Un bombero forestal ante el Palau de la Generalitat Valenciana. Foto: VP.VALÈNCIA. Todavía no hay estatutos suscritos, ni estructura empresarial, ni área de Recursos Humanos, pero las desavenencias ya están sobre la mesa en el proceso de creación de la nueva empresa mercantil de la Generalitat Valenciana para las emergencias, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios y Emergencias (SGISE).
La diferencia reside ahora en el personal que entrará en la empresa procedente de Tragsa, la compañía pública estatal que ha venido prestando el servicio de brigadas forestales hasta el momento. Los sindicatos denuncian que en la lista de puestos de trabajo facilitadas por la administración valenciana, se incluye a 38 empleados propios de la estructura de Tragsa que, a su juicio, no deberían pasar a formar parte de la plantilla de la SGISE.
Ya surgió esta preocupación entre el colectivo de bomberos durante las negociaciones sobre la conveniencia o no de la creación de la empresa instrumental con la Agencia Valenciana de Seguridad, dirigida por el socialista José María Ángel. Entonces, las organizaciones sindicales acordaron con la administración valenciana que se les mostrarían las listas de empleados a introducir en la SGISE, con el propósito de poder comprobarlas y evitar posibles irregularidades.
Ha sido durante la inspección de estas listas cuando los sindicatos han encontrado estos 38 empleados que, en realidad, no forman parte del colectivo de bomberos forestales, sino que se dedican a la parte administrativa, de Jefaturas y otro personal técnico. "Como mucho aceptamos al personal administrativo, unas ocho personas", explica un representante sindical. Sin embargo, el resto, los puestos de Jefaturas, "deben ser una nueva estructura de la empresa", y no un traslado de la empresa anterior.
Resulta relevante esta cuestión para los bomberos porque el proceder de Tragsa pasaba, según cuentan, por una estructura flexible que se amoldaba a las temporadas y a las encomiendas externas, por lo que "el servicio no funcionaba bien". Por ello piden una estructura jerárquica más clara y estable, que ven con posibilidades de implantarse en la nueva sociedad.
Trasladada la postura unánime de los sindicatos al director general, José María Ángel, la respuesta no ha sido clara todavía. Es un punto que todavía se está negociando, especial y paradójicamente con el personal rechazado por los sindicatos, dado que, al parecer, más de uno preferiría quedarse en Tragsa. Allí gozan de un convenio diferente al de los bomberos y mucho más beneficioso, por ejemplo, por lo que respecta a las remuneraciones.
Por ello, de entrar en la nueva empresa, "engrosarían mucho las cuentas". Con todo, lo habitual en una empresa no es mantener dos convenios laborales distintos, por lo que plantean que "no puede entrar personal con esas condiciones", dado que se está negociando un convenio único con los supuestos aplicables a los bomberos forestales. Ahora bien, también admiten los representantes sindicales que estos 38 empleados tienen, jurídicamente, "el derecho" a elegir si trasladarse o no, "pero no tienen la obligación de venir".
La negociación del nuevo convenio ha avanzado poco porque, por una parte todavía no se han constituido los órganos principales de la SGISE, "las partes legítimas que deben poner las líneas rojas". En definitiva, los interlocutores directos de la sociedad. Y por otro lado, todavía está en el aire qué va a ocurrir con los 38 mencionados trabajadores de Tragsa, cuestión que deberá resolverse próximamente.
Lo único claro hasta el momento es que la SGISE contará con una línea presupuestaria en 2019 de 42,2 millones de euros. Aunque inicialmente el Consell no había incluido la partida correspondiente en el proyecto de cuentas, fueron los homólogos en Les Corts Valencianes -PSPV y Compromís- los que introdujeron la nueva línea. Partida que será 10 millones más elevada que la que se dedicaba a pagar la encomienda a Tragsa.
