Los peritos imputados por el edificio Apple aseguran que “el precio bajó por la crisis” 

VALENCIA. Los peritos que tasaron el edificio de la calle Lauria esquina con Colón, conocido como edificio Apple, se sentaron en el banquillo de los acusados este martes. Se les acusa de falso testimonio por haber falseado presuntamente las tasaciones de valoración del edificio. De hecho, realizaron unas tasaciones 10 millones de euros superiores al precio de mercado lo que supuso un desembolso para su dueño de 15 millones en compensaciones.

El denunciante solicita un año y seis meses de cárcel, 15 meses de cuota a 150 euros diarios y once años de inhabilitación, además de una responsabilidad civil directa de dos millones de euros a la aseguradora Asemas y subsidiaria a Arquitasa, mientras que la Fiscalía se pronunciara en sala sobre la petición de penas.

Según Ramón Cercós, arquitecto especializado en valoraciones y uno de los acusados, “la primera valoración es en 2006, en pleno ‘boom’ inmobiliario y la segunda, la que marcó el precio de venta, se realizó en 2010 cuando la crisis ya había hecho estragos y los precios habían bajado muchísimo”.

El otro imputado, el perito judicial designado por el juzgado de Primera Instancia que juzgó el precio del edificio, explicó que “es como si la crisis hubiera esperado a presentarse unos meses después de haber hecho la valoración”.

Ambos expusieron cómo hicieron dicha valoración y ambos dijeron que el dueño del edificio “nunca explicó que existía un contrato de arrendamiento para el mismo, ya que de haberlo sabido el precio hubiera sido mucho mayor del que pusieron”. Para ellos ese punto es muy importante porque de haber tenido dicho contrato no estarían ahora sentados en el banquillo de los acusados.

El perito judicial, preguntado por una carpeta de su ordenador bajo el nombre de ‘secreto’ en el que había un informe con otro precio para el edificio, explicó que le puso ese nombre porque hizo “una valoración a mi bola” cuando todavía me faltaban datos y “la llamé secreto como podía haber puesto peligro de muerte o no tocar”.

La acusación

El que fuera dueño del edificio llamó a varios peritos que “dejaran en evidencia las declaraciones de los acusados”. Entre ellos, la estrella fue un detective que grabó a los investigados.

Dicha declaración finalmente no fue tan relevante como en un principio hacía prever. De hecho, el detective explicó su informe en el que aseveraba que el arquitecto había dicho que “el objetivo de subir el precio era confundir al juez para que finalmente optara por un precio medio”, pero al ser preguntado por las defensas sobre si esa frase era literal, finalmente explicó que “era una interpretación de lo que había en las grabaciones”.

Sobre las citadas grabaciones, el letrado del perito judicial le preguntó qué había contestado su cliente en referencia a las preguntas del investigador sobre el hecho de que se “puede alterar las designaciones judiciales para que le toquen a un perito en concreto”. El detective tuvo que decir que sí, que el imputado le dijo que “no tiene mano en el Colegio Profesional y que las designaciones son legales”. 

Quienes sí sembraron la duda sobre la imparcialidad de ambos acusados fueron dos arquitectos técnicos que han hecho un informe en el que, ni más ni menos, se explica cómo “se cocinaron los datos para poder llegar al precio que finalmente llegó al juzgado”. Estos peritos fueron los que explicaron que el perito judicial utilizó solo aquellos datos que le venían bien para sus intereses.

De hecho, en el informe hay una gráfica que muestra como el metro cuadrado del edificio Apple salía a 18.000 euros el metro cuadrado, cuando el otro edificio de la familia en la calle hermanos Bécquer de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, el metro cuadrado salía a un poco más de 6.000 euros el metro, igual que el edificio de la calle Don Juan de Austria que también fue valorado.