VALÈNCIA. Quince días. Ese es el plazo que falta para conocer el informe definitivo de AUMSA sobre el estado de los bloques portuarios de València. La buena voluntad expresada por parte del equipo de gobierno municipal, con la concejal María Oliver al frente, que abogaba por la rehabilitación, está a expensas de lo que decidan los técnicos. Si ellos valoran que la finca no tiene las condiciones mínimas de habitabilidad, la rehabilitación será casi imposible.
El informe aún no está concluido, explican desde la concejalía de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València. A la espera de la decisión final, la plataforma de propietarios de los Bloques Portuarios emitió este jueves tarde un comunicado, hecho público a través las redes sociales, en el que expresaban su opinión. Un comunicado en el que, como punto más relevante, se abre la puerta a aceptar la posibilidad de una demolición; eso sí, condicionado de manera inexcusable al realojo de los vecinos.
Un comunicado que además llega en un momento de una cierta desilusión entre los vecinos de los bloques, ante “la desidia e inoperancia” mostrada durante estos tres años por los servicios sociales del Ayuntamiento y, sobre todo, de la Generalitat, que prácticamente no han invertido ni un euro en la zona en acción social.
Así lo aseguraba este jueves Tomás Correas, portavoz de la asociación Millorem el Cabanyal y propietario de un inmueble en los bloques, quien lamentaba la escasa actividad desplegada por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. “El EDUSI no era sólo Urbanismo sino también obra social. Estaba condicionado a ello. Pero no la ha habido. Yo que era fan de ella, que la admiraba tanto… Pero es que no han pisado la calle, no se han acercado ni se han interesado. ¿Qué clase de política social se puede esperar?”, se preguntaba.
Las cinco peticiones de los vecinos
Esa desilusión flota también en el extenso comunicado de los propietarios en el que se plantean cinco puntos clave que se formulan como “peticiones”. La primera, “que la decisión que se tome sea definitiva, consensuada por el Ayuntamiento, y consultada con los propietarios”. En este sentido los propietarios piden “por favor” que no se utilice el Bloque para un debate público entre los partidos del Ayuntamiento “ni que la decisión sea aplazada”.
La segunda petición es que la decisión final que se tome, rehabilitación o demolición, se realice “con urgencia”. “Si es rehabilitación, para poder vivir en condiciones dignas, y si es derribo, para salir definitivamente de la espiral de degradación”.
En la tercera se dirigen a sus vecinos, “las asociaciones del barrio y partidos de la oposición”, para que sean “constructivos en la crítica”, dicen, y que “no intenten paralizar los proyectos del Ayuntamiento para el Bloque sin contar con la opinión de los vecinos”. En este punto lamentan que el edificio “ha estado demasiado tiempo maltratado y fuera de ordenación (30 años)” y recuerdan que ahora “lo fundamental es despejar cualquier duda sobre su futuro”.
El penúltimo punto solicita “apoyo” para los casos especiales de aquellos propietarios dependientes, mayores y sin recursos económicos que necesitarán una vivienda adaptada en el barrio en caso de derribo, o ayuda económica en caso de rehabilitación.
Y el último se dirige a las instituciones solicitando que se pongan “todos los medios necesarios”, del Ayuntamiento, Generalitat y Servicios Sociales, para poder garantizar “realojos en condiciones dignas” y que ninguna familia se quede en la calle, para atender las “necesidades básicas” de los habitantes del edificio y para “garantizar la convivencia”.
El comunicado concluye recordando que en los bloques hay 91 viviendas privadas y 77 públicas, y constata que entre los propietarios hay opiniones favorables a la rehabilitación y al derribo. “Pero hemos alcanzado el consenso de buscar la opción más razonable y avanzar juntos”. Una invocación a la unidad que, implícitamente, se puede trasladar a las instituciones y partidos.
Foto: KIKE TABERNER
