VALÈNCIA. Los nuevos estatutos del Colegio de Procuradores de Valencia, aprobados en la última Junta General, están ya recorriendo los trámites necesarios para obtener su aprobación definitiva por parte de la Administración General del Estado, y se espera que entren en vigor dentro de este mismo ejercicio.
La modificación de los estatutos se ha llevado adelante por parte de la Junta de Gobierno del Colegio para adaptarlos a la realidad social actual y a las necesidades de los profesionales, así como para imprimir un nuevo impulso a la dinámica colegial, a la participación y la transparencia.
Dentro de esta filosofía se enmarca la iniciativa de restringir a sólo dos mandatos la presidencia del Decano, impulsada por la actual Decana, Laura Oliver, “para democratizar aún más esta institución que debe estar al servicio de los profesionales y debe evitar por todos los medios posibles anclarse a las personas”. De este modo, los decanos del Colegio no podrán ejercer su mandato más allá de ocho años y se garantiza la renovación continua del Colegio. En esta misma línea, se incluye la Constitución de una Junta Electoral para la elección de los miembros de la Junta de Gobierno compuesta por colegiados que no sean miembros de la Junta que se encuentra en funciones, a la convocatoria de elecciones, y que serán elegidos por sorteo.
En lo referido a la mejora de la transparencia, se incorpora a los estatutos la obligación de realizar una auditoría anual sobre las cuentas del Colegio y se crea de una Comisión Deontológica formada por colegiados que no formen parte de la Junta de Gobierno que tramitará las diligencias y expedientes que se abran como consecuencia de una queja o infracción. Dicha Comisión propondrá a la Junta de Gobierno la infracción que entienda se ha cometido y propondrá igualmente la sanción por la misma, siendo la Junta de Gobierno en ejercicio de la sanción sancionadora que le otorga el Estatuto quien decidirá sobre la propuesta y acordará lo procedente.
A todo esto, los estatutos suman diversas actualizaciones y modificaciones dentro de los ámbitos procesales y de derecho corporativo para adecuar y actualizar su redacción a las necesidades actuales, fruto la mayoría de los diferentes cambios legislativos producidos en los últimos años.