VALENCIA, (EFE). El letrado que defiende a Mónica Magariños, exempleada de varias firmas del grupo de Francisco Correa, ha cuestionado hoy la imparcialidad de la sala que juzga los contratos de la Generalitat con la red Gürtel para Fitur y ha pedido retrotraer las actuaciones al momento previo a su constitución.
El Tribunal Superior de la Justicia de la Comunitat ha acogido hoy la sexagésimo segunda sesión de este juicio, en el que están procesadas trece personas, entre ellas dos exconselleras de Turismo y los considerados cabecillas de la supuesta trama corrupta.
Tras adherirse a todas las peticiones de nulidad planteadas previamente por el resto de letrados de las defensas, incluida la relativa a las escuchas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón, este abogado ha insistido en que los magistrados que componen la sala vieron previamente recursos de apelación relacionados con esta causa, dada la limitación de personal de esta sala de lo Penal.
"Normalmente, los magistrados que han intervenido en recursos de apelación quedan desechados para ver la causa; es algo tan sumamente protegido que incluso se suele realizar de forma automática por un sistema informático", ha apuntado este letrado, Javier Vasallo.
Respecto a la supuesta participación de Magariños en los hechos que se le atribuyen, Vasallo ha ironizado: "Era como la Dama de Hierro, tenía capacidad para influir sobre todo el mundo, pero era la que menos cobraba, una simple administrativa".
Asimismo, ha cuestionado por qué está Magariñós imputada y no otras empleadas de las firmas de Correa como Paula Seco, Rocío Perea o Laura Gil, así como otros directivos como Ignacio Blanch, Armando de Lucas, Javier Nombela o Ramón Blanco Balín.
A juicio de este letrado "ha faltado rigor técnico en la acusación de la fiscal" y ha advertido sobre la situación personal de Magariños, "con tres hijos de 3, 4 y 9 años y su marido trabajando en el extranjero".
"No tomó decisiones, no participó en reuniones y su nombre no aparece en ninguna conversación, ni siquiera se pidió la intervención de su teléfono, pese a tener supuestamente tanto poder de decisión", ha agregado este letrado, quien ha explicado que el padre de Magariños era el taxista habitual de Francisco Correa.
Asimismo, ha defendido que su patrimonio personal no experimentó un aumento injustificado sino que "cobró unos 1.200 euros netos, así que delinquió por la cara", ha ironizado.
