Los abogados Carlos Serrano y Serafín Pons aseguran que han recibido noticias de un número desconocido así como llamadas
VALÈNCIA. El juicio por el saqueo de la depuradora de Pinedo, más conocido como el caso Emarsa, no deja de deparar sorpresas. A las posibles nulidades, se une ahora la denuncia por amenazas presentada ante el juzgado de guardia por los abogados de dos de los principales imputados. Los letrados Carlos Serrano, defensor de Esteban Cuesta; y Serafín Cuesta, abogado de Juan Ignacio Roca, han denunciado como, a raíz de sus intervenciones ante la Sala, no han dejado de recibir llamadas desde números ocultos, así como mensajes con diferentes noticias de prensa.
Llama la atención que las noticias están relacionadas con el encontronazo que tuvieron con la abogada de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), quien llegó a decirles que iba a presentar una queja al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, así como que pensaba interponer un querella por sus palabras (las de los denunciantes).
Según consta en la citada denuncia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, “en el transcurso de la vista recibió Serafín Pons la cantidad de 8 llamadas anónimas donde figura ‘número privado’, y la última a las 12’45 horas, y su compañero Carlos Serrano recibió 5 llamadas figurando ‘número privado’, y la última a las 12’44h; todas ellas sin ningún contenido”.
Prosigue la denuncia explicando que “en el móvil de los comparecientes figura una noticia de hoy de el periódico Las Provincias donde se indica entre otro, literalmente: ‘en el inicio de la tercera sesión del juicio, el abogado del turno de oficio que defiende al empresario Juan Ignacio Roca Semper ha pedido amparo a la presidencia de la Sala frente ‘ a las amenazas de querella por parte de la Emshi”
Es sobre este punto que los letrados denunciantes aseveran que la actitud de la abogada de la Emshi, “les ha impedido dormir y ha derivado en discusiones con sus familiares”. Prosigue el escrito con “Este letrado, el mismo que pidió la testifical del presidente Mariano Rajoy, denunció ayer ‘desigualdad de armas’ e hizo referencia a los medios materiales y económicos de los que dispone el despacho Garrigues –contratado por la Emshi para este juicio- a lo que la abogada de la Emshi protestó y advirtió que el código deontológico prohíbe atacar a un compañero en lugar de a los clientes”.
Por todo ello, explican los denunciantes que “solicitan que se incluyan sus teléfonos en el circuito de llamadas maliciosas, y se ofrecen la posibilidad de ser reconocidos por el médico forense por la ansiedad sufrida, dada la inquietud que todo ello les produce”.
La pieza principal del caso Emarsa se investiga el saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo. El procedimiento saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal, con 25 acusados --más uno a título lucrativo--.
El juicio por esta pieza, la principal, se señaló inicialmente en noviembre de 2015, pero el tribunal decidió suspenderlo a la espera de que Moldavia extraditase al empresario y considerado presunto cabecilla de la trama, Jorge Ignacio Roca, condenado en ese país por otro procedimiento diferente. Roca fue detenido tres meses antes de que arrancara la vista.
Esta pieza regresó entonces al órgano instructor, el Juzgado número 15 de Valencia, que practicó nuevas diligencias relacionadas con Roca. Decidió procesarle y le atribuyó delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Después de todo esto, la sala volvió a suspender el juicio después de que varios investigados renunciaran a sus defensas y, obviamente, varios letrados del turno de oficio se hicieran cargo de las defensas pero sin haber podido leerse el sumario, que supera los 200.000 folios.
Entre los acusados en la causa principal figuran Enrique Crespo; el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.
Junto a ellos figuran los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.
Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Jorge Ignacio Roca Samper, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.