Tras más de dos años de negociación, el Micof logra el acuerdo con la Conselleria de Sanidad, que pasa por preservar esta garantía. Su integración dentro del servicio autonómico de atención primaria queda pospuesta para más adelante
VALENCIA. El periplo se ha prolongado más de dos años, pero los farmacéuticos finalmente han alcanzado un acuerdo con la Administración para la redacción de su convenio. El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) ha decidido respaldar el texto que constituye el marco de la relación entre la Conselleria de Sanidad y las oficinas de la provincia representadas por la organización. Con él, no solo se sientan las bases para incorporar nuevos servicios profesionales a la farmacia, sino que logran preservar su derecho a reclamar intereses de demora por el copago.
“Nuestro propósito siempre ha sido firmar un convenio con connotaciones sociales y sanitarias, no meramente económico, que es lo que históricamente ha pasado”, asegura Jaime Giner, presidente del Micof. Considera que el texto actual cumple con las expectativas. Así lo ha entendido también la parte mayoritaria del colectivo profesional, a tenor de los resultados de la votación para decidir si respaldaban el texto, que tuvo lugar el pasado martes durante una asamblea en la sede del Colegio de Médicos. En concreto, la ronda de consultas se saldó con 91 papeletas favorables, 12 en contra y 5 abstenciones.
Giner valora “de forma muy positiva” este concierto, que se mantendrá vigente durante 4 años. A grandes rasgos preserva los plazos de pago de las recetas (el último día del mes posterior a la facturación) y respeta el derecho de reclamación por intereses de demora, especialmente relevante en el caso del copago autonómico. Cabe recordar que la Conselleria de Sanidad llegó a un acuerdo con los sectores profesionales para la gestión de ayudas que compensan gastos del copago. De este modo, las oficinas podían exigir intereses de demora a la Administración por el retraso en los abonos, como ya se venía haciendo con el anterior Consell. Ahora mismo, el retraso es de un mes, lo que equivale a 90 millones.
“El régimen jurídico fue el principal punto de discrepancia”, afirma Giner, quien recuerda que las negociaciones comenzaron en septiembre, pero se frenaron en seco en mayo y pasaron hasta cuatro meses bloqueadas. “La Generalitat quería introducirnos en la Ley de la Conselleria de Hacienda, lo que prácticamente no nos permitía reclamar intereses de demora y ellos podían retrasarse más de lo aconsejable”, explica. Como la propuesta no fue aceptada, finalmente han tenido que mantenerlos en los contratos del sector público y sujetos a la Ley de Morosidad estatal. “Es algo a lo que no íbamos a renunciar”, añade.
Otros de los puntos que regula el convenio son la ampliación de la capacidad de sustitución (incluyendo pañales y tiras reactivas), la modificación de precios que se aplicará el mes posterior al comunicado y la devolución de recetas, que no se descontará de la factura antes de su revisión y conformidad por las partes. También reconoce retribución por servicios de urgencia y otros cometidos profesionales, así como la capacidad de formulación de medicamentos desabastecidos y actualización de precios.
Para ganar en la mayor parte de sus reclamaciones, los farmacéuticos también han tenido que ceder. Giner se muestra “satisfecho" pero recuerdael trabajo por hacer, en referencia a un tema central. La otra gran propuesta del Micof era la integración del sector farmacéutico dentro de la atención domiciliaria del sistema público, como ya sucede en otras autonomías del Estado. Es algo que la Administración se ha negado a regular mediante este convenio, pero pospone para su integración en un decreto que será promulgado más adelante.
“Nosotros confiamos en ello, pero tenemos una mala experiencia con los temas futuribles”, dice el presidente. No quiere presionar, ya que prefiere que la norma sea reacatada “con calma, de manera seria y profesional”, pero confía en que no se alargue más de seis meses. Mientras se forja este marco legal, disponen de una referencia en el anexo, y el borrador podría ser de validez en caso de necesitarlo. “Lo esencial es que entiendan que integrarnos en el sistema público es una inversión que va a generar ahorro a largo plazo”, zanja Giner.