VALÈNCIA. (EP) Los principales socios parlamentarios del Gobierno de coalición, incluyendo Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Más País y Compromís, han adelantado que no se opondrán al plan de choque anunciado por Pedro Sánchez con medidas frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, lo que asegura la convalidación del decreto ley cuando se vote en el Congreso en el plazo de un mes.
En sucesivas ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados, los portavoces de estos grupos parlamentarios han celebrado la adopción de ayudas y la renuncia a una bajada generalizada de impuestos, como venían exigiendo el PP o Ciudadanos.
Sin embargo, buena parte de ellos han lamentado que el decreto ley es insuficiente, llamando a ampliar algunas de las medidas sociales. Por ello, han mostrado su confianza en que el decreto se tramite después como proyecto de ley para discutir modificaciones.
Así, han criticado que medidas como la ampliación de la cuantía del ingreso mínimo vital o la extensión del bono social se limiten al 30 de junio, y han echado en falta subidas de impuestos para financiar el plan.
Concretamente, han reprochado que para contener o compensar las subidas del precio de la electricidad y de los carburantes no se contemplen recargos de ningún tipo a las grandes energéticas, ni subidas a grandes patrimonios y grandes corporaciones.
Asimismo, han criticado que los descuentos en el carburante se asuman principalmente con ayudas públicas, y no tanto por las petroleras (15 de los 20 céntimos por litros los afrontará el Estado, por 5 céntimos las empresas).
"No tiene sentido que haya duren algunas medidas hasta el 30 de junio", ha aseverado Gabriel Rufián, de ERC, al asegurar que en julio todas las personas afectadas por la crisis "van a estar más o menos igual", y echando en falta por tanto medidas estructurales y no coyunturales, como las contempladas en el decreto ley.
Es el caso de las limitaciones de subidas al alquiler, que tanta resistencia tiene el Gobierno a aprobar en la Ley de Vivienda, o al despido, con una reforma laboral recién aprobada en la que no se abordó ni sus causas ni sus indemnizaciones. "Entendemos los parches, pero tiene que haber plagas bíblicas para que el Gobierno haga cosas que tiene que hacer", ha dicho.
Por su parte, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, cree que las medidas "aunque vayan en la dirección correcta son insuficientes": "Se quedan cortas y no van tan lejos como nos gustaría", ha lamentado, considerando que "se debe de ser mucho más ambicioso para que no paguen los de siempre".
Así, ha exigido aprobar impuestos especiales a eléctricas, banca y grandes fortunas, inspecciones para evitar manipulaciones de precios en las cadenas de producción, extender la prohibición de despidos, una congelación de los alquileres con moratoria para su pago y poner coto a los beneficios extraordinarias de las eléctricas, recuperando los precios anteriores de la escalada.
Íñigo Errejón, portavoz de Más País-Equo, también ha expresado su temor por "quién va a pagar las medidas", argumentando que "es hora de que hagan sacrificio quien haya ganado más" y evitar cualquier recorte en el Estado del Bienestar.
Reconociendo la dificultad de discriminar por rentas en el descuento al precio de los carburantes, sí ha lamentado, como han hecho otros portavoces, que las petroleras asuman sólo 5 céntimos por litro de los 20 céntimos de descuento total, considerando esta medida "una subvención directa" a estas empresas: "No puede ser que después de los beneficios millonarios que están teniendo, ahora les premiemos. Hay que recuperarlo con impuestos extraordinarios a las empresas que están haciendo el agosto", ha dicho.
El diputado de Compromís, Joan Baldoví, también ha exigido que "las energéticas tienen que contribuir más" y ha planteado un fondo con recursos para las comunidades autónomas y también medidas para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores. "Nos preocupa que ese pacto de rentas acabe siendo una simple congelación salarial", ha declarado.Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, ha trasladado su preocupación por el intervencionismo de medidas como el tope a las subidas del alquiler, que entiende en la "obsesión por intervenir el mercado de la vivienda" y ha celebrado que los despidos se prohíban solo a empresas que reciban ayudas, y no a más situaciones como en la pandemia.
En todo caso, ha asegurado compartir otras medidas del decreto ley, como la nueva línea de avales públicos del ICO o las ayudas del sector primario, asegurando que "no se entendería que no se aprobara" cuando se someta a la convalidación en la Cámara Baja. Una posición muy similar a la planteada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que en una entrevista este martes en la Cadena Ser ha dicho que "un 'no' rotundo a este decreto es muy difícil de argumentar" pues comparte la necesidad de adoptar medidas con urgencia. De lo contrario, ha dicho, se podría caer "en un agujero del que sería muy difícil salir".
Por ello, no cree que el Gobierno tenga "gran dificultad" en superar la votación al decreto ley cuando llegue el momento de la convalidación --debe someterse a ella en un plazo de 30 días tras su aprobación--, pero ha pedido al presidente Pedro Sánchez a "que no seas tan 'llanero solitario'" y aborde "con tiempo y antelación" estas medidas para "ir todos juntos y con las ideas claras"
Más crítica se ha mostrado la CUP: "¿Quién paga todos estos millones que van a invertir?", se ha preguntado la diputada Mireia Vehí, asegurando que "la Unión Europea (UE) daba más margen" para intervenir el mercado eléctrico del que está dispuesto a asumir el Gobierno, al que ha acusado de "dinamitar cualquier horizonte de esperanza"
"Si en una situación de crisis no se toca un pelo de los beneficios del Ibex, le dice a la gente que tiene que espabilarse, que va a ganar el más listo y no va a haber justicia", ha dicho, advirtiendo de que, si permite que las eléctricas "se sigan forrando", "la única forma de intervenir es desde la calle".