MADRID. (EP) La Federación de Cines de España (FECE) estima que la pérdidas ocasionadas por la reducción del aforo en las salas españolas durante la fase 2 del plan de desescalada del Ejecutivo por la crisis del coronavirus ascenderán a 43,5 millones de euros mensuales, que se sumarán a los más de 100 millones de euros de pérdidas acumulados durante el estado de alarma, por lo que pide ayudas proporcionales a estas medidas, según ha señalado este miércoles en un comunicado, en el que no obstante destaca que la reapertura de los cines "supondrá un icono y un signo de la vuelta a la normalidad".
Según ha señalado FECE, que representa al 80 por ciento de las salas españolas, ante la reapertura de los cines -que, según detalló ayer el Ministerio de Cultura y Deporte tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez se hará con butaca preasignada y limitación de aforo de un tercio- el sector ha elaborado un protocolo de actuación con diez medidas para dotar a los cines de "los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y espectadores".
En concreto, los cines españoles fomentarán, como vía principal de compra, la venta de entradas por internet y se recomendará el pago con tarjeta contactless (sin introducir PIN), tanto en la taquilla como en el bar, con un límite de 50 euros, y se sustituirá el corte físico de las entradas por el control de lectura visual o a través de lectores digitales.
En cuanto a las distancias, se respetará, según la legislación vigente, a lo largo de "todo el recorrido del espectador", desde que llega a taquilla hasta que abandona la sala de proyección, para lo que se colocarán indicadores de distancia en el suelo, se espaciarán los pases de películas y se escalonarán los horarios de acceso. Además, habrá un control del aforo, que se reducirá según las indicaciones del Gobierno, y se facilitará la agrupación de convivientes, "manteniendo la debida distancia con el resto de los espectadores".
Asimismo, tanto en los cines como en las webs se colocarán carteles informativos sobre las medidas sanitarias y distancia física; se instalarán dispensadores de gel hidroalcohólico en varios puntos de las instalaciones accesibles a los espectadores y a los trabajadores; se incrementará la frecuencia de la limpieza y desinfección de las instalaciones; y los trabajadores contarán con los equipos de protección individual adecuados a cada actividad que realicen, al tiempo que recibirán una formación especial sobre la Covid-19
Además de este protocolo, y debido a las pérdidas acumuladas de 100 millones de euros a causa del coronavirus y a la previsión de 43,5 millones de euros de pérdidas mensuales como consecuencia de la reducción del aforo en las salas, así como el periodo de transición que vivirá el sector desde el momento de la reapertura, los exhibidores de cine han solicitado al Gobierno varias peticiones, entre las que se encuentra la creación de un fondo específico y finalista, de acuerdo al Marco Temporal de Ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea, "que se ajuste al coste soportado por mantener los cines cerrados", con el fin de amortiguar el impacto económico.
También, FECE pide adaptar los ERTES por fuerza mayor a "las particularidades del sector y a la limitación de la actividad", manteniendo las medidas y coberturas extraordinarias establecidas durante el estado de alarma, así como "alquileres proporcionales al aforo disponible en los cines durante el periodo de transición, adaptando el coste del alquiler a los exiguos ingresos obtenidos como consecuencia de las restricciones derivadas del protocolo", así como "exenciones y moratorias de los alquileres en aquellos cines que no sea posible su reapertura o esté en riesgo su desaparición".
Del mismo modo, piden ayudas directas de compensación a los costes derivados de la implantación del protocolo, mientras el sector se mantenga en una situación de especial vulnerabilidad "dada la reducción del aforo"; fondos autonómicos de rescate para aliviar la situación económica del sector; y medidas en el ámbito local que contemplen la bonificación y exención en el pago de los impuestos municipales, tales como IBI, IAE o tasa residuos.
