VALÈNCIA. (EFE). Los sindicatos CCOO y UGT han roto la negociación del convenio colectivo con la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) para empresas que gestionan residencias públicas de tercera edad y Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) por discrepancias en el incremento salarial.
Tras dos años de negociación del convenio colectivo, los sindicatos informan, en un comunicado conjunto, de que desde 2010 el incremento ha sido del 1,6 % mientras el IPC ha subido un 7,3 %, lo que supone una "pérdida" del poder adquisitivo de los trabajadores de casi un 6 %.
Al mismo tiempo, según explican, las empresas han hecho bajadas en las licitaciones que están vigentes del 15,16 % de media, llegando a alcanzar el 18,9 % en algún centro, según denuncian. Los sindicatos aseguran que no pueden rebajar las licitaciones "a costa de los trabajadores" y señalan que si quieren entrar en "una guerra de precios para competir, no puede ni debe ser a costa de un recorte salarial".
Insisten en que si las empresas apuestan por la calidad del servicio, deberían contribuir a unas "buenas" condiciones laborales, y exigen celeridad en la reversión de las gestiones integrales a los servicios públicos. CCOO y UGT reclaman que se alcance "la máxima calidad" en un servicio que es "vital" para muchas personas mayores y/o dependientes, y para ello consideran fundamental "la dignificación salarial" del sector.
A su juicio, hay razones suficientes para romper la negociación y comenzar un proceso de movilizaciones de los trabajadores, con el objetivo de alcanzar "unas condiciones laborales dignas que eviten la precarización del sector y mejoraren la calidad asistencial", añaden en el comunicado.
Mientras, desde Aerte aseguran que sí se han ofrecido aumentos salariales en 2018, 2019 y 2020 que, este año, en función de la jornada, podrían llegar hasta un 1.2%. "Seguimos dispuestos a trabajar para encontrar puntos de encuentro con los sindicatos que nos permitan reconducir la situación actual", asegura el presidente de Aerte, José María Toro.
"En términos globales estamos mucho mejor que en otras comunidades autónomas que no tienen convenio propio, por lo que creo que nuestra negociación ha sido siempre positiva para las personas que trabajan en el sector", insiste. "Aerte ha defendido siempre que los criterios de selección de las entidades que trabajan con la administración sean referidos a las condiciones del servicio que se presta, no que siempre tenga que ser de gestión privada".
"En esa línea, cuando nosotros hemos rechazado la reversión a la gestión directa de los centros de diversidad funcional lo hemos hecho en base a que no se han aplicado criterios objetivos en la decisión que puedan garantizar una mejora del servicio que se ofrece, sino en una serie de prejuicios sobre la gestión de las empresas, como el de que su único objetivo es maximizar el beneficio, y que eso puede llevarse a cabo sin atender las legitimas expectativas de los distintos grupos de interés", señala.
