VALÈNCIA (EFE). La candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, María José Català, se ha comprometido a situar al Ayuntamiento entre los más transparentes de España y ha denunciado que en la actualidad ocupa el puesto 70 en el índice de Transparencia Internacional.
Català se ha realizado este miércoles la foto oficial de la candidatura frente al consistorio, en una imagen que incluye una silla transparente como elemento simbólico.
La popular ha señalado que el gobierno de Ribó ha sido apercibido en más de 30 ocasiones por el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, Antifraude, la Agencia de Protección de Datos y el Consell de Transparencia "por no permitir el acceso a la información", y ha recordado que cuando fue alcaldesa de Torrent logró situar a su Ayuntamiento en primer lugar del índice de Transparencia Internacional.
Ha propuesto incrementar la fluidez de los canales de comunicación y acceso a la información a través de la implantación de la plataforma digital de gestión de los expedientes administrativos en todos los organismos y empresas públicas del Ayuntamiento como las fundaciones de Las Naves, Turismo Valencia y Empleo, el Palau de la Música, el Consell Agrari y la Junta Central Fallera.
También ha criticado que la gestión del gobierno municipal ha sido "cuestionada" por "no utilizar" las dos lenguas oficiales en sus comunicaciones oficiales y en las actas de Plenos y comisiones, por "ocultar" la multa de la inspección de trabajo por el accidente en el montaje de las gradas de Viveros o por "vulnerar" la confidencialidad de personas como sucedió con las encuestas falleras.
Català ha criticado que el alcalde y sus socios de gobierno "no han atendido" la resolución de la Agencia Antifraude cuando les advertía sobre un posible caso de enchufismo en el proceso de selección de un funcionario.
Según agrega, tampoco han implantado la Plataforma Integral de Administración Electrónica (PIAE) en Las Naves, Turismo, Consell Agrari, Palau de la Música o en la Junta Central Fallera, pese a que el Síndic de Greuges les dice que están obligados a ello por ley para que la gestión sea más transparente.