VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València debería haber ahorrado durante la legislatura pasada casi 600.000 euros gracias a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que obliga a que ocho de los 33 concejales que forman la corporación municipal tengan dedicación parcial y perciban un sueldo equivalente a dicha dedicación.
Como publicó este viernes Valencia Plaza, el consistorio presidido por Joan Ribó buscó en 2015 un subterfugio para burlar esta limitación y no ahorró un solo euro para los valencianos. Un subterfugio a todas luces contrario a la ley, a pesar de que el Interventor General diera su conformidad cuando se planteó al principio de la legislatura. El truco consistía en que los ocho concejales con dedicación parcial, todos ellos del equipo de gobierno, tendrían una dedicación del 75% y un sueldo equivalente, pero con un "complemento de especial responsabilidad" que ascendía al 25% restante, de manera que cobraron lo mismo que si tuviesen dedicación exclusiva.
En euros, esto supuso que los ocho ediles, todos tenientes de alcalde, percibieron cada año entre junio de 2015 y junio de 2019 un salario bruto de 74.341,18 euros, del cual el 25%, 18.585,30 euros, correspondía al complemento irregular. Esto hace un total a lo largo de la legislatura de 74.341,2 euros por concejal y 594.730 euros de gasto indebido para el ayuntamiento.
Los ocho concejales que cobraron este complemento pese a tener dedicación parcial eran los tenientes de alcalde tercero al décimo: Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano, Glòria Tello -todos ellos de Compromís-, Sandra Gómez, Vicent Sarrià -del PSPV- y María Oliver, de Podemos. En 2016, tras la renuncia del portavoz socialista, Joan Calabuig, Sandra Gómez pasó a ocupar la primera tenencia de alcaldía -con un sueldo superior- y entró en el consistorio Anaïs Menguzzato, también como tenienta de alcalde. No consta en ninguna acta que Gómez pasara a tener dedicación completa y Menguzzato parcial, pero tampoco importaba porque el sueldo de cada una no iba a modificarse ni un céntimo teniendo dedicación exclusiva o no teniéndola.
Otros dos ediles de la oposición optaron por la dedicación parcial para poder trabajar en otras ocupaciones fuera del Consistorio y sí percibieron la parte proporcional del salario establecido para la dedicación exclusiva. Eran Eusebio Monzó, del PP, con un 33%, y Santiago Benlliure, de Ciudadanos, con un 75%.
La vicealcaldesa primera de València, Sandra Gómez, afirmó este viernes, al ser preguntada por la información de Valencia Plaza, que el complemento fue "legal" y que estaba "fiscalizado" y respaldado por un "informe de la Intervención General" que aprobaba "el baremo de toda la Junta de Gobierno" Local del Ayuntamiento. En realidad, no hubo tal informe, sino una "fiscalización previa" en la que el interventor dio su conformidad a los salarios del consistorio.
La responsable municipal añadió que ese documento "corroboraba que lo aprobado en 2015 y también en el pleno, con firma del secretario del pleno, era absolutamente legal". Y añadió: "En el Ayuntamiento de València no se puede cobrar durante cuatro años algo ilegal".
Como contó este periódico, tanto PP como Ciudadanos han pedido información sobre los pronunciamientos del interventor respecto a este asunto. En el caso de la formación que lidera María José Català, ha requerido cualquier informe sobre este asunto del interventor o del secretario. En cuanto al grupo de Fernando Giner, va a pedir -con apoyo del PP porque necesita un mínimo de once concejales- que si no existe un informe, el interventor haga uno.