Los ricos nos vacunamos

El 18 de agosto de 2020 el director general de la OMS, Tedros Adhanom, instó por carta y públicamente a los gobiernos de todo el mundo a que se unieran a su plataforma de acceso a la vacuna contra la covid-19 para evitar lo que llamó "nacionalismo de las vacunas". El objetivo del mecanismo Covax era vacunar a la vez en todos los países a los grupos de riesgo: trabajadores sociales y de la sanidad, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, en torno al 20% de la población, para en una segunda fase repartir las vacunas en función de las características de cada país. "Proteger a las poblaciones más expuestas en todas partes del mundo y no a poblaciones enteras en unos pocos países", resumió, porque un médico de Uganda la necesita antes que un joven de 20 años de Europa.

Dos días antes de empezar la vacunación en la UE, el Papa Francisco pidió en su mensaje de Navidad a todos los responsables de los Estados, a los organismos internacionales y a las empresas "vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y más necesitados del planeta". Adivinando lo que iba a ocurrir, alertó contra los "nacionalismos cerrados", animó a impedir que "el virus del individualismo radical gane y nos deje indiferentes al sufrimiento de los otros hermanos" y sentenció: "No pueden las leyes de mercado y las patentes estar sobre la ley del amor y de la salud de la humanidad".

Pues ni caso. Por si quedaba alguna duda del "fracaso moral catastrófico", como ha calificado Tedros el primer mes de vacunación, la guerra entre los países ricos se libra en vivo y en directo para vergüenza del mundo, mientras los pobres esperan las migajas. Las cifras hablan por sí solas: el 19 de enero se habían administrado 39 millones de dosis en 49 países ricos -unas 900.000 en España- mientras en los países más pobres se habían puesto 25 vacunas, concretamente en Guinea. No falta ningún cero, 25 (una octava parte de las que se pusieron los ladrones de vacunas valencianos, asunto sobre el que volveré la segunda parte de esta columna).

Nada nuevo bajo el sol. Cuando la necesidad entra por la puerta el amor se va por la ventana. Casi todos los países del mundo se apuntaron al mecanismo Covax para después boicotearlo con la guerra abierta por obtener las vacunas, así que el menos hipócrita ha resultado ser Donald Trump, que se negó a incorporar a EEUU. Biden lo firmó al día siguiente de entrar en la Casa Blanca, pero diez días después la OMS sigue a la espera de recibir las vacunas destinadas a los países más pobres.

Las farmacéuticas venden al mejor postor, a la UE le quitan las vacunas como le birlaron el material de protección a golpe de talonario en la primera ola y Boris Johnson saca pecho por la humillación infligida a su ex nada más firmar el divorcio. Un bochornoso espectáculo en el que los perdedores son los espectadores africanos.

Que los pobres tienen más posibilidades de morir en una catástrofe no es ninguna sorpresa. También en los países ricos, donde son la tropa en las guerras, viven en las casas menos resistentes en los terremotos, habitan en las condiciones menos adecuadas en una pandemia y no tienen acceso a la Ruber Internacional si cogen la covid en un momento en el que a los ancianos se los deja morir en los hospitales porque no hay UCI ni personal suficiente para atenderlos.

Si, además, el Gobierno no ayuda, aún lo tienen peor. Si ahora no se hacen tantas PCR porque no hay capacidad, no son los más necesitados los que acuden a clínicas privadas para saber si son positivos y avisar a sus contactos. Si todos los expertos dicen que hay que ponerse mascarilla FFP2, la ministra Darias se estrena asegurando que la quirúrgica es suficiente. Y dado que el Gobierno mantiene el IVA de la FFP2 en el 21% –más de 30 céntimos por unidad– por si a algún desempleado se le ocurre hacer un esfuerzo para proteger a la familia, la consecuencia es que solo quienes nos lo podemos permitir usamos FFP2, incluida la ministra cuando prometió el cargo junto al Rey –que hasta ahora usaba la azul–, Sánchez, Iceta y Campo.

Predicar con el ejemplo es importante para la credibilidad de un Gobierno. Si dices que la mascarilla quirúrgica es segura, ponte una mascarilla quirúrgica. Y si cierras perimetralmente una ciudad un fin de semana, le impones un toque de queda, le clausuras los bares y prohíbes a sus vecinos que se junten más de dos personas en la calle, no le montes una inauguración al día siguiente para luego quejarte de que no te hacen caso.

¿No va a haber sanciones?

La nueva ministra de Sanidad ha dicho que "no va a haber sanciones" contra quienes se saltaron el protocolo de vacunación, que basta con el "rechazo social", y la portavoz del Consell y consellera de políticas sociales dice que no es partidaria de publicar la lista de los implicados para no seguir en la "deriva de mucha jauría" contra las personas que se pincharon cuando no les tocaba. Que la antaño luchadora Oltra califique de "jauría" la indignación popular y la petición de responsabilidades revela lo mucho que a una persona le pueden cambiar cinco años en el poder. Hasta el punto de querer tapar un asunto en el que hay demasiados implicados como para controlar su estallido.

Un asunto gravísimo. No hablo de alcaldes que pasaban por allí y se pusieron la dosis que 'sobraba', esos son los menos. Hablo de viales enteros que no sobraban. Hablo de funcionarios responsables de llevar las vacunas a las personas de más riesgo y a los sanitarios más expuestos, que las desviaron a amigos y familiares; de cargos intermedios seguramente vinculados a los partidos que gobiernan. Hablo de liberados sindicales que no habían pisado un hospital en toda la pandemia y se apropiaron de una dosis a sabiendas de que dejaban a un compañero de primera línea expuesto a enfermar y morir. Hablo de médicos jubilados con contactos en las altas esferas, de personas con poder en el sector sanitario que consiguieron vacunas para ellos y sus familiares. Y, sobre todo, de quiénes les regalaron esas vacunas que estaban reservadas a otras personas. En total, casi 200 personas, según Ximo Puig. 

Hablo de una vileza como la de Rafael Blasco con la salvedad de que aquí no hubo premeditación. Blasco robó dinero destinado al tercer mundo y estos han robado vacunas destinadas a los más vulnerables ante la covid, siendo algunos de los autores profesionales de la sanidad que conocían mejor que nadie las consecuencias de sus actos. Que ni los sindicatos ni los colegios profesionales valencianos hayan dicho nada es más que un síntoma.

La consellera Barceló –mando único en la vacunación– habla de no ponerles la segunda dosis en lugar de hablar de sanciones administrativas y de denuncias por malversación ante la Justicia. Si la consellera no actúa, deberían hacerlo Antifraude o la Fiscalía, que sí está investigando en Murcia gracias a una denuncia de Podemos, partido que aquí no ha dicho ni pío. Se deberían investigar los hecho a fondo, pero la ministra ya ha dictado sentencia, la Fiscalía está desaparecida y a quienes deben defender a los perjudicados parece que tampoco les interesa. La primera, Oltra, que considera que cuando ella gritaba había indignación popular y ahora lo que hay es mucha jauría.