Los nueve empresarios que admiten haber financiado ilegalmente al PPCV aceptan penas de hasta 21 meses

VALENCIA, (EP). Los empresarios imputados en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano a través de la trama Gürtel han rubricado este viernes con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo de conformidad por el que aceptan penas de entre 15 y 21 meses de prisión por haber financiado de forma ilegal a la formación en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

Los industriales siguen la iniciativa de tres arrepentidos que reconocieron los hechos el pasado mes de abril. Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá confesaron entonces haber financiado ilegalmente al partido y solicitaron una reducción de pena.

Al acuerdo se han sumado el sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino, Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada.

La conformidad, que incluye el abono de multas por un importe máximo de 30.000 euros, especifica que aceptan tres meses de prisión por cada uno de los delitos electorales que se les imputaba y otros 12 meses por falsedad documental.

Siete de ellos han acudido este viernes a la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid para rubricar el acuerdo y otros dos lo harán el próximo lunes. En él, muestran su conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE de la Comunidad Valenciana, personado como acusación popular, y reconocen haber realizado distintos abonos al PPCV con ocasión de las citadas campañas electorales, agregan las citadas fuentes.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para los nueve penas de entre cuatro y seis años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil.

Según ha explicado el Ministerio Público en una nota, el reconocimiento de los hechos se ha producido por acusados de estos grupos empresariales y así lo han manifestado ante la Fiscalía, "aportando resguardo de afianzamiento del importe total de las responsabilidades pecuniarias que en su día les podrían ser impuestas y anunciando que renunciarán a la prueba que en su día propusieron".

Los empresarios se encuentran entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en el juicio fijado para el próximo 13 de marzo por financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Entre los acusados se encuentran también el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

La empresa de la trama Orange Market en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio. En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).

Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".