Mari Carmen Sánchez. Foto: CORTSVALÈNCIA. Ciudadanos registró en enero del año pasado una Proposición No de Ley en la que instaba al Consell a que pidiera al Gobierno central que elaborase un cambio normativo para que incluyera "la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos" en los casos de corrupción de sus cargos públicos. O como lo describió su síndica, Mari Carmen Sánchez, entonces, "para que los partidos devuelvan el dinero robado por sus políticos corruptos".
Una iniciativa que llegará al pleno de Les Corts de la semana y que ha esperado un año para ser introducida en el orden del día, ya que los grupos parlamentarios se centraron en las leyes que quedaban pendientes para aprobar el mayor número posible.
Ahora, llegado el momento de su votación los grupos ponen en duda el recorrido del texto de los naranjas porque "mezcla conceptos" y la responsabilidad penal, aseguran, ya está contemplada legalmente desde el momento en que se puede condenar a las personas jurídicas.
Así, la reforma del Código Penal de 2015 incorpora el delito de financiación ilegal de los partidos políticos ante los cuales se podría condenar a la propia formación. En concreto, el artículo 31 señala que las personas jurídicas -incluidos los partidos- serán "penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administrados de hecho o de derecho".
Con esto, para el portavoz del PSPV, Manolo Mata, el texto de Ciudadanos "no aporta nada nuevo y llega tres años tarde porque piden lo que la legislación española ya contempla". Mata señala que la "responsabilidad patrimonial" que cita Cs en el texto corresponde a la administración pública -que requiere de relación de causalidad del daño- y no a los partidos políticos, que en todo caso tendrían responsabilidad civil subsidiaria.
Una consideración que comparten en Compromís. La diputada Isaura Navarro denuncia que Ciudadanos "confunde la administración pública con los partidos políticos", lo que supone "un peligro para la democracia". "Pretenden vulnerar la presunción de inocencia, todo ello pisoteando la Constitución española que dicen siempre defender. Creo que ni la entienden, ni la respetan", añade.
En Podem coinciden con socialistas y valencianistas en que la reforma del Código Penal ya contempla que se pueda condenar a una formación política penalmente por el delito de financiación ilegal, pero que éste no recoge en ningún caso que las formaciones deben hacerse cargo económicamente de lo que comporte la condena para "devolver lo robado", como pide Cs.
No obstante, también señalan el defecto del texto y aseguran que es un "brindis al sol" y que forma parte de la "carrera por tomar la bandera de la regeneración" con la que pretende hacerse el partido de Albert Rivera. Un cúmulo de dudas que dejan en el limbo el recorrido que tendrá el texto cuando sea sometido a votación.
