Los promotores piden a Mazón imitar el plan de Madrid para colaborar y sacar alquiler asequible 

VALÈNCIA. Con el cambio de gobierno en la Comunitat Valenciana, tras ganar el PPCV las elecciones autonómicas, las grandes promotoras nacionales tienden la mano al nuevo Consell para resolver uno de los principales problemas en España: el acceso a la vivienda. Y, para ello, el sector defiende que es necesario sacar más oferta al mercado y hacerlo en colaboración público-privada. Una alianza que, según comentan, no fue suficientemente fructífera en esta pasada legislatura, en la que se sacó un concurso de suelo que, a su juicio, fue un "fiasco" porque solo optó una única compañía para levantar cerca de 1.100 vivienda en régimen de alquiler asequible. 

Ahora, piden al futuro 'president', el 'popular' Carlos Mazón, que imite el plan Vive de Madrid, que propone un modelo similar al que lanzó la Generalitat, pero que ofrecía "garantías y seguridad jurídica" a las compañías. Esta iniciativa, dividida en dos fases, permitirá construir en 6.600 inmuebles en doce municipios diferentes de la provincia madrileña. "Es fundamental la colaboración público-privada para construir más vivienda. El sector privado es parte de la solución, pero solos no podemos solventar el problema", señalaron.

Así se puso de manifiesto este jueves en una mesa redonda, organizada en el marco de la VII edición del International Academic Real Estate Congress, AIRE 2023, moderada por el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, Fernando Cos-Gayón, y en la que participaron los directores generales de las grandes compañías en la Comunitat Valenciana: Sixto Bayo, director territorial en la zona de Levante de Neinor Homes; Patricia García, directora territorial en la zona de Levante de Habitat; y Roberto Blanco, director territorial en el Levante de Vía Célere. 

Todos ellos coincidieron en señalar el grave problema que existe en estos momentos en la mayoría de plazas españolas, en donde falta oferta tanto en el segmento de la compraventa como en el alquiler. Una situación que está expulsando a muchas familias del mercado e impidiendo la emancipación de los jóvenes que se ven abocados a compartir habitaciones porque tampoco se pueden permitir un piso completo. Su solución es clara: aumentar el stock disponible en ambos nichos en alianza con las Administraciones. La parte pública pone los suelos, muchos de ellos bloqueados, y el privado, su know how, capacidades y gestión. 

"Cada año se construyen en España entre 3.000 y 4.000 viviendas para VPO. Eso es irrisorio para todo el suelo y los miles de solares que hay muertos con calificación protegida en manos públicas. Las Administraciones deben pedir ayuda al sector, que somos los que sabemos hacer vivienda", remarcó  Roberto Blanco, director territorial de Vía Célere. Y es que, según explicó, el principal obstáculo que se encuentran las promotoras es la falta de suelo. No obstante, muchos metros cuadrados están en manos de las diferentes administraciones a las que urgen a sacarlos para luchar contra la emergencia habitacional actual.

En este sentido, el Plan Vive de Madrid fue expuesto como un ejemplo de éxito en la colaboración público-privada. La iniciativa consiste en ofrecer suelos a los promotores para desarrollar vivienda y gestionarla durante un periodo largo de tiempo, pero sin perder la Administración su titularidad. En la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Vivienda, dirigida por Héctor Illueca, lanzó un concurso similar, pero las condiciones que se pedían llevó a la mayoría de compañías a no concurrir. Únicamente se presentó una oferta para los tres lotes que se licitaron, por lo que Vivienda consiguió evitar que, tras tres convocatorias volviera a quedar desierto. Finalmente se adjudicó a la UTE que 'salvó' el proyecto: Urbania junto a la promotora Visoren.

"Se empiezan a hacer cosas, pero el único proyecto que ha funcionado es el Plan Vive de Madrid porque el de la Comunitat Valenciana, Málaga o Barcelona ha sido un fiasco", remarcó Blanco. "Los promotores para entrar necesitamos seguridad y unos mínimos de rentabilidad. En Madrid, las yields eran del 5% que no es algo loco. La Administración debe entender que las promotoras no somos fundaciones, sino empresas y tenemos que rendir cuentas a unos accionistas", subrayó. Por ello, se pidió a Mazón que tomara nota y lo imite para rebajar la tensión en el mercado."Hay que fijarse en las comunidades que lo están haciendo bien. Es una cuestión de voluntad", puntualizó Patricia García, directora territorial de Habitat.

Desequilibrio entre el mercado del suelo y el de la vivienda

Por otro lado, los promotores también urgieron a desatascar planes urbanísticos pendientes como el PAI de Benimaclet o el del Grao. "Pediría a la Administración que liberara suelo, pero también agilizara los trámites burocráticos porque no podemos estar entre 14 y 15 meses esperando una licencia", remarcó García. 

Sixto Bayo, director territorial en la zona de Levante de Neinor Homes, comentó que también hay suelo en manos de particulares, pero se ha encarecido un 50% y ello sumado al alza de los costes de la construcción hacen insostenibles los proyectos. "Intentamos aumentar la oferta, pero tenemos muchas dificultades para sacar nuevos proyectos porque el mercado del suelo no está alineado con el de la vivienda Los particulares intentan sacar el máximo rendimiento y, como ha subido el precio de la vivienda y estamos en una coyuntura inflacionista, aprovechan y suben el suelo", señaló Sixto.

Por ello, defendió como solución el impulso de nuevos desarrollos públicos porque al aumentar la oferta, bajarán los valores. "Si hay mayor disponibilidad de parcelas, los precios del suelo se estabilizarán y el precio de venta también bajará", remarcó. Sobre esta cuestión, la directora territorial de Habitat apostilló que lo principal es que se "escuche al sector" y que exista voluntad real de generar sinergías. "Es fundamental colaborar para atender la vivienda social porque para nosotros es complicado con los precios actuales de obra y de suelo. Solos no podemos solventar este problema de la vivienda", enfatizó.

Pero, además, también los directivos de las grandes promotoras nacional incidieron en favorecer la compra y no solo centrar la mirada en el alquiler. Para ello, abogaron por rebajar del 10% al 3%-5% el impuesto por la compra de una vivienda para los jóvenes, así como ofrecer avales para la entrada inicial. Unas fórmulas que permitirían que parte de la demanda del alquiler se fuera a la compraventa para desestresar ese segmento y, a su vez, favorecer un proyecto de vida personal.  

Pero no solo reclamaron políticas a corto plazo, sino que Fernando Cos-Gayón insistió en la necesidad de hacer un pacto supranacional para que la política de Vivienda no sea una cuestión partidista ni del Gobierno del momento, sino que vaya más allá de una legislatura con una mirada a largo plazo. "Hace falta seguridad, normativa y estabilidad", apuntó.