VALÈNCIA. El sindicato mayoritario de educación Stepv ha recurrido a los tribunales para que Educación retome las comisiones de escolarización. Se trata de reuniones que dejaron de convocarse el curso pasado a raíz de la pandemia, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de las normas de admisión del alumnado. Así lo recogió este lunes el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), en el que la Conselleria anunció que ha remitido el expediente al Tribunal Superior de justicia y se cita a las partes interesadas a comparecer en el proceso.
Así, el gabinete de Marzà comenzó a desplegar la normativa sobre el proceso de admisión escolar del curso 2021-2022 a finales de diciembre, cuando la evolución de la covid-19 era todavía incierta. Por este motivo, la Administración optó por adoptar de nuevo dicha medida extraordinaria, de modo que este año tampoco se están convocando estas comisiones e Inspección General de Educación vuelve a tomar el mando en la gestión de las plazas del alumnado, con el apoyo de los ayuntamientos.
De este modo, desde Stepv alegan que esta línea de actuación "deja fuera de la toma de decisiones a los consejos escolares municipales", integrados por miembros de la comunidad educativa como profesores, alumnos, madres y padres. La organización sindical basa su argumentación en el artículo 86.2 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que establece las condiciones para aplicar estas medidas de admisión en las comunidades autónomas.
De acuerdo con este apartado de la regulación estatal, deberán convocarse dichas reuniones "cuando la demanda de plazas en algún centro educativo en el ámbito de actuación supere la oferta, incluidas las plazas reservadas para el alumnado con necesidades de apoyo educativo". Algo que, según asegura a este diario Núria López, miembro del sindicato, "ocurre en muchas localidades, aunque es complicado controlar en cuáles está pasando y en cuáles no".
Es por ello que Stepv considera que, para cumplir el propósito de la ley nacional sobre las comisiones de escolarización, "estas deberían constituirse, ya que en caso de no hacerlo estaríamos incumpliendo el artículo 86.2 de LOE". "Podíamos entenderlo el curso pasado, pero este año ya no tiene justificación desde nuestro punto de vista", explica Marc Candela, portavoz de la organización.