Los deberes para septiembre de los partidos en Les Corts

VALÈNCIA. Unos por otros y la casa por barrer. Si el año pasado los grupos parlamentarios dejaron para después del verano el puzzle de la composición del Consejo Rector de la nueva radiotelevisión valenciana, este año tampoco han hecho sus deberes antes de vacaciones. PSPV, Compromís, Podemos, PP y Ciudadanos arrastran a septiembre asignaturas sobre las que no han hallado puntos de encuentro. El calendario parlamentario les ha ganado la partida dejándolos con muchas X por tachar en sus respectivas agendas. 

El caso más flagrante es el de la renovación del Consell Jurídic Consultiu, un ejemplo sobre los problemas que tienen los cinco partidos con el 'quién'. Atascada más de 11 meses, la mitad del órgano lleva en funciones desde el pasado 2 de septiembre, cuando el mandato de los seis consejeros expiró. 

Pasado un tiempo prudencial, el Consell hizo lo nunca visto: renovó a los tres miembros que por ser Ejecutivo les correspondía y rompía la igualdad de mandatos. El 25 de octubre nombraba a Margarita Soler Sánchez, Asunción Ventura Franch y Faustino de Urquía Gómez como nuevos juristas del órgano consultivo. La decisión enfadó por igual a PP y Ciudadanos, y más aún si cabe a Podemos, quien afeaba que siendo socio del Botànic se enterara de tal maniobra por la prensa. Fue uno de los tantos avisos que llevaba acumulando Antonio Montiel desde que le surgió oposición interna en su propia formación por su tibia exigencia con el Consell y se cuestionara su liderazgo. 

Como quien pone alcohol en la herida para que esta no llegue a infectarse, el bipartito ofrecía al resto de partidos en Les Corts -C's, PP y Podemos- que fueran ellos quienes pusieran sobre la mesa los tres nombres que les corresponde designar a la Cámara valenciana. Solución salomónica: un nombre por partido, pero que estos hallaran el beneplácito de todos. Ardua tarea para un parlamento multicolor en el que cada vez que se ha debido poner nombres y apellidos al frente de algún organismo ha supuesto una demora en el cambio a acometer. 

Desde entonces hubo idas y venidas; negociaciones en despachos y pasillos. Con los nombres ya seleccionados, y algún que otro enfrentamiento interno en partidos como Ciudadanos a cuenta de su candidato, los grupos se chocaron con la enésima piedra en el camino de esta tierra sin asfaltar. A tan sólo unas horas de producirse las votaciones, el PSPV solicitó retirarla del orden del día porque esta renovación incumplía "el artículo 178.1 del reglamento de Les Corts", el de la paridad en los órganos estatutarios. Esto es, casi dos años después de que los partidos modificaran el Reglamento de Les Corts al percatarse de que los cinco nombres propuestos para formar parte de la Mesa de la Cámara eran todo hombres, los grupos parlamentarios volvían a tropezar con lo mismo. 

Un tiempo razonable ha pasado -de marzo a agosto- sin que las fichas hayan avanzado de casilla en el tablero. Y no es que la actividad en cada partido se haya paralizado desde entonces. De hecho, Alexis Marí era todavía portavoz de Ciudadanos por aquel entonces, Antonio Montiel no había sido desbancado de la secretaria general de Podemos en la Comunitat Valenciana ni su continuidad como síndico de la formación morada estaba en tela de juicio. Tampoco a Ximo Puig le había salido oposición interna para disputarle la dirección del PSPV, ni se había montado la segunda gestora del PP en la Comunitat, después de tener una ya a nivel local para continuar con la normalidad en el Cap i Casal.

El movimiento más significativo en estos casi 150 días, se produjo hace apenas un par de semanas: C's cambió a su candidato por una mujer valiéndose de la necesaria paridad. Con tal maniobra cumplía con este precepto y, además, culminaba su venganza a su ya exsíndic que en su día apostó por José María Tomás y Tío. Lo hizo sin sopesar el acomodo que encontraría esta nueva candidata entre el resto de grupos. Y ni a PSPV ni a Compromís les ha agradado este enroque. Una cuestión nada nimia si se tiene en cuenta que el grupo necesita sumar 60 votos para que Mari Carmen Pérez salga electa. Podemos, PP y Ciudadanos suman 53. 

Igualdad en los órganos de la Generalitat

Tras el revuelo que generó la voladura de la renovación del Consell Jurídic del pleno, Compromís ponía encima de la mesa una reforma genérica para nunca más repetir tal déjà vu. Aunque su Proposición No de Ley envolvía a todos los órganos estatutarios, los socialistas reaccionaron destapando que parte del contenido de esta iniciativa, ya estaba recogido en el Reglamento de Les Corts.

