Lola Johnson alegará que la compra de Valmor la decidieron Fabra, Sánchez de León y Císcar

VALÈNCIA. Lola Johnson, consellera de Turismo y Deportes durante los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra, ha dado un paso al frente y, nada más conocer -a través de Valencia Plaza- que la Generalitat la considera responsable y le exige el reintegro por el daño causado al erario con la compra de la empresa privada Valmor Sports, se ha personado ante el Tribunal de Cuentas como parte interesada. 

Johnson asegura, y así lo defenderá ante el Tribunal de Cuentas, que la compra, que causó un agujero de 24 millones en las arcas de la Generalitat, la impusieron Presidencia y Vicepresidencia del Consell, que en aquella época -finales de 2011- ocupaban Alberto Fabra, Paula Sánchez de León y José Císcar. Es la posición que mantuvo en una de sus declaraciones ante el juzgado de Instrucción número 2 de València, que investiga el llamado caso Valmor, en el que están imputados la propia Johnson, Camps y el empresario y expiloto Jorge Martínez Aspar.

Tal como publicó en exclusiva Valencia Plaza, la Generalitat valenciana ha comunicado al Tribunal de Cuentas contra quién y por qué cuantía dirige el procedimiento de reintegro por presuntas responsabilidades contables derivadas de la compra de Valmor Sports. Se trata de un procedimiento civil en el que el Tribunal de Cuentas abrió la posibilidad de demandar a los responsables de la operación para que reparen el daño causado, que asciende a nada menos que 23,99 millones de euros.

La Abogacía de la Generalitat ha sido la encargada de redactar la demanda, que se dirige contra las exconselleras de Turismo, Cultura y Deporte Trini Miró y Lola Johnson y contra cuatro exdirectivos de la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD): José Miguel Escrig, Julio García Gimeno, Blanca Tomás Carbó y Luis Lobón.

"Pasada de frenada"

Sin embargo, tanto Johnson como su representante legal, David González Wonhan, han decido "coger el toro por los cuernos" ante lo que consideran "una pasada de frenada por parte de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra". Oltra junto con Fran Ferri -actual portavoz de Compromís en Les Corts, fueron los que, siendo diputados en la anterior legislatura, presentaron la denuncia ante el Tribunal de Cuentas. 

Según ha podido saber este periódico, el primer error que han advertido en la demanda es que la Abogacía responsabiliza a Johnson por unos pagos que "se habían realizado con anterioridad a que Lola Johnson fuera nombrada consellera". Se refiere a la segunda de las reclamaciones de la Generalitat, de 14 millones de euros, relativa a trabajos pagados por Circuito del Motor que correspondían a Valmor y que la empresa pública nunca le reclamó.

De hecho afirman fuentes de la defensa de Johnson que "si se lee el sumario judicial que hay abierto en un Juzgado de Instrucción, se puede ver que desde que ella entró como consellera, Circuito del Motor no pagó ni un euro de los 14 millones que piden, ya que los pagos se habían realizado de forma previa". En su opinión, "es algo que deberían saber, teniendo en cuenta que la Generalitat está personada en dicha causa y tiene acceso a toda la documentación y declaraciones practicadas hasta ahora". 

Además, alegarán que la compra se formalizó cuando ella llevaba "pocos meses" en el cargo y, por tanto, "los responsables, de haberlos, deberían ser aquellos que formaban parte del Gobierno e idearon dicha compra. Algo que se dijo en las declaraciones y que se ha obviado".

Sobre las declaraciones respecto de la compra, afirman que "no tiene sentido que vayan contra Johnson cuando las decisiones, tal y como consta en el sumario, las tomaron desde Vicepresidencia, es decir, José Ciscar, y Presidencia". Durante la declaración de Johnson, ella aseguró que respecto al resto de posibles delitos cometidos en la organización de la F-1 y la compra de Valmor, "la competencia real siempre fue de los vicepresidentes, es decir, Vicente Rambla, Paula Sánchez de León y José Císcar -era conseller y fue nombrado vicepresidente a finales de 2011 en sustitución de Sánchez de León-, quienes eran plenamente conocedores de la situación real de Valmor desde 2008, cuando los responsables de la empresa explicaron su preocupación ante las pérdidas económicas que suponía el evento deportivo. Es más, en sus respectivas declaraciones judiciales, todos afirmaron que eran conocedores del estado real de Valmor".

Johnson también aseveró ante el juez que los expresidentes Francisco Camps y Alberto Fabra, eran plenamente conocedores del estado de Valmor, ya que es "incomprensible" que los vicepresidentes tomen ninguna decisión sin conocimiento del jefe del Consell.

El informe del Tribunal de Cuentas

Sobre el informe del Tribunal de Cuentas, afirman que es llamativo que el texto, y con respecto a la compra de Valmor, afirme: "Para la celebración de contratos, de  cualquier naturaleza jurídica, cuyo importe sea igual o superior a cinco millones de euros, los entes necesitan la autorización del Consell y, con carácter previo, dichos contratos se sujetarán a informe preceptivo de las consellerias competentes en materia de sector público y hacienda pública y deberán someterse a examen de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos".

La ponente del informe, a este respecto, asegura que "ninguna de estas medidas fueron adoptadas y seguidas en la adopción del acuerdo de adquisición y posterior fusión de Valmor Sports. En este sentido, es llamativo el informe del interventor general, señor Hernándiz García, que conociendo la normativa invocada por esta delegada instructora incorporó un informe en el que señalaba el 19 de dicembre de 2012 que no era preceptiva la fiscalización de la intervención pese al artículo 11".

Para las fuentes consultadas, también resulta "llamativo" que la denuncia se dirija solo contra Lola Johnson "y no contra el interventor, que era el encargado de velar por el erario, porque las cosas se hicieran como correspondía". Y añaden que "si la denuncia se basa en el informe del Tribunal de Cuentas, la demanda no tiene ni pies ni cabeza, puesto que los políticos actúan siempre conforme a lo que los funcionarios y, más que nadie el interventor, decretan que es correcto o no".