Ximo Puig y Pedro SánchezVALÈNCIA. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha dado ya a Ximo Puig una solución provisional y transitoria para acabar con la crisis de los bomberos forestales de la Comunitat Valenciana, que han convocado una huelga porque Tragsa, la empresa pública estatal a la que la Generalitat encomienda el servicio de brigadas forestales, no ha hecho efectivo en julio un aumento salarial acordado.
Después de que Valencia Plaza publicara el incumplimiento del Ejecutivo estatal en la autorización de esa subida salarial, financiada con cargo al presupuesto de Generalitat, Hacienda ya ha dado autorización para que se les abone a los bomberos las cantidades pendientes. Tras esta medida de urgencia, encaminada a resolver la crisis ocasionada con la convocatoria de huelga, ambas administraciones constituirán una Comisión Mixta para articular la solución definitiva a partir de septiembre.
Se trata de un punto de partida para una solución que la Generalitat Valenciana ha buscado desde hace meses. En las últimas semanas, las conversaciones entre la administración valenciana y el Gobierno de Sánchez se habían intensificado con motivo del paso atrás que había dado el nuevo ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero. La ofensiva en varios frentes entre Consell y Gobierno desembocó este miércoles en el contacto telefónico al más alto nivel entre ambos presidentes socialistas a raiz del gran incendio de Llutxent. En el terreno se encontraba Puig para seguir de cerca la evolución de las llamas.
En dicha conversación, la huelga convocada por los brigadistas fue uno de los temas de peso y Sánchez prometió poner remedio para completar el salario de julio pactado a los bomberos forestales. Las brigadas llevaban meses asumiendo mayores competencias y en febrero habían acordado con el Gobierno popular el incremento salarial correspondiente incluido por les Corts Valencianes en la ley de acompañamiento de 2018, pero el mes pasado cuando se tendría que haber hecho efectivo, se incumplió.
Este miércoles, Sánchez dio la orden a los ministerios correspondientes. El Ministerio de Hacienda era el que tenía bloqueada la subida salarial, aunque es el Ministerio de Agricultura el organismo del que depende funcionalmente el servicio de bomberos forestales de Tragsa. Ambos departamentos se han puesto en contacto con la Generalitat Valenciana para articular una solución. El escollo con Hacienda ya se ha resuelto, y ahora la pelota se encuentra en el de Agricultura. En todo caso, la solución está más próxima que hace tan solo un día.
El temor en el Gobierno es, según múltiples fuentes consultadas por este diario, que este aumento del salario se traslade a otras autonomías porque Tragsa es una empresa estatal que funciona mediante encomiendas en otras comunidades autónomas. En ese sentido, se quería evitar una suerte de "efecto llamada" entre los distintos territorios.
El secretario general de la sección sindical de bomberos forestales de CCOO-PV, Antonio Criado, ha apuntado que el argumento desde el actual Ejecutivo es ese: "Hay mucha gente trabajando en el sector forestal agrario en el resto de España que están en precario cobrando muy poco dinero", por lo que "podrían pedir también incrementos salariales más allá del 1% o del 0% a los que nos tienen acostumbrados desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria". Y la otra razón que arguye el Gobierno es, según Criado, un agravio comparativo con otros sectores, excusa que considera "espúrea".
"Lo más triste -critica el portavoz de CCOO- es que hay un incremento salarial que todavía nos deben". Se trata del aumento del 1% que el Gobierno aprobó para los trabajadores públicos y que debía aplicarse en 2017. Pero a este colectivo todavía no se le ha abonado. "Son 10 míseros euros al mes", se lamenta, "y aún tampoco lo hemos cobrado". "Estamos hablando de gente mileurista". Con todo, Criado resalta que "al menos Ximo Puig ha cumplido con su palabra, ha dotado presupuestariamente este servicio", y confirma: "Me consta que Puig ha hecho movimientos en Madrid".
También el delegado sindical de incendios de UGT, Roberto Caballero, traslada a este diario que el "efecto llamada" es la razón del Ejecutivo. "Nosotros -prosigue- tenemos el apoyo de la Generalitat y hemos cumplido todos, pero la última firma, la del Ministerio, es la que nos lo ha parado" y finaliza señalando que "primero le corresponde a Ximo Puig hablar con el Ministerio y si no, ya hablaríamos con gente de nuestra empresa (Tragsa)". Dicho contacto ya se ha producido y todo apunta a que la resolución del conflicto se dará más pronto que tarde.
