VALÈNCIA. Doble ración de palos en apenas dos días. Si este miércoles todos los grupos parlamentarios cuestionaron el giro de Ciudadanos con el pacto antiVox, este jueves la formación naranja tampoco se libró de recibir críticas por parte de todos los partidos en Les Corts. En esta ocasión no fue por cambiar de postura respecto a una propuesta, sino por llevar a debate una iniciativa que pedía acometer un cambio legal que ya existe y está en vigor desde 2015. El "dislate" -como lo tildaron todos- fue tal que las intervenciones de cada grupo para justificar su voto en contra se centraron en ofrecer al diputado que tuvo que defender la propuesta, Toni Subiela, un glosario de términos jurídicos, clases de derecho penal, y algún que otro reproche por ni siquiera plantearse la opción de retirar el texto.
El Parlamento valenciano debía votar al final del pleno de este jueves una Proposición No de Ley (PNL) de Ciudadanos en la que instaba al Consell a que pidiera al Gobierno central que elaborase "un cambio normativo para que incluyera la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción de sus cargos públicos elegidos en sus listas o designados por cargos políticos del partido investigados en casos de corrupción política". También solicitaba desarrollar otro cambio normativo que exigiera a los partidos políticos "la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control".
Un texto sobre el que varios diputados del Botànic ya advirtieron la semana pasada que mezclaba conceptos -la responsabilidad patrimonial la tienen las administraciones, pero no los partidos-, y que además pedía cambios legales ya vigentes. De hecho, la reforma del Código Penal de 2015 contempla en su artículo 31 bis que las personas jurídicas -incluidas las formaciones políticas- podrán ser "penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administrados de hecho o de derecho".
Respecto al segundo punto de la PNL, también desde hace cuatro años quedó plasmado que si se cometía un delito pero el órgano de administración -en este caso el partido- hubiera adoptado y ejecutado con eficacia medidas de vigilancia y control, podría quedar exento de ser responsable. Con esto, dejaba en manos de las formaciones políticas, empresas y organizaciones sindicales contar con la figura del compliance officer, cuyo fin es velar por el cumplimiento de la legalidad por parte de todos los integrantes del órgano en cuestión.
A pesar de estas advertencias de días atrás, la PNL se mantuvo en el orden del pleno de este jueves y robó el protagonismo a cualquier otra cuestión del día; incluso a la sesión de control a Ximo Puig celebrada horas antes. Así, el parlamentario Toni Subiela subió a la tribuna para defenderla y citó numerosas tramas de corrupción para terminar lamentando que en "demasiadas ocasiones los partidos políticos hayan disculpado la corrupción".
La frase, no obstante, fue elegida sin demasiada fortuna y le rebotó ya en la primera réplica. No en vano, la diputada de Podem Fabiola Meco le ofreció la "regla de oro" para luchar contra la corrupción: "No sostener a corruptos en las instituciones". Una estacada sobre la decisión del partido de Albert Rivera de mantener su apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy a pesar de que la sentencia de Gürtel falló que el PP fue responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de la trama.
Precisamente también la diputada de Compromís Isaura Navarro mentó a Rajoy, aunque no lo hizo para enjuiciar la pureza que pudieran tener las decisiones pasadas de Ciudadanos con al anterior Gobierno central, sino para describir con sus propias palabras -las del expresidente- la PNL. Así, empezó su intervención ironizando con el lapsus lingüe de Rajoy: "¿Se acuerdan de aquello de que es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde? Pues la iniciativa de Ciudadanos es esto".
Reprobó que no especificaran la ley que pretendían cambiar; que no distinguieran la responsabilidad patrimonial, de la civil subsidiaria; volvió a explicarles que lo solicitado ya lo recogía el Código Penal desde hacía cuatro años; y terminó deslizando el verdadero sentido por el que planteaban al final de la legislatura una iniciativa así: izar la bandera de la regeneración democrática con el horizonte electoral a la vuelta de la esquina.
"Desarrollar un cambio normativo... De váyase a saber qué norma, que yo no me la sé; que incluya la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos... Oiga, la responsabilidad patrimonial es de la administración. Un poco de rigor", dijo con ironía. "En esta legislatura hemos aprobado una Agencia Antifraude, un Consell de Transparencia, una Ley de Incompatibilidades, una Ley de Publicidad… ¿Y dónde estaban ustedes entonces? Ah, claro. Buscando la normativa que es de aplicación para ese cambio legal que quieren hacer ahora. Haber preguntado a alguien que supiera de esto, que esto ya existe", zanjó Navarro entre las risas de los diputados.
La hilaridad en las bancadas sólo se interrumpía cada vez que Subiela utilizaba su turno de réplica para contestar a cada partido. Unas respuestas que no llegaron a justificar el motivo por el que presentaban una PNL así, inviable por desatinada. Tanto, que cuando al portavoz del PSPV Manolo Mata, le llegó al despacho pensó que era "una broma". "Creí que le habrían dicho a un estudiante en prácticas que rompiera mano e hiciera alguna propuesta y que era una broma. Pero cuando la semana pasada quisieron introducirla en este pleno ya vi que iba en serio y me asusté", comenzó.
Además de reincidir en las cuestiones comentadas por Meco y Navarro, Mata destripó más detalles de la PNL: su exposición de motivos. "Dicen cosas tan peculiares como que la pena por responsabilidad política tiene que ser más severa y previa que la judicial... ¿De qué está hablando? ¿De la lapidación? ¿Del aprieta pulgares? ¿De la gota malaya? ¿Qué tienen pensado? Porque la pena judicial puede ser cárcel y multas… Pero usted ha pensado una previa peor que la cárcel. Ni Maduro hace decretos así", ironizó.
Tampoco el PP se quedó atrás. La diputada del PPCV María José Ferrer San Segundo pretendió ser más benevolente en su primera intervención. Se limitó a explicar que no apoyarían esta propuesta porque era un "dislate jurídico". Sin embargo, cuando Subiela volvió a hacer uso del turno de réplica -algo que generó incomprensión entre los partidos a lo largo de todo el debate al considerar que con ello tan solo alargaba el bochorno- y le dijo que el PP no debía preocuparse porque si se aprobaba la iniciativa no se aplicaría con carácter retroactivo -en alusión a que no tenían que preocuparse por los casos de corrupción en los que están envueltos algunos de los dirigentes populares anteriores-, a San Segundo se le acabó la paciencia.
"Por supuesto que no es con carácter retroactivo, porque en Derecho Penal no existe el carácter retroactivo. Y no pretenda dar lecciones sobre errores de los partidos eligiendo a cargos cuando su grupo parlamentario ha cambiado tres veces de portavoz en una sola legislatura. Análisis sí, pero lecciones de que unos eligen bien y otros mal, ninguna", zanjó la diputada. Un mal trago que, sin lugar a dudas, Ciudadanos pudo haberse evitado.