La Proposición de Ley de Modificación de las leyes Reguladoras de las Instituciones de la Generalitat para garantizar la paridad de género en sus órganos afectará a la Sindicatura de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, la Academia Valenciana de la Llengua y el Comité Económico y Social. Una iniciativa que nacía después de que el Partido Popular no firmase una propuesta inicial de los nacionalistas que planteaba reformar la norma del Consell Jurídic Consultiu, puesto que querían que este requisito abarcase a todos los órganos estatutarios

Reforma Ley Sindicatura de Comptes

Tras 17 meses de trabajo, tampoco los cinco partidos con representación en la Cámara valenciana pudieron tachar esta de su lista de tareas pendientes. Prevista para ser debatida y aprobada el pasado 6 de julio, último pleno de este curso político, Podemos, PSPV, Compromís y Ciudadanos acordaron retirar en el último momento este punto del orden del día. Con el Partido Popular en contra, la votación para aprobar la modificación se aplazaba al mes de septiembre. 

La petición de retirar el punto del orden del día, partía del partido naranja. ¿Los motivos? La misma mañana del debate se seguían registrando enmiendas de última hora. Así, el portavoz de Ciudadanos en la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat -donde se ha estado tramitando esta Proposición No de Ley- Tony Woodward, solicitó al resto de grupos "más tiempo" para estudiar las últimas enmiendas presentadas, así como la ley en su totalidad. De no hacerlo, los naranjas votarían en contra o se abstendrían. Pero en ningún caso apoyarían la reforma de la norma. 

Ley Electoral

Hace un año, todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, decidían modificar el artículo 12.3 del Estatut d'Autonomía. Éste fija la barrera electoral para acceder a Les Corts en un 5%, la más alta de toda España, y que PSPV, Podemos, Ciudadanos y Compromís quieren bajar en dos puntos para evitar escenarios en los que un partido obtenga más de 100.000 votos y se quede sin representantes por unas décimas como Esquerra Unida en las pasadas elecciones autonómicas. 

Sin embargo, las posiciones sobre esta cuestión no son comunes. Con el PP cerrándose en banda a una reforma que, según los populares, "tendría consecuencias negativas para la gobernabilidad", la falta de sintonía en los detalles entre los partidos que integran el Botànic y Ciudadanos han ralentizado su puesta en marcha. Mientras Compromís, Ciudadanos y Podemos apuestan por rebajar el muro electoral del 5% provincial sin matices, los socialistas introducen condiciones. "Siempre y cuando en el conjunto de la Comunitat se obtenga ese mismo porcentaje" es la limitación del partido del puño y la rosa.

Más allá de esta arista, los tipos de listas también dividen a los cuatro partidos. Y otra vez con Podemos, Ciudadanos y Compromís apoyando un sistema de listas desbloqueadas y con los socialistas más cautelosos ante el temor que un sistema demasiado complejo "desaliente el voto". Unas diferencias, no obstante, que cambian cuando se habla de listas cremallera, es decir, de introducir por la ley la paridad en las candidaturas electorales. Ciudadanos se opone a ello. 

Tasa azúcar

Cuatro días después de que entrara en vigor el gravamen para las bebidas azucaradas en Cataluña, Compromís registró una Proposición No de Ley para que se siguieran los mismos pasos en la Comunitat Valenciana. La iniciativa, firmada por los diputados Jordi Juan e Isaura Navarro, no obstante, era más ambiciosa: instaba al Consell a establecer un impuesto "sobre los productos azucarados y con exceso de grasas que implicara un aumento del precio de hasta el 20%". Es decir, no lo limitaba tan solo a las bebidas. 

Sin embargo, ante la presión de los empresarios, el grupo parlamentario se planteó rebajar el alcance de la PNL. Si el documento inicial pretendía no centrarse tan solo en las bebidas azucaradas, fuentes del grupo parlamentario advirtieron a Valencia Plaza que aquella era una propuesta de máximos que convenía revisar. Y todo después de que la patronal autonómica CEV que preside Salvador Navarro constituyera un grupo de trabajo para sustentar su oposición a esta iniciativa ante el Consell y mantuviera un encuentro informal con Compromís para trasladarle las quejas de sus asociados. La inquietud empresarial llegó hasta el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví.

En este punto, los nacionalistas deberán primero solventar las diferencias internas antes de que la iniciativa llegue a un pleno de Les Corts. Mientras unos están dispuestos a atenuar la iniciativa, la propia Isaura Navarro nada contra corriente: tras la reunión con la ONG Save the Children, la diputada se opone a limitar la propuesta. 

Ley de comarcalización

En el ADN de Compromís y, especialmente, en la facción mayoritaria de la coalición, el Bloc, está la defensa de las comarcas como elemento de división territorial. Con esta premisa, y para complementar la ley de mancomunidades impulsada por Presidencia, los nacionalistas presentaban una Proposición de Ley que pretendía establecer la comarca como la unidad de división de la Comunitat Valenciana. La ley, eso sí, no iba más allá y apartaba una hipotética descentralización a la catalana, creando otro nivel administrativo más. 

La norma, sin embargo, se ha encontrado con la oposición de Ciudadanos y PP, y con ciertas críticas en Podemos. Con su contenido negociado con la dirección de administraciones locales que dirige el socialista Antoni Such, en el PSPV aceptan la propuesta mientras solo sea un reconocimiento de la división comarcal. 

Sin embargo, los morados no ven con buenos ojos la propuesta y piden un mayor proceso de participación de las entidades locales para solucionar polémicas como la división de l'Horta planteada en el texto. De hecho, la precipitación para debatir esta ley, provocó que Compromís retirara de motu propio la iniciativa.