Los fiscales antiterroristas de España, Francia, Bélgica y Marruecos alertan de la formación de yihadistas en suelo europeo

VALÈNCIA. De la captación y adoctrinamiento en territorio europeo para enviar yihadistas a Siria, se ha pasado al terrorismo endógeno a través de la radicalización en las cárceles y el uso del ciberespacio por su  potencial propagandístico. Ésta ha sido una de las conclusiones a las que se ha llegado por parte de los cuatro fiscales especializados que forman el Grupo Cuatripartito Antiterrorista de Marruecos, Bélgica, Francia y España, reunidos en Valencia, tras su encuentro anual para analizar la evolución y las necesidades para combatir judicialmente las nuevas formas de terrorismo. Entre las conclusiones, insisten en el uso de las bases de datos de los Estados amigos y en compartir información.

La principal preocupación de los fiscales antiterroristas radica en el “punto de inflexión” actual, “a consecuencia de las derrotas militares que el Isis-Daesh están sufriendo en Siria e Irak, donde hasta ahora tenían su base de actuaciones con un pseudo-Estado”, y que traslada el riesgo actual a la “aparición de células endógenas” en nuestro territorio.

Estas reuniones periódicas, no obstante, no han prevenido que, precisamente, estos países hayan sufrido los ataques terroristas más importantes en suelo europeo desde 2014, con el atentado contra el semanario Charlie Hebdo y los subsiguientes de París (2015), Bruselas (2016) y Barcelona (2017). Precisamente en aquel año, las conclusiones del Cuatripartito hablaban de “mantener canales de información y comunicación permanentes sobre las investigaciones que actualmente se siguen en nuestros respectivos Estados en relación con la captación, adoctrinamiento, formación, traslado y envío a las zonas de conflicto (Siria, Irak y el Sahel) de personas para su adiestramiento, entrenamiento y comisión de actos terroristas”.

A preguntas de Valencia Plaza sobre este respecto, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, manifestó que las fiscalías no se encargan de la detección de las células terroristas ni de combatirlas, sino de establecer los cauces de cooperación judicial para la investigación de los actos terroristas. En este sentido, destacó  la pronta resolución del atentado de las Ramblas en Barcelona y del de Cambrils, “cuyo proceso judicial está pronto para ser juzgado en poco más de un año”. Es por ello que resalta, entre las conclusiones a las que se ha llegado después de una reunión tres días en Valencia, con la “atención particular en la recogida de pruebas en las zonas de conflicto para su valoración en los tribunales”  o, en especial, “el uso de bases de datos de países amigos”.

Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes en la lucha antiterrorista es “el fenómeno de la radicalización que se produce en las cárceles y en los centros de detención”, y su respuesta judicial. Por otro lado, destaca también el problema creciente ante la “situación de los hijos menores de los combatientes extranjeros desplazados desde nuestros países a Irak o Siria y otras zonas de conflicto”. 

Al parecer, estos menores son reclamados por las familias extensas de los terroristas fallecidos o encarcelados, con todo el derecho a su repatriación al tratarse de ciudadanos europeos o, en su caso, marroquíes. Hay que señalar que, junto a Bélgica, Marruecos ha sido otro de los países más importantes como vivero de yihadistas que han viajado para combatir con Daesh y cuyos gobiernos se encuentran hoy con el problema añadido de los retornados.

Por último, han insistido en la necesidad de reforzar la cooperación de las autoridades judiciales y dotarlas con los medios necesarios apelando a una “lucha sin cuartel contra todo tipo de terrorismo”. Al mismo tiempo, han puesto de manifiesto que la gravedad del fenómeno terrorista y su expansión "hace necesaria más que nunca una respuesta global frente al mismo”.

En esta ocasión, los fiscales que han protagonizado la reunión han sido el ya nombrado Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Moulay El Hassan Dakí, fiscal General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Rabat; Frédéric Van Leeuw, procurador Federal de Bélgica, y Nicolas Le Bris, Fiscal de la Fiscalía Antiterrorista de París.