Alcaldes con dietas de banquero

En 2013, cuando los grandes partidos llegaban a pactos de Estado, PP, PSOE y otras formaciones representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias llegaron a un acuerdo para que cada alcalde no se pusiera el suelo que le diera la gana basándose en la autonomía municipal. Para ello, se incluyó en la ley de Haciendas Locales una normativa que determinaba los sueldos máximos de alcaldes y concejales, con unos topes en función del número de habitantes del municipio. También se regularon los de los miembros de las diputaciones, igualando el tope para el presidente al del alcalde del municipio más poblado de la provincia.

De esta manera, Joan Ribó –86.360 euros brutos en 2021– debería ser el alcalde que más cobra en la Comunitat Valenciana por gobernar la ciudad más grande, seguido de los de Alicante, Elche, Castellón, etc. Pero no es así, porque, según hemos podido saber esta semana, algunos tienen lo que podría considerarse un segundo sueldo.

Ello a pesar de que lo primero que establece la norma sobre sueldos municipales es que, en caso de dedicación exclusiva, la retribución "será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades". Pero hecha la ley, hecha la trampa.

Los alcaldes de Mislata y Torrevieja son vicepresidentes de sus respectivas diputaciones, por lo que en su día tuvieron que elegir de qué administración cobrarían. Se puede cobrar un sueldo en dos administraciones siempre que no haya dedicación exclusiva y que las jornadas parciales no sumen más del 100%, es decir 50-50 o 75-25. Eligieron cobrar de las diputaciones con dedicación exclusiva –no tiene mucho sentido que un alcalde trabaje a tiempo completo en otra institución–, y lo hicieron, legítimamente, por el sueldo, que es más alto que el de sus ayuntamientos, en torno a 74.000 euros brutos anuales en 2021. No está mal, teniendo en cuenta que Puig cobró ese año 74.843 euros, más 10.272 de indemnización por residencia, y Pedro Sánchez, 84.845.

Pero resulta que no es así, que Carlos Fernández Bielsa (PSPV) y Eduardo Dolón (PP) percibieron más de 100.000 euros cada uno gracias a las "dietas por asistencia" a reuniones de órganos colegiados en sus municipios. Es decir, cobran de dos administraciones, en la diputación un sueldo y en el ayuntamiento dietas de una magnitud que supera cualquier cifra que uno imaginaría al escuchar la palabra "dieta". En el caso del socialista Bielsa, más de 42.900 euros el año pasado, y en el de Dolón, 38.200, muy por encima del sueldo medio en España. Son datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, que, como se las sabe todas, da a las dietas por asistencia el mismo tratamiento fiscal que a los salarios.

En realidad, es la propia ley la que abre la puerta al fraude al establecer que los ediles que no tengan dedicación exclusiva ni parcial en el ayuntamiento podrán cobrar dietas "por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma". Es decir, no se puede cobrar dos sueldos, pero sí un sueldo y dietas. Y como los legisladores olvidaron poner un tope a las dietas, pues manga ancha.

Basta teclear en Google para comprobar que la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, percibió ese mismo año parecida cantidad en dietas por asistencia al consejo de administración, 45.000 euros, que en su caso es una cantidad modesta en comparación con su sueldo. A ella se lo autorizan los dueños del banco, a través de la junta de accionistas, y Bielsa dirá que a él se lo aprobó el pueblo de Mislata a través del pleno municipal.

Y así es, se aprobó en el primer pleno de la legislatura, en 2019, cuando el reelegido alcalde y el resto de concejales aprobaron por unanimidad una subida sustancial de las dietas por asistencia a plenos, comisiones y demás órganos colegiados. Una subida que le vino muy bien a Bielsa porque, tras ser nombrado vicepresidente de la Diputación, se había quedado sin sueldo municipal pero iba a poder cobrar dietas.

Bielsa y Dolón no son los únicos alcaldes con doble retribución –el siguiente en la lista es Rafa García (Burjassot) con 94.000 euros– ni todos están en las diputaciones; también los hay en Les Corts –Carmen Martínez (Quart de Poblet), Vicente Arqués (l’Alfàs del Pi)–, aunque sus dietas son bastante inferiores. Otros alcaldes no cobran dietas en sus municipios.

Bielsa ha defendido sus altos emolumentos públicos con el argumento de que "cada uno tiene que valorar si es acorde su sueldo a lo que trabaja y a la responsabilidad que tiene". Muy de acuerdo. Puede que, según ese punto de vista, algunos sueldos públicos sean incluso bajos.

La cuestión no es esa, sino que en 2013 se aprobó una ley para poner tope a los sueldos de los políticos locales y provinciales y esos topes han saltado por los aires en al menos una docena de casos. Además, hay un código ético colgado en la web del PSPV-PSOE con un apartado que parece escrito para la ocasión: "los cargos públicos y orgánicos se comprometen a no recibir complementos retributivos que no estén integrados en los baremos salariares aplicables al cargo que ejercen".

¿Y quién vigila que estas cosas no pasen? Pues aparentemente, nadie. El Ministerio de Hacienda publica los sueldos de todas las administraciones, lo que significa un gran ejercicio de transparencia pero no va más allá. Los secretarios, interventores y auditores externos como la Sindicatura de Comptes se limitan a comprobar que todo sea legal, que formalmente lo es porque no hay límites para las dietas. Y los partidos de la oposición prefieren no meterse, no vayan a salir escaldados.

El modo de esquivar los límites legales recuerda al usado en el Ayuntamiento de València para burlar la 'ley Montoro' que puso límites a las retribuciones de los concejales en los grandes municipios. Entre 2015 y 2019 ocho concejales cobraron un complemento ilegal y cuando, al tratar de repetirlo para la siguiente legislatura, el secretario municipal dijo que aquello era ilegal –sin haber dicho ni pío en la legislatura anterior–, se inventaron otro subterfugio que, según la Agencia Antifraude, también es ilegal –con una dedicación del 75% cobran un 93% del sueldo– pero que el secretario ha dado por legal, en contra de toda lógica, porque en la ley no pone que el porcentaje de sueldo tenga que corresponderse con el porcentaje de dedicación.

Este tipo de trampas y la falta de transparencia, con ejemplos como esa comisión secreta de Les Corts donde los diputados llegan a acuerdos retributivos que parecen inconfesables por la forma de tomarlos más que por el contenido, hace que el asunto de los sueldos de los cargos públicos siga siendo un asunto turbio nueve años después de aprobarse aquella ley.