Una torpe maniobra del Consell, la modificación de tapadillo del límite de los sueldos de los altos cargos de la Generalitat, ha reabierto el debate sobre los salarios de quienes ocupan cargos públicos en cualquiera de las administraciones. Un debate que, como siempre, solo ha servido para cabrear por tiempo limitado al personal, en este caso más de lo habitual por la inoportunidad del amago de aumento, cuando cientos de miles de personas en la provincia de Valencia viven una situación de emergencia.
Carne de tertulia política y de artículos que no van a ningún sitio, como este que más de uno considerará fuera de plazo porque ahora estamos en otras cosas como la estéril Conferencia de Presidentes en la que Sánchez ha vuelto a sacar de la chistera el conejo de la condonación de la deuda. Asunto importantísimo que estará de actualidad, como mucho, hasta el próximo domingo, cuando la Lotería nos introduzca en la Navidad, feliz 2025 y aquí paz y después gloria.
Así que me planto en el pasado con aquello que se habló en aquel remoto noviembre de 2024, cuando, recordemos, el Consell coló en la disposición final de un decreto-ley que los consellers y secretarios autonómicos pudieran cobrar muy por encima del mismísimo Mazón (80.174 euros brutos anuales, sin contar la indemnización por residencia). La polémica fue tan gorda, que el sueldo de Gan Pampols, para quien iba destinada la medida y del que se dijo que podría llegar a cobrar unos 120.000 euros brutos anuales, se quedó en unos razonables 84.000 euros. Pero ojo, que la modificación legal no se ha revertido y la puerta sigue abierta a que en el futuro algún conseller o secretario autonómico supere en más de un 15% –límite que había antes– el sueldo del president.
La polémica se cerró de golpe cuando se conoció que el nuevo comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción reparación de los daños provocados por la Dana, José María Ángel, va a percibir, precisamente, 120.000 euros al tener rango de subsecretario, bastante más que Sánchez, quien no tiene actualizada la información en el vergonzoso Portal de Transparencia del Gobierno –está el dato de 2023–, pero sabemos que anda cerca de los 93.000. Y que no sea más, digo del sueldo de José María Ángel, porque ahí no estarán los trienios que continuará percibiendo como funcionario.
(Inciso: lo de seguir cobrando trienios de funcionario mientras te dedicas a la política debió ocurrírsele, allá por la Transición, a algún diputado más preocupado por su bienestar que por el de los ciudadanos. Y ahí se ha quedado, como un privilegio de los funcionarios que podría defenderse, siendo muy generosos, en el caso de los altos cargos, considerando que continúan prestando un "servicio especial" dentro de la administración, pero no en el caso de los políticos electos estatales, autonómicos y municipales. Si un funcionario deja su puesto para presentarse en una lista electoral, debe estar en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano que deja su trabajo para meterse en política o cualquier funcionario que deja el puesto temporalmente: una excedencia voluntaria con reserva del puesto de trabajo, sin cobrar trienios ni sumarlos.)
Pasada la tormenta, no se volverá a hablar de los sueldos públicos hasta la próxima cacicada, pero es un asunto que se debería abordar en toda su amplitud porque escuece de manera recurrente. ¿Cuánto deben cobrar los miembros del Consell? ¿Y los alcaldes? ¿Es aceptable que un subsecretario cobre más que el presidente del Gobierno? ¿Qué hay del ‘paro’ de los diputados, que es el doble que el del resto de los mortales?
El asunto no se aborda porque no interesa. Y cuando se ha abordado no ha servido para nada, como pasó cuando, gobernando Mariano Rajoy y con el respaldo de todos los partidos, en 2013 se cambió la ley para poner límite y orden en los sueldos de los alcaldes, concejales y presidentes de diputaciones. Pero hecha la ley, hecha la trampa, como ya conté en otro artículo: no son pocos los alcaldes que burlan la limitación legal con unas abultadas dietas que llegan a duplicar, solo las dietas, el salario medio anual en España. O igual sí que son pocos, pero cada vez serán más porque no hay ningún tipo de control.
Sería necesaria una ley que estableciera el sueldo de todos los altos cargos de España con sus complementos también fijos, sin margen para burlar los límites. Y si no se puede o quiere por aquello de la autonomía municipal, autonómica y universitaria –los de los rectores también son sueldos públicos–, al menos se debería legislar para que cualquier aumento extraordinario de sueldo que se aprobase no entrase en vigor hasta la legislatura siguiente.
Yo subiría, por ejemplo, los sueldos del Consell, que son bajos para la responsabilidad que tienen. Pero no ahora, claro, ni para ahora. Los subiría con la exigencia de ejerzan su importante labor a tiempo completo, no como ahora, que pueden pluriemplearse cobrando un sobresueldo y preparar oposiciones mientras ejercen el cargo. Mediante una ley específica en lugar de ir colando cambios en las leyes de acompañamiento o disposiciones adicionales de otras normas. Con un acuerdo de todos los partidos y para la próxima legislatura. Pero no interesa.