totalidad de los contribuyentes y sujetos pasivos.
Si como todo apunta, se produce ahora un aumento de la imposición en los impuestos antes citados, con la crisis económica que ya tenemos encima, será un error de proporciones descomunales, que sin duda llevará aparejada la desaparición de multitud de empresas y profesionales y por lo tanto de contribuyentes, lo que sin lugar a dudas conducirá a un incremento de la economía sumergida y de otras fórmulas de elusión fiscal.
José Ángel Viñes es abogado y socio del Área Fiscal en Carrau Corporación
Ambas compañías crearán un centro de investigación en Boston