VALÈNCIA. (EFE). El exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui" del dinero, Marcos Benavent, ha sido citado a declarar el 30 de enero, por undécima vez, ante el juez del caso Imelsa, en relación con la adjudicación, supuestamente ilegal, de los servicios de atención telefónica de la Diputación de Valencia.
Esta declaración se enmarca en una de las piezas separadas del caso Imelsa, en la que se investiga la adjudicación del servicio de atención telefónica de la Diputación a la empresa Servimun, controlada por Mariano López Sancho, exsuegro de Benavent.
López fue quien aportó a los investigadores las grabaciones que Benavent hizo de forma oculta con interlocutores con quienes supuestamente comentaba el cobro de comisiones ilegales.
Según han informado a EFE fuentes del caso, los investigadores sospechan que esta firma carecía de la estructura empresarial necesaria para el funcionamiento real, a pesar de lo cual resultó adjudicataria del servicio.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 cree que hay indicios de que tal adjudicación "pudo ser decidida" por el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, también procesado en esta pieza, con la intención de favorecer a Mariano López.
Tanto a Rus como al resto de imputados en esta pieza, el juez les atribuye los supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental.
En su última comparecencia ante el juez por este asunto, Rus insistió en que esta adjudicación "era cosa de los técnicos" y estaba fundamentada en un "pliego impoluto".
Según han manifestado fuentes conocedoras del caso a EFE, Benavent, aunque procesado también, pretende continuar con su colaboración con los investigadores y señalar irregularidades que supuestamente cometieron los gestores de esta firma, en connivencia con los máximos responsables de la Diputación.
