Lograr la eficiencia energética necesita colaboración público-privada

Si algo caracteriza las políticas europeas de los últimos años es el impulso de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Así queda manifiesto también en el Plan de Recuperación de la Unión Europea, en el que el 30 % de los Fondos de Recuperación se destinará a la lucha contra el cambio climático, el mayor porcentaje del presupuesto europeo jamás asignado.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha seguido la senda marcada por la UE y lleva años trabajando en esa misma línea, desde que se aprobara la Estrategia Valenciana de Cambio Climático 2008-2012. Ahora se acaba de cerrar la fase de consulta pública de la nueva Estrategia, que abarca la década 2020-2030 y se erige como la herramienta fundamental para avanzar hacia una Comunidad Valenciana más sostenible y la base sobre la que se desarrollarán las políticas y programas en materia medioambiental en esa década.

Uno de los aspectos más relevantes en la lucha contra el cambio climático es la eficiencia energética de los edificios, ya que el 19,7% del consumo de energía final en la Comunidad Valenciana corresponde al sector de la edificación. De hecho, más del 53% de las viviendas de la comunidad está en edificios construidos antes de 1980, año en el que se aprobaron las normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

Esa antigüedad, probablemente, sea la razón por la que el 26% de las viviendas registradas por el IVACE cuenta con la certificación más ineficiente (F y G), una cifra que aumenta hasta el 86%, si se añade la calificación E. Otro dato preocupante es que, según la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), la Comunidad Valenciana aglutina el 8% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Estamos hablando de un total de 565.849 viviendas.

Entre los pasos dados por la Generalitat para mejorar esa situación figura el Pla Hàbitat 20-30, aprobado el año pasado, que prevé rehabilitar 150.000 viviendas en la próxima década -teniendo en cuenta criterios no solo de eficiencia energética, sino también de habitabilidad y accesibilidad-. El Plan Renhata lleva varios años proporcionando ayudas a las rehabilitación y renovación de viviendas, en buena medida con fines de eficiencia energética. La convocatoria de 2020 contó con un presupuesto de 30 millones de euros.

El Ivace anunciaba recientemente la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que en el caso la Comunidad Valenciana está dotado de 26 millones de euros, que se destinarán a promover la sostenibilidad del parque edificado mediante actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica (fachadas); de las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria; así como de las instalaciones de iluminación.

Y volviendo a los Fondos de Recuperación que mencionábamos al principio de este artículo, la Comunidad Valenciana también se beneficiará de una partida de 152 millones de euros de los Fondos europeos para la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos, y que ha sido incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. 

Si se suman todas estas ayudas se alcanza una cifra considerable, pero, teniendo en cuenta las altas necesidades que presenta el parque edificado de la Comunidad Valenciana, resultan insuficientes para lograr los objetivos de descarbonización de la Unión Europea.

Los recursos públicos por sí solos no pueden abarcar un problema de esta envergadura. Es necesaria la colaboración público-privada que permita multiplicar esos recursos. La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana es la oportunidad ideal para incorporar y regular los instrumentos financieros necesarios que propicien esa colaboración.

Estos instrumentos se emplean en países de nuestro entorno con gran éxito. Greenward está realizando una labor de evangelización entre las distintas administraciones españolas para que amplíen su conocimiento sobre esos instrumentos, valoren sus ventajas y se planteen su incorporación a las diferentes legislaciones que se están debatiendo o están a punto de aprobarse en España. Y la Comunidad Valenciana es una de ellas. He aquí algunos de esos instrumentos:

• PACE -Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios-, modelo de colaboración público-privada que, teniendo como eje a los municipios, permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los dueños de los edificios y para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad.
• El modelo de Súper Eco-bonos aplicado recientemente por el gobierno italiano, que consiste en el reconocimiento de una desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en renovación que se puede transferir a inversores que financien esta y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos.
• La creación de Comunidades Energéticas Locales (CEL), que jugarían un papel decisivo en la transformación del sistema energético hacia un modelo descentralizado, democrático, distribuido y digitalizado, con el ciudadano como núcleo. Incluir su regulación en la Comunidad Valenciana abriría la puerta a garantizar y facilitar el derecho de los consumidores a participar en proyectos a través de los cuales puedan producir, consumir, almacenar o vender energías renovables, así como compartir dicha energía en el seno de la comunidad. Esta participación ciudadana en el sistema energético debería de potenciada desde la Administración Pública, específicamente desde la órbita municipal, la más cercana al ciudadano.

Es el momento de innovar, de trabajar de forma coordinada entre las distintas administraciones y desde las esferas pública y privada. El esfuerzo merece la pena porque hablamos del futuro de todos, del futuro del planeta.

Eduardo Brunet es fundador y CEO de Greenward