VALÈNCIA. Durante la jornada del jueves, siete vocales del Consejo General del Poder Judicial votaron en contra de avalar el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado. Entre los vocales se encuentra la valenciana Carmen Llombart. Al final de la jornada, los siete enviaron un breve comunicado explicando sus motivos, pero este mañana han presentado su voto particular al presidente del CGPJ Carlos Lesmes.
En dicho voto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, los siete magistrados empiezan comentando que, "este informe no es un mero acto rituario limitado a constatar que la persona propuesta reúne los datos objetivos previstos en el artículo citado precepto orgánico, tener más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, ni siquiera hacer un somero análisis de que se trata de una persona de reconocido prestigio. Carecería de sentido lo primero y sería discutible lo segundo. En cualquier caso, a los efectos del presente informe, no se pone en cuestión ni lo uno ni lo otro".
Acto seguido explican cuáles son los artículos de la Constitución Española que valoran la autonomía funcional del Ministerio Fiscal, su misión constitucional y principios configuradores. Dicen que la autonomía del Ministerio Fiscal, "por más que presente notas características y propias respecto de la independencia de los jueces, ha de reconocerse con arreglo a cánones fácilmente identificables", y que cabe resumir en un antiguo proverbio inglés, "no basta que se haga Justicia, sino que es necesario que se vea que se hace Justicia". "La confianza de los ciudadanos en que sus tribunales actúan de manera independiente de los demás poderes del Estado exige, como punto de arranque, que exista tal apariencia", apostilla.
Y recuerdan que es la propia independencia de los tribunales la que está comprometida con la del Ministerio Fiscal, desde el momento en que el artículo 124 CE en su apartado primero encomienda al Ministerio Público velar por la independencia de los Tribunales.
En cuanto a Dolores Delgado en concreto, más allá de la imparcialidad que debería existir, aseguran que: "No podemos dejar de expresar que la candidata propuesta no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica".
Así, en primer lugar, "debemos poner de manifiesto que la asunción de tal responsabilidad sin solución de continuidad, inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia, y habiendo sido propuesta siendo diputada, supone, a nuestro juicio, un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado".
A su juicio ello se une, en segundo lugar, al hecho de haber sido diputada por un partido político y haber concurrido, por tanto, a proceso electorales, "lo que implica su participación en diversos actos de carácter político. Llama la atención el hecho de que este aspecto no se ha hecho constar en el currículum profesional que el Consejo de Ministros, por conducto del Ministro de Justicia, ha hecho llegar a este Consejo General del Poder Judicial".
Los siete vocales exponen que estas circunstancias que concurren en la candidata propuesta "son hechos que crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución que ha de dirigir, lo que comporta, a su vez, que las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones".
Finalmente dicen que "quisiéramos observar también la dificultad que en la práctica puede plantear el hecho de que haya de abstenerse de intervenir en aquellos procedimientos judiciales de los que tuvo conocimiento en su etapa anterior como Ministra de Justicia", lo que implicaría su abstención en cualquier tema relacionado con el Procés. Y terminan diciendo que, "en atención a todo ello consideramos que la candidata propuesta no es idónea para desempeñar el cargo de fiscal general del Estado