Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) modifica el reglamento de gestión y funcionamiento de su consejo de administración para incluir la obligatoriedad de que sus consejeros informen con anterior a la celebración de las citas de posibles conflictos de interés con los asuntos que se aborden. Así se acordó en la última reunión del pasado 5 de diciembre, a propuesta de la presidenta, Mar Chao, aconsejada por los servicios jurídicos de la entidad.
En concreto, esta decisión, que modifica el citado reglamento, aprobado el 26 de marzo de 2021, obligará a partir de ahora a que los consejeros informen con antelación a la presidencia o a la secretaría del consejo de administración "cuando consideren que en algún punto del orden del día se encuentra en causa de abstención por incurrir en una situación de conflicto de interés, ya sea directo o indirecto", según el nuevo texto, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Asimismo, deberán "abstenerse de participar en la deliberación y votación de dicho asunto, debiendo ausentarse de la sesión por el tiempo indispensable para que se produzca la deliberación y votación del asunto en cuestión".
Para ello, los consejeros deberán "cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) respecto de los asuntos incluidos en el orden del día de cada sesión", un documento que deberán remitir en el plazo señalado por la Secretaría del Consejo de Administración, según publica el BOE.
Lo cierto es que hasta ahora no estaba esa obligación, pero se hacía de forma voluntaria desde hace años. No obstante, ahora se ha introducido en el reglamento, lo que evitará situaciones como la querella de Grupo Alonso, a través de su sociedad Intersagunto Terminales (IST), contra todos los miembros del consejo de la APV de 2022 por la adjudicación de una terminal pública polivalente en el Muelle Centro 2 del Puerto de Sagunto.
Al concurso se presentaron dos ofertas y, en diciembre de 2022, la Mesa de Calificación acordó excluir la de IST, lo que dejó como única oferta válida la de la UTE conformada por Noatum Terminales –empresa de capital emiratí–, la guipuzcoana Inversiones Algeposa y Boluda Lines, una sociedad perteneciente a Vicente Boluda, quien es consejero de la APV.
Precisamente esta semana el Consell nombraba al director general de Proyectos Estratégicos, José Luis Díez Climent, y a la directora general de Internacionalización, Esther Olivas como nuevos consejeros del Puerto de Valencia. Además, el presidente de la CEV, Salvador Navarro y el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, mantienen su puesto en el consejo de la entidad presidida por Mar Chao.
El consejo del Puerto de València se completa con Elena Delgado de vocal como capitana marítima de València; Francisco Parra, Pilar Parra y Pilar Bernabé en representación de la Administración General del Estado; María José Catalá, en representación del Ayuntamiento de València como alcaldesa; José Vicente Morata por parte de la Cámara de Comercio, Vicente Boluda como parte de las organizaciones empresariales; Gustavo Ferrer como representante de sectores relevantes en el ámbito portuario; y Pedro Suárez del lado de las organizaciones sindicales. Además, el consejo también lo integra Enrique Belda como miembro sin voto.
