Los fallidos son otros, no el Estado

Después de haber escuchado mil veces en estas últimas semanas lo de que España es un Estado fallido, a raíz de la última Dana que, en estos momentos, se ha llevado por delante la vida de 230 personas, 222 de ellas solo en Valencia, y que mantiene todavía desaparecidas a otras cinco, con prácticamente ninguna esperanza de tener buenas noticias, la reflexión debería llevarnos por otros derroteros a la vista de lo que vamos sabiendo. Porque no somos un Estado fallido. No lo somos en absoluto, aun con todo el derecho a protestar amargamente por el desastre de gestión que ha precedido, y que ha seguido después, al lodo que tanto nos ha arrancado.

Tenemos una ley de 2015 que regula el llamado Sistema Nacional de Protección Civil, o lo que es lo mismo: el servicio público prestado por quienes nos gobiernan para prever emergencias, disponer los medios necesarios y adecuados para afrontarlas, coordinarlos en su despliegue y puesta en marcha, y reparar los daños que puedan producirse en caso de catástrofe. Y esa ley tiene un artículo, el 6 concretamente, que establece literalmente que los ciudadanos tenemos derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos acerca de los riesgos colectivos importantes que nos afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos. E igualmente, que dichas informaciones habrán de proporcionarse tanto en caso de emergencia como preventivamente, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes.

Un mes después de la tragedia, sin embargo, sigue siendo incomprensible, e inaceptable, que nadie haya dado todavía una mínima explicación sincera y creíble, y sobre todo coherente, de por qué se incumplió ese mandato de informarnos, que es la primera manera de protegernos, que impone a quien nos gobierna el derecho que ese artículo 6 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, nos reconoce a la ciudadanía.

El texto legal no puede ser más claro: información adecuada sobre un riesgo potencial, recibir instrucciones precisas y, sobre todo, antes de que el peligro aparezca. Y por eso resulta todavía más irritante haber ido sabiendo después que todos veían lo que había y lo que estaba por venir, pero que no avisaron hasta que fue demasiado tarde. Solo se advirtió de evitar desplazamientos inicialmente, cuando ya había desaparecidos y hasta la UME se había movilizado horas antes, y se volvió, una hora después, a pedir que los ciudadanos permanecieran en casa y en lugares elevados cuando el agua ya lo estaba arrasando todo.

No es un Estado fallido el que tiene normas legales que garantizan derechos que nuestros gestores no cumplen. Ni tampoco el que dispone de medios y recursos que no se ponen en marcha cuando se necesitan porque quien debe decidir activarlos ignora hasta que existen. Y mucho menos el que ha dispuesto un modelo de gestión descentralizada de las emergencias justamente para ser más ágil y eficaz, más cercano en la asistencia al lugar donde se produce el riesgo, pero cuyos gestores son rematadamente inútiles, incluso hasta para excusar su torpeza con mentiras y medias verdades y con acusaciones a otros de ser ellos los que se han equivocado.

No somos un Estado fallido porque desde hace mucho tiempo tenemos las normas, los recursos, los procedimientos y hasta la tecnología para prever riesgos y prevenir daños. Pero lo que no tenemos es quien sepa estar al mando cuando lo imposible ocurre porque no era imposible, sino simplemente inesperado.

La pregunta por tanto es sencilla, y no es qué falló, sino quién. Y la respuesta parece fácil de adivinar cuando los políticos, en Madrid y en Valencia, nos ofrecen el lamentable espectáculo de seguir embarrados en su fango cuando el de la calle empieza, aunque muy despacio, a desaparecer. Dónde estuvieran los responsables ese día, sinceramente, me importa poco. Lo fundamental es que alguien no estaba donde debía estar al minuto de saberse lo que se avecinaba. Es el problema de darles gobiernos a quienes no se han leído, ni comprenden, ese puñetero artículo 6 de una ley hecha para protegernos. Para protegernos de una catástrofe, pero no, desgraciadamente, de ellos y de su incompetencia.

No nos engañemos con trampas al solitario. El gobierno central lleva décadas fallando, claro que sí, con gestores tanto del PP como del PSOE, guardando en el cajón proyectos de actuación y de infraestructuras hidráulicas que ya detectaban los riesgos que hace un mes se convirtieron en trágica realidad. Pero quien tenía, por ley además, que avisar a los ciudadanos de lo que podía pasar (cuando ya estaba ocurriendo) era un gobierno autonómico y valenciano. Quien tenía que estar sentado al frente de la mesa era un President ausente para ordenar a una consellera que apretara un botón que ésta no sabía ni que existía.

Aún faltan algunos por dimitir.