VALÈNCIA (EFE). Los concejales del Ayuntamiento de València Anaïs Menguzzato y Ramón Vilar han denunciado este viernes la falsificación de sus firmas en supuestas notificaciones de expropiación, también falsas, expuestas en numerosos portales y ascensores de los barrios de Benimaclet y Campanar.
Los dos ediles, responsables de Protección Ciudadana y Hacienda, respectivamente, han comparecido en rueda de prensa para confirmar "la falsedad absoluta" de los documentos que aparecieron ayer jueves en estos barrios, han informado fuentes municipales en un comunicado.
"En dicho documento aparecía la antefirma de Vilar, junto a la firma, aparentemente escaneada, de Menguzzato, todo ello con un sello de la vicepresidencia de la Generalitat, algo que carece de sentido", ha asegurado Ramón Vilar.
Además, los textos incluían también imágenes corporativas de otras entidades públicas, incluso de alguna, como el del Ministerio de Vivienda, que ya no existe.
El concejal de Hacienda ha denunciado que estos documentos "han causado alarma social, confusión y malestar entre los vecinos de los barrios afectados, que durante la tarde de ayer estuvieron manifestando su preocupación por diversas vías".
Por su parte, la concejala de Protección Ciudadana ha señalado la posibilidad de que "no sea casualidad que estos hechos coincidan con la presentación de un proyecto de participación ciudadana que afecta, precisamente, a una de las calles donde se han encontrado dichos papeles, concretamente la calle Murta", en Benimaclet.
Ambos concejales han confirmado que, además de que la notificación es "una burda falsificación", lo que se anuncia en ella "no va a suceder, ya que no existe ningún proyecto de expropiación en esas zonas".
Nada más conocer los hechos los dos concejales se personaron en la Jefatura Superior de Policía Nacional y efectuaron la correspondiente denuncia, a partir de la cual la Policía Nacional ha iniciado la investigación pertinente, han señalado las mismas fuentes.
Tanto Vilar como Menguzzato han calificado lo acontecido de "muestra intolerable de falta de civismo y de menosprecio, tanto a las instituciones como a los ciudadanos, por parte de quienes sean los autores de estos hechos reprobables".
La reclamación de los propietarios supera los 18 millones de euros, un tercio del presupuesto anual de la ciudad